leonardo fernández acostaLa reciente Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación abrió una nueva polémica política en Formosa, aunque esta vez con un ingrediente conocido: la utilización de información parcial o directamente falsa para instalar miedo en sectores sensibles de la sociedad.
Mientras funcionarios provinciales y medios alineados con el oficialismo local hablaron de una supuesta “quita de derechos” para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) aclararon que el beneficio continúa plenamente vigente y que la normativa no modifica las leyes que garantizan los pasajes gratuitos.
El delegado regional de la CNRT en Formosa, Alejandro Piñeiro, fue contundente al desmentir la versión instalada desde sectores del gildismo:
“La normativa no elimina derechos, no deroga beneficios ni deja sin protección a las personas alcanzadas por las leyes nacionales vigentes.”
La aclaración no es menor. Porque el núcleo de la resolución no apunta a los usuarios sino al sistema de compensaciones económicas entre el Estado y las empresas prestatarias. Es decir: se trata de un cambio administrativo y financiero, no de una derogación de derechos adquiridos.
Hasta ahora, el Estado nacional mantenía un esquema de compensaciones automáticas a las empresas por los pasajes gratuitos otorgados a grupos protegidos. La nueva reglamentación reorganiza ese mecanismo dentro de un proceso más amplio de reestructuración del sistema de transporte.
Pero la obligación legal de otorgar pasajes gratuitos continúa intacta.
Las personas con discapacidad, trasplantadas, en lista de espera y pacientes oncopediátricos siguen amparados por las leyes nacionales vigentes y las empresas continúan obligadas a cumplir con los cupos establecidos.
En otras palabras: el derecho no desaparece. Lo que cambia es la manera en que el Estado administra y fiscaliza las compensaciones económicas a las empresas.
Esa diferencia técnica fue deliberadamente omitida por funcionarios provinciales que rápidamente salieron a construir un relato político sobre un supuesto “abandono” de los sectores vulnerables.
El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, aseguró públicamente que el Gobierno nacional “dejó de compensar económicamente a las empresas” y vinculó esa decisión con un eventual perjuicio para los usuarios.
La construcción discursiva no es casual: se toma un aspecto parcial de la resolución, la reorganización de subsidios y se lo presenta como si automáticamente implicara la pérdida del derecho al transporte gratuito.
Sin embargo, incluso el propio Córdoba admite en sus declaraciones que la ley vigente debe seguir cumpliéndose y que la provincia “gestionará reclamos” ante posibles incumplimientos. Es decir: reconoce implícitamente que el beneficio sigue existiendo.
Ahí aparece la principal contradicción del relato oficialista.
Porque si el derecho fue eliminado, no habría nada que reclamar. Pero como la obligación legal continúa vigente, la discusión real pasa por el control y cumplimiento de las empresas, no por la desaparición del beneficio.
La reacción del aparato comunicacional gildista volvió a seguir una lógica conocida: instalar alarma social inmediata antes que explicar técnicamente el alcance de la norma.
La estrategia tiene un objetivo político evidente: construir un escenario donde cualquier modificación administrativa impulsada por Nación sea presentada automáticamente como un ataque contra los sectores vulnerables, aun cuando el contenido real de la medida diga otra cosa.
En ese contexto, Piñeiro acusó directamente a sectores políticos locales de actuar con irresponsabilidad institucional:
“Pretender transformar una medida administrativa en una supuesta quita de derechos constituye una grave irresponsabilidad institucional.”
La frase expone el corazón del conflicto: no se discute únicamente transporte, sino la utilización política de información distorsionada para alimentar un clima permanente de confrontación.
Más allá de la disputa política, los puntos centrales permanecen sin cambios:
Por eso, el debate real no debería centrarse en una supuesta eliminación de derechos que la propia normativa no establece, sino en cómo garantizar que las empresas cumplan efectivamente con la ley.
El problema es que, en medio de la lógica política de confrontación permanente, la explicación técnica suele perder frente al impacto emocional del alarmismo.
