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"Gran tarea de la policía": hay una víctima, una familia destrozada y el presunto homicida se entregó solo

La muerte de Cristian Robles expuso la falla estructural del sistema de seguridad en Formosa: la prevención es una promesa incumplida. Una pelea de una hora, en la tarde noche, en una avenida transitada, terminó en homicidio sin que la policía interviniera a tiempo. La detención posterior , por entrega voluntaria, no corrige la ausencia inicial. Mientras el Estado llega tarde y sólo actúa cuando el daño es irreversible, los formoseños pagan por una fuerza que no los protege.

03/02/2026leonardo fernández acostaleonardo fernández acosta
crset
Christian caminando hacia una muerte absurda

En Formosa, la prevención siempre llega tarde. Y cuando llega, suele hacerlo para redactar partes prolijos, informes extensos y declaraciones optimistas que no logran tapar lo esencial: una muerte evitable en un espacio público, concurrido y sin control efectivo.

Cristian Rogelio Robles murió después de una agresión que no fue ni súbita ni invisible. Fue el desenlace de una gresca que, según las propias reconstrucciones policiales, se desplazó más de cien metros, quedó registrada por cámaras de seguridad y se extendió durante entre 45 minutos. No ocurrió en un pasillo oscuro ni en un baldío olvidado: ocurrió sobre la avenida Gutnisky y Freitas, frente a un hipermercado que recorrieron en la plazoleta de enfrente a los golpes, una zona transitada, con circulación constante y en un horario que no puede calificarse de marginal.

La pregunta es tan incómoda como inevitable: ¿dónde estaba la policía durante todo ese tiempo? La respuesta oficial, como casi siempre, llega después, cuando el hecho ya está consumado. Protocolos activados, CIPEC convocado, traslados al hospital, informes técnicos, hipótesis bien redactadas. Todo funciona con precisión quirúrgica, lamentablemente una vez que la víctima ya está muerta. La prevención, que es la función primaria de una fuerza de seguridad sostenida con recursos públicos, brilla por su ausencia.

Más grave aún es lo ocurrido en las primeras 24 horas posteriores al crimen. Tres personas alcoholizadas, protagonistas directos del hecho, no se evaporaron ni cruzaron fronteras en ese lapso inicial. Todo indica que regresaron a sus casas, deambularon, durmieron, despertaron. Sin embargo, no fueron encontradas, no fueron detenidas, no fueron siquiera demoradas en el momento más sensible de la investigación. 

Con el correr de los días, el discurso oficial viró hacia el optimismo institucional: operativos extendidos, controles, despliegue territorial. Finalmente, este martes, se informó la detención del presunto homicida en la localidad de Villafañe. El dato existe, pero conviene decirlo completo: el sospechoso se entregó por sus propios medios. No fue cercado por un trabajo de inteligencia eficaz ni localizado por un operativo certero. Llegó a la comisaría cuando ya no tuvo margen, no cuando el Estado logró imponerse.

La detención, tardía y voluntaria, no corrige la falla original. No borra una pelea prolongada, visible y registrada que nadie interrumpió. No recupera las horas clave que se dejaron pasar. Y, sobre todo, no responde la pregunta central: ¿qué hubiera ocurrido si esa entrega no se producía? ¿Cuánto más hubiera tardado la fuerza policial en llegar al mismo resultado?

Por supuesto, el dolor de la familia merece respeto. Pero también merece algo más que comunicados tranquilizadores. Merece respuestas reales. Porque incluso si se acepta, con enorme generosidad, que la investigación posterior se desarrolla de manera “correcta”, hay un punto que no admite discusión: la mejor actuación policial hubiera sido impedir que el homicidio ocurriera.

En una provincia que destina millones (más que a todos los municipios juntos) a sistemas de inteligencia , monitoreo y control, resulta inadmisible que una gresca prolongada, a plena vista y en una avenida transitada, no haya sido desactivada a tiempo. Resulta inadmisible que el primer uniformado aparezca cuando el cuerpo ya está tendido sobre el asfalto.

La seguridad no se mide por la cantidad de cámaras instaladas ni por la extensión de los operativos posteriores. Se mide por la capacidad de estar antes, no después. Y en este caso, el Estado provincial llegó tarde, muy tarde.

La pregunta final no es retórica ni malintencionada: ¿qué están pagando los formoseños cuando sostienen una fuerza policial que no previene, no actúa a tiempo y sólo logra cerrar los casos cuando el daño ya es irreversible. Mientras esa pregunta siga sin respuesta, ningún informe optimista, ninguna conferencia de prensa y ninguna detención tardía alcanzarán para tapar la falla más grave de todas: la ausencia del Estado cuando más se lo necesitaba.

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