Del video de Unitán a una causa penal: las tensiones de la libertad de prensa en la Formosa de Insfrán

Todo comenzó con un video grabado durante la noche del sábado. Un vecino registró con su teléfono celular lo que, a simple vista, parecía una importante llamarada en el sector de calderas de la planta taninera Unitán, ubicada en pleno centro de la ciudad de Formosa. Las imágenes mostraban columnas de fuego de varios metros de altura que sobresalían por encima de las estructuras visibles de la fábrica y podían observarse desde el exterior, a más de cien metros de distancia.

El material comenzó a circular rápidamente por redes sociales y grupos de mensajería. Lo que hasta ese momento parecía una noticia de interés público derivó, pocas horas después, en una fuerte controversia política, mediática y judicial. Mientras las llamas desaparecían y en el lugar sólo permanecían grandes columnas de vapor o humo blanco, comenzó una campaña destinada a desacreditar la información y a quienes la difundían.

Desde la empresa negaron que hubiera existido un incendio. Uno de sus directivos, Antonio Gil, cuestionó duramente a quienes difundieron el video y sostuvo que se había generado una alarma injustificada entre los familiares de los trabajadores que se encontraban dentro de la planta. Paralelamente, periodistas alineados con el oficialismo provincial realizaron transmisiones desde el exterior de la fábrica asegurando que no existía ningún problema y calificando la información como falsa. Sin embargo, ninguno de esos recorridos mostró el sector exacto donde habían sido registradas las llamas durante la noche anterior.

La discusión pública se trasladó entonces desde el hecho observado hacia la autenticidad del video. Hasta el momento, no se conoce ninguna pericia técnica que haya determinado que las imágenes fueron manipuladas mediante edición digital o inteligencia artificial. Tampoco se difundieron informes que desacrediten técnicamente el contenido del registro audiovisual. Lo único verificable es que el video existe y muestra una intensa llamarada en el interior de la planta. Lo que permanece en debate es la naturaleza exacta de ese fenómeno y si formaba parte de un proceso industrial habitual o de un incidente extraordinario.

Pero el episodio tomó un giro todavía más delicado cuando la Justicia avanzó sobre quienes difundieron las imágenes. Daniel Suizer, abogado y referente opositor, fue detenido luego de compartir el video en sus redes sociales. La medida se produjo en el marco de una denuncia por intimidación pública, una figura penal contemplada en el artículo 211 del Código Penal argentino y que castiga a quien genera alarmas falsas destinadas a provocar temor colectivo o desórdenes públicos.

La doctrina penal tradicional sostiene que este delito requiere la intención de generar alarma mediante información falsa o engañosa. Si el hecho ocurrió efectivamente, la alarma no sería consecuencia de una mentira sino del propio acontecimiento. En otras palabras, el problema dejaría de ser la difusión y pasaría a ser el hecho difundido.

No es una discusión nueva. Existen antecedentes en Argentina y en otros países donde el poder político o institucional intentó responsabilizar a quienes difundieron información incómoda en lugar de concentrarse en investigar los hechos denunciados.

Uno de los casos más recordados ocurrió durante la explosión de la planta de Río Tercero en 1995. En aquellos días, mientras aún se desconocían las verdaderas causas del desastre, distintos medios y periodistas fueron cuestionados por difundir versiones que contradecían la explicación oficial. Con el tiempo, la Justicia terminó determinando que no se había tratado de un accidente sino de una explosión intencional vinculada al contrabando de armas. Aquellas informaciones inicialmente desacreditadas resultaron estar mucho más cerca de la verdad que la versión estatal.

Otro antecedente significativo ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando distintas provincias y la peor de todas Formosa, iniciaron investigaciones penales contra ciudadanos y periodistas por publicaciones consideradas alarmistas. En la mayoría de los casos, las causas no prosperaron porque los tribunales entendieron que la libertad de expresión protege especialmente la difusión de información vinculada a asuntos de interés público, aun cuando esa información genere preocupación o incomodidad para las autoridades.

La jurisprudencia argentina y los estándares internacionales desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostienen que los funcionarios públicos, las empresas que prestan servicios de interés social y las actividades con impacto sobre la comunidad están sometidos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano. Por esa razón, cualquier intento de sancionar a quienes informan sobre esos temas debe superar un análisis especialmente estricto.

