APS: los socios del poder que generaron el déficit se borraron, buscan un chivo expiatorio y pretenden seguir manejando la asociación

La crisis que hoy atraviesa la Asociación de Prestadores de la Salud (APS) no nació con las actuales autoridades ni puede analizarse como si se tratara de un problema generado en los últimos meses. Por el contrario, todo indica que las dificultades financieras que hoy afectan a la entidad son el resultado de decisiones tomadas durante años por personas que tuvieron poder real dentro de la institución y que ahora parecen haber desaparecido de la escena.

Mientras profesionales de la salud continúan esperando el cobro de prestaciones ya realizadas, el problema central es como se llegó a este punto de desfinanciamiento y las responsabilidades directas.

La respuesta difícilmente pueda buscarse únicamente en quienes hoy intentan administrar una institución que heredó deudas, conflictos y serios interrogantes financieros.

Porque las cifras que circulan dentro de la propia entidad hablan de una deuda histórica cercana a los 450 millones de pesos sin actualizar, originada durante administraciones anteriores. A ello se suman cuestionamientos sobre recursos que habrían sido derivados hacia la mutual de APS, a riesgo de ser redundante, vinculada a APS, generando un perjuicio económico que, actualizado, rondaría los 500 millones de pesos.

Si esos números son correctos, la discusión no puede limitarse al presente.

La pregunta inevitable es qué ocurrió con esos recursos y quién tomó las decisiones que llevaron a la institución a semejante nivel de endeudamiento.

Durante años hubo dirigentes que decidían prioridades de pago, administraban recursos y ejercían influencia sobre el funcionamiento de APS. Había quienes definían quién cobraba primero y quién debía esperar. Había quienes manejaban información privilegiada sobre la situación financiera de la entidad. Y había quienes ocupaban cargos con responsabilidad directa sobre la administración y el control de los fondos.

Hoy muchos de ellos guardan silencio y buscan desesperadamente desligarse de la situación, escondiéndose bajo la sombrilla protectora que durante años les brindó impunidad para hacer y deshacer.

Resulta llamativo que quienes participaron activamente de aquellas gestiones no aparezcan públicamente para explicar qué sucedió durante esos años. Más aún cuando las preguntas no apuntan solamente a las autoridades ejecutivas de entonces, sino también a toda la estructura de control institucional.

Porque APS no era manejada por una sola persona. Existía una comisión integrada por numerosos miembros. Existían tesoreros. Existían revisores de cuentas. Existían profesionales contables. Existían órganos que tenían la responsabilidad de supervisar movimientos económicos, controlar balances y advertir cualquier situación que pudiera comprometer el patrimonio de la institución.

 Por eso, si hoy existen dudas sobre el destino de determinados recursos o sobre el origen de determinadas deudas, las explicaciones no deberían recaer sobre una sola persona ni sobre una sola función.

Las responsabilidades institucionales son necesariamente más amplias y si hubo decisiones equivocadas, si existieron desmanejos o si se adoptaron medidas que terminaron perjudicando a APS, quienes participaron de esas administraciones deberían dar explicaciones públicas.

También deberían explicar qué ocurrió con los recursos que habrían sido destinados a la mutual. Si efectivamente salieron fondos de APS para fortalecer otra estructura, o inclusive a particulares como así también corresponde conocer cuál fue el beneficio concreto para los prestadores y qué patrimonio quedó como resultado de esas operaciones. Administrativos que se volvían millonarios, casas nuevas adquiridas por quienes se habrían desempeñado como tesoreros, otros relacionados al poder en la salud pública con vehículos de alta gama cero kilómetros y hasta una farmacia que también ofrecería artículos de limpieza. Los indicios están a la vista y la censura también.

No es difícil seguir la huella de las operaciones, no es difícil ver quien adquirió bienes relacionados a las transacciones, como tampoco es difícil ver quien trabajó en pos de levantar la situación financiera de la institución.

En ese contexto, resulta lejana la tentación de encontrar un único responsable para una crisis construida durante años. Las instituciones complejas no colapsan por la decisión aislada de una sola persona, especialmente cuando existen comisiones directivas, tesorerías, revisores de cuentas, asesores contables y múltiples mecanismos de supervisión.

Por eso surge una sospecha inevitable: que algunos intenten construir un chivo expiatorio para clausurar el debate sobre responsabilidades más amplias.Claro, la figura del chivo expiatorio siempre resulta funcional cuando hay demasiadas preguntas sin responder y es la estrategia preferida de los añosos polifuncionarios. Permite concentrar toda la atención en una sola persona mientras desaparecen de la escena quienes tuvieron capacidad de decisión, control o influencia durante años. 

