Camuflados, forcejeos y arbitrariedad: el operativo que dejó más preguntas que respuestas

Hay escenas que explican mejor el deterioro institucional que cien discursos oficiales. Y lo ocurrido en este procedimiento, donde primero intervino Prefectura Naval Argentina y luego apareció la Policía de la Provincia de Formosa prácticamente camuflada, es una de ellas. Porque más allá de si había o no camperas de contrabando, lo verdaderamente alarmante es la naturalidad con la que ciertas fuerzas parecen haber incorporado métodos cada vez más opacos, improvisados y peligrosamente alejados de cualquier estándar republicano.

El primer episodio ya resulta inquietante. Efectivos federales intentando quitarle la llave del auto a una persona en plena vía pública, en medio de forcejeos y tensión, sin que se observe un procedimiento claro, prolijo ni debidamente explicado. El argumento podrá ser la sospecha de mercadería ilegal, pero ni siquiera la persecución del contrabando habilita a transformar un control en una escena de coerción improvisada. El Estado no puede actuar como un grupo que “manotea primero y explica después”. Justamente porque posee el monopolio de la fuerza, está obligado a actuar con protocolos, identificación visible y límites precisos.

Si existía flagrancia, si había una investigación o si correspondía el secuestro de la mercadería, todo eso debía quedar plasmado de manera transparente. Pero el problema es que lo que se ve transmite exactamente lo contrario: desorden, presión física y una lógica más cercana al apriete que a un procedimiento profesional. Y cuando las fuerzas empiezan a operar bajo esa lógica, el mensaje institucional es demoledor: el ciudadano deja de percibir autoridad legítima y empieza a percibir arbitrariedad.

Sin embargo, lo más grave llega después. Porque la intervención posterior de policías provinciales con los rostros cubiertos o actuando de manera prácticamente encubierta directamente rompe cualquier parámetro mínimo de normalidad democrática. Una policía que se mueve “camuflada”, sin identificación clara y participando de un operativo confuso sobre mercadería secuestrada, no transmite seguridad jurídica: transmite miedo. Y ese detalle no es menor.

En democracia, las fuerzas policiales no están para generar escenas ambiguas donde nadie sabe quién manda, quién da órdenes o quién responde legalmente por los actos cometidos. La actuación encubierta existe, sí, pero bajo marcos excepcionales y controles judiciales específicos. No puede convertirse en una metodología cotidiana para intervenir sobre ciudadanos comunes en plena calle.

Porque ahí aparece el verdadero problema de fondo: el Estado empieza a perder deliberadamente visibilidad institucional. Ya no actúa de frente, con funcionarios identificados y procedimientos claros, sino mediante dispositivos difusos donde todo parece diseñado para intimidar más que para garantizar legalidad. Y cuando una provincia naturaliza policías con la cara tapada interviniendo en operativos civiles, el límite entre seguridad pública y lógica parapolicial empieza a volverse peligrosamente fino.

Tal vez había contrabando. Tal vez correspondía secuestrar la mercadería. Pero aun si el objetivo final fuera legítimo, la forma elegida erosiona completamente la legitimidad del procedimiento. Porque el Estado de Derecho no se mide solamente por los delitos que persigue, sino por los límites que respeta mientras los persigue.