En este contexto, el caso de Unitán abre interrogantes que van mucho más allá de una simple discusión sobre un video viral. La cuestión de fondo no parece ser si alguien compartió imágenes que generaron preocupación, sino qué fue exactamente lo que mostraban esas imágenes, si hubo un incidente industrial, un foco ígneo fuera de lo habitual, si intervino personal de la planta, si hubo inspecciones posteriores al fuego, etc.

Mientras tanto, la atención pública parece haberse desplazado desde el fuego hacia quienes hablaron del fuego. Y cuando en una sociedad la investigación se concentra más en el mensajero que en el mensaje, inevitablemente aparece una sospecha incómoda: que el verdadero problema para algunos no sea lo que ocurrió, sino que alguien lo haya mostrado.

A medida que avanzaban las horas, el caso sumó un elemento adicional que volvió todavía más confuso el panorama. Según declaraciones públicas realizadas por el abogado defensor de Daniel Suizer a medios de la ciudad de Formosa, Daniel Ojer, de polémica actuación en otros casos, el propio imputado habría desmentido o relativizado el contenido del video que él mismo había difundido en sus redes sociales.

La afirmación llamó la atención por varios motivos. En primer lugar, porque la discusión pública nunca giró exclusivamente alrededor de las opiniones de quienes compartieron las imágenes, sino sobre la existencia misma del registro audiovisual. El video continúa existiendo, las imágenes siguen mostrando una intensa llamarada y hasta el momento no se conocen pericias técnicas que hayan acreditado una manipulación digital o una generación mediante inteligencia artificial. Por lo tanto, aun cuando una persona decidiera retractarse de una interpretación determinada de los hechos, eso no modifica automáticamente la existencia del material ni resuelve qué fue exactamente lo que ocurrió aquella noche en la planta industrial.

En segundo lugar, la supuesta retractación aparece en un contexto particular: una denuncia penal ya presentada, una detención concretada y una situación de incertidumbre respecto de la libertad del acusado. En cualquier proceso judicial de alta exposición pública resulta inevitable que surjan preguntas sobre las condiciones en que se producen determinadas declaraciones, especialmente cuando quien las formula enfrenta la posibilidad de permanecer privado de su libertad.

No corresponde afirmar presiones sin pruebas. Sin embargo, sí constituye un dato relevante que la presunta rectificación se haya conocido después de iniciada la actuación judicial y no antes. La cronología de los hechos, por sí sola, abre interrogantes que merecen ser considerados.

La situación también generó comentarios por la figura elegida para la defensa. El abogado interviniente mantiene una conocida cercanía política con sectores vinculados al oficialismo provincial, circunstancia que ha sido señalada por distintos actores locales. Esa sola circunstancia no implica irregularidad alguna ni afecta necesariamente el ejercicio profesional de la defensa, pero alimenta suspicacias en un escenario atravesado por una profunda polarización política.

Lo cierto es que, aun aceptando como válida la versión según la cual Suizer se habría retractado, la cuestión de fondo permanece intacta. El eje del debate no debería ser únicamente qué dijo después quien publicó el video, sino qué mostraban las imágenes antes de que comenzara la controversia.

Porque existe una diferencia sustancial entre retractarse de una interpretación y demostrar que un hecho nunca ocurrió.

Y allí es donde aparece la principal paradoja de todo este episodio. Mientras gran parte de la discusión pública gira alrededor de periodistas, abogados, publicaciones en redes sociales y causas penales, siguen sin conocerse informes técnicos independientes capaces de responder las preguntas más elementales: qué fue lo que produjo aquellas llamas visibles desde el exterior de la fábrica, cuál fue su magnitud real, qué medidas se adoptaron para controlarlas y por qué la respuesta institucional se concentró tan rápidamente en desacreditar a quienes difundieron las imágenes.

En las democracias modernas, los conflictos entre libertad de expresión y poder suelen presentar una característica repetida. Cuando una información resulta incómoda, la tentación de desplazar el debate desde el hecho hacia quien lo comunica aparece con frecuencia. El foco deja de estar en el acontecimiento y pasa a colocarse sobre el mensajero.

Por eso el interrogante principal sigue siendo el mismo que el primer día. No quién compartió el video. No quién comentó el video. Ni siquiera quién se retractó después de haberlo compartido. La pregunta central continúa siendo qué ocurrió realmente aquella noche dentro de la planta industrial y por qué, varios días después, esa pregunta todavía no tiene una respuesta técnica, transparente y verificable para toda la sociedad.