Hay además un dato que varios prestadores consideran imposible de ignorar. Mientras algunos sectores parecen concentrar toda la atención sobre determinados nombres, una de las personas señaladas en las conversaciones internas por su vinculación con el faltante de fondos no ha tenido inconvenientes en brindar explicaciones públicas y sostener su versión de los hechos. Eso, lejos de cerrar el debate, abre nuevos interrogantes sobre responsabilidades que todavía permanecen difusas y ha apuntado todas las miras para silenciar al mensajero.

También reaparecen nombres que históricamente fueron mencionados por prestadores al describir cómo funcionaba APS. Entre ellos, supuestamente él hermano del ex ministro de Desarrollo Humano caído en desgracia y su socio, el doctor Q, a quienes distintos profesionales atribuyen una fuerte influencia en decisiones vinculadas a la administración de recursos y a las prioridades de pago.

Un prestador que decidió romper el silencio fue todavía más allá. Según manifestó, durante años las funciones de control que debían ejercer el secretario general, el tesorero y los revisores de cuentas no habrían cumplido el rol que estatutariamente les correspondía. Y si esa afirmación resulta exagerada, entonces quienes ocuparon esos cargos tienen hoy una oportunidad inmejorable para demostrarlo explicando públicamente cuál fue su actuación y qué controles ejercieron sobre la administración de los recursos de APS.

La observación cobra aún más relevancia frente a las versiones que señalan la posibilidad de promover al actual secretario general a la presidencia de la entidad. No solo que no piensan dar explicaciones y tirar “el muerto” hacia otro lado sino que además se quieren quedar con lo que se dé hacia futuro.

Lo ideal, si efectivamente formó parte de la estructura encargada de supervisar el funcionamiento institucional durante los años en que se generaron las deudas y los cuestionamientos, resulta lógico que primero deba dar explicaciones sobre ese período antes que ser considerado como la solución al problema.

Y si, por el contrario, nada tuvo que ver con las decisiones cuestionadas y realmente existe la intención de construir un chivo expiatorio para concentrar responsabilidades en otros actores, entonces tampoco tendría sentido mover piezas apresuradamente. Lo razonable sería sostener las actuales funciones, colaborar con todas las investigaciones y permitir que cada uno reivindique su actuación con hechos, documentación y transparencia.

Porque en una crisis de esta magnitud los cambios de nombres no reemplazan las explicaciones. Y las explicaciones siguen siendo una deuda tan importante como la económica.

Y existe una paradoja política difícil de pasar por alto. APS fue durante mucho tiempo una entidad integrada mayoritariamente por dirigentes, profesionales y sectores identificados con el oficialismo provincial. Muchos de quienes participaron de su conducción defendieron públicamente el llamado "modelo formoseño", presentándolo como un ejemplo de equidad, organización y solidaridad.

Sin embargo, cuando la crisis financiera se volvió inocultable y comenzaron los reclamos por deudas millonarias, el respaldo político pareció desaparecer. Quienes durante años reivindicaron la cercanía con el poder hoy parecen haber quedado solos frente a los problemas. Como si la solidaridad política tuviera fecha de vencimiento y la defensa del modelo terminara justo cuando aparecen las cuentas pendientes.

Los prestadores observan esa situación con una mezcla de sorpresa y desilusión. Porque si la equidad fue durante años una bandera política, cuesta entender por qué nadie parece dispuesto a intervenir con la misma convicción para ayudar a una institución que atraviesa una de las crisis más graves de su historia.

El problema de fondo es explicar cómo se generó una deuda histórica millonaria, qué ocurrió con recursos que pertenecían a los prestadores y quiénes participaron de las decisiones que llevaron a APS hasta esta situación.

Mientras tanto, los prestadores siguen enfrentando el mismo problema de siempre. No necesitan cobradores.  Necesitan cobrar. Y tampoco deja de llamar la atención el escaso interés que muestran algunos sectores políticos históricamente vinculados a quienes condujeron APS durante años. Quienes tuvieron representación, influencia o cercanía con esas administraciones hoy parecen mantenerse a prudente distancia de un conflicto que afecta directamente a cientos de trabajadores de la salud.

Sin embargo, las deudas no desaparecen por guardar silencio. Los problemas tampoco. Si existen fondos pendientes de explicación, alguien debe explicarlos.

Si existen recursos que salieron de APS, alguien debe rendir cuentas. Y si durante años se tomaron decisiones que llevaron a la entidad a esta situación, quienes participaron de esas decisiones tienen la obligación moral e institucional de dar la cara.

Los prestadores merecen respuestas. Pero, sobre todo, merecen cobrar.