¿Quien borró los mensajes de los celulares en el caso Xiomara?¿Los dueños o los que manipularon las pruebas?

A medida que pasan los meses, el caso Xiomara Portillo parece alejarse de las respuestas que la sociedad formoseña reclama. Sin embargo, una de las revelaciones más preocupantes