El gobierno nacional está dejando de pagar los certificados de obra y los costos se disparan. La obra demanda cerca de 6 mil millones de pesos al día de hoy.
Buryaile aseguró que: “Este convenio es del 8 de julio y casualmente la Secretaría de Políticas Universitarias dejó de transferir recursos, a la UNaF desde esa época. Le tenían que transferir 22 millones de pesos y le transfirieron 2 millones”.
El laboratorio ha dejado de producir remedios genéricos y habría abandonado la fabricación de insecticidas y repelentes. Más de 100 empleados estarían siendo presionados para que pasen de una Sociedad Anónima a ser empleados públicos.
La Asociación que nuclea a Clínicas y Sanatorios, informó a través de su Facebook que desde este lunes volverá a normalizar las atenciones a los afiliados de la obra social estatal.
"Queremos metodologías claras de trabajo y la última nota que mandamos todavía no contestaron respecto de si mandamos las pruebas o los pacientes. El espíritu en ACLISA es seguir trabajando con el IASEP y llegar a un acuerdo razonable" afirmaron.
De darse esta situación de abandono de los afiliados confinándolos a ser atendidos en hospitales pero además cobrándoles la orden médica y las prestaciones, el estado estaría utilizando recursos públicos en los nosocomios pero cobrándolos como si fueran privados.
El afiliado deberá llevar las muestras para el análisis histopatológicos a las oficinas administrativas de la obra social para que después vuelvan a ser trasladadas a los laboratorios que correspondan.
Enzo Casadei y Julieta González denunciaron la estafa de la Obra Social y el robo a los empleados estatales de Formosa, que no pueden optar por otra obra social más eficiente, porque están obligados a afiliarse, aportar y sufrir descuentos compulsivos de una obra social, que no administran porque esta hace décadas esta vitaliciamente intervenida por el gobierno de Gildo Insfran.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
