leonardo fernández acostaHay escenas que rozan el absurdo político. Mientras hospitales públicos de Formosa acumulan denuncias por falta de insumos, demoras en derivaciones, reclamos de pacientes, falencias estructurales y una realidad sanitaria que dista mucho del relato oficial, la Legislatura provincial decidió ocupar una sesión para repudiar la política sanitaria del Gobierno nacional.
No para debatir la situación del Hospital Central. No para analizar qué ocurre con los centros de salud del interior. No para investigar las denuncias que periódicamente surgen desde hospitales y salas sanitarias. No para revisar indicadores que siguen siendo alarmantes en amplias zonas de la provincia. No. Los diputados oficialistas resolvieron mirar a Buenos Aires.
La resolución aprobada por el bloque justicialista exhorta a Javier Milei a modificar sus políticas de ajuste en materia sanitaria. Una exhortación tan grandilocuente como inútil. Porque la Legislatura de Formosa no tiene ninguna capacidad real para alterar las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Es, en esencia, una declaración política destinada a producir titulares y alimentar el discurso partidario.
Lo llamativo no es solamente que hablen de lo que no pueden resolver. Lo verdaderamente escandaloso es que callen sobre aquello que sí tienen la obligación de controlar.
La diputada Cristina Mirassou, miembro informante del dispendio de recursos públicos en resoluciones inútiles, expresó su preocupación por las consecuencias presentes y futuras de los recortes nacionales en salud. La preocupación sería legítima si proviniera de una dirigente recién llegada a la función pública. Pero no es el caso.
Mirassou lleva décadas vinculada a la estructura sanitaria del gobierno provincial. Fue o es funcionaria jerárquica del Ministerio de Desarrollo Humano, ocupó innumerables cargos estratégicos dentro del sistema de salud formoseño y hoy integra la Legislatura provincial como parte del mismo espacio político que gobierna Formosa desde hace más de treinta años.
Pero además existe otro dato imposible de ignorar: su esposo, Domingo Vizcaíno Braida, también fue diputado provincial por el Partido Justicialista, formando parte de una estructura política que desde hace décadas concentra poder institucional, legislativo y administrativo dentro del mismo esquema partidario.
Es decir, no estamos hablando de dirigentes externos observando un problema desde afuera. Estamos hablando de protagonistas directos del modelo político que administra la provincia desde hace más de una generación.
Por eso resulta desconcertante escuchar discursos alarmados por dos años de gestión nacional mientras se evita cualquier balance serio sobre treinta años de administración provincial de la salud pública.
Si el deterioro sanitario nacional merece resoluciones de repudio, el oeste provincial a quienes ellos "supuestamente" representan por ser su territorio político o "coto de cooptación clientelar" ¿Que tipo de manifestación merece?
Porque en lugares como El Potrillo, Ingeniero Juárez y amplias zonas del departamento Ramón Lista, los problemas vinculados a la desnutrición, la mortalidad infantil, la pobreza estructural y las dificultades de acceso efectivo a servicios sanitarios no aparecieron con Javier Milei. Son anteriores. Mucho anteriores.
Y justamente por eso el planteo oficialista termina chocando contra una realidad incómoda: quienes hoy denuncian las consecuencias futuras de las políticas nacionales son los mismos sectores políticos que administraron el presente sanitario de Formosa durante los últimos treinta años.
