leonardo fernández acostaDurante más de veinte años, el gobierno de Gildo Insfrán convirtió el Acta de Reparación Histórica firmada con Néstor Kirchner en el corazón del relato político formoseño. La propaganda oficial la presentó como una epopeya refundacional, como el momento exacto en que Formosa dejaba atrás décadas de abandono para ingresar definitivamente al desarrollo. Se habló de “transformación”, de “bisagra histórica”, de “salto cualitativo”. Pero después de más de dos décadas de poder absoluto y de recursos extraordinarios, la pregunta sigue siendo devastadoramente simple: ¿dónde está ese salto en la vida real de los formoseños?
En 2011, el entonces ministro Julio De Vido reconocía oficialmente inversiones acumuladas por unos 2.200 millones de pesos vinculados al acta. El problema es que esos 2.200 millones de pesos de 2011, actualizados a valores actuales tomando como referencia la inflación acumulada argentina, equivalen hoy a más de un billón de pesos. Una cifra monstruosa. Una montaña de dinero público capaz de transformar estructuralmente cualquier provincia del norte argentino si hubiese existido planificación seria, transparencia y desarrollo genuino.
Sin embargo, el resultado social y económico de Formosa no guarda ninguna relación con semejante volumen de recursos. Porque el problema nunca fue la falta de dinero. El problema fue el modelo político que administró ese dinero.
El oficialismo sigue enumerando kilómetros de pavimento, escuelas, hospitales y edificios públicos como si el cemento fuese sinónimo automático de progreso. Pero una provincia no se transforma únicamente acumulando obras para la foto oficial. El verdadero desarrollo se mide en empleo privado, productividad, movilidad social, autonomía económica, calidad institucional y oportunidades reales para que la gente pueda construir su vida sin depender políticamente del Estado. Y ahí es donde el relato de la reparación histórica se derrumba.
Porque después de más de veinte años de inversiones multimillonarias, Formosa sigue siendo una de las provincias más dependientes del empleo público, con un sector privado extremadamente débil, con jóvenes que siguen emigrando porque no encuentran futuro y con enormes sectores sociales atrapados en relaciones de dependencia política y económica. El formoseño promedio no se volvió más libre ni más próspero. Se volvió más dependiente del aparato estatal, del puntero, del favor político y de un sistema diseñado para administrar pobreza mientras exhibe obras públicas como trofeos propagandísticos.
Pero quizás el aspecto más grave de toda esta historia no sea solamente el fracaso del modelo, sino la oscuridad que rodea el manejo de semejante volumen de recursos. Porque nunca existió una auditoría pública integral, independiente y transparente que permitiera conocer con precisión cuánto dinero ingresó realmente a la provincia bajo el paraguas de la reparación histórica, cuánto se ejecutó efectivamente, qué empresas fueron beneficiadas, cuánto terminaron costando las obras, qué mecanismos de control existieron y cuál fue el impacto concreto sobre los indicadores sociales y económicos de Formosa.
Y eso, en cualquier democracia sana, sería un escándalo institucional gigantesco. Porque cuando una provincia administra durante años cifras que hoy equivaldrían a más de un billón de pesos y no existe una rendición de cuentas exhaustiva, pública y verificable, el problema deja de ser administrativo para convertirse en político y moral. Mucho más en una provincia donde el poder gobierna sin alternancia real desde hace décadas, con organismos de control subordinados al oficialismo y con una estructura estatal completamente atravesada por la lógica partidaria.
La llamada “reparación histórica” terminó funcionando mucho más como una reparación histórica del poder político de Insfrán que como una reparación histórica de la vida de los formoseños. Porque sí, hubo obras. Nadie niega eso. Lo que se discute es el resultado después de semejante flujo de dinero público. Y el resultado es una provincia que sigue sin despegar estructuralmente, con pobreza persistente, dependencia estatal crónica, falta de desarrollo privado y una calidad de vida que jamás estuvo a la altura de la gigantesca inversión que recibió.
Después de más de veinte años y más de un billón de pesos actualizados, lo que debería existir hoy en Formosa es una provincia irreconocible respecto de aquella del 2003. Y sin embargo, el gobierno todavía necesita repetir todos los días que “cambió la historia”, porque la realidad cotidiana de los formoseños no logra demostrarlo por sí sola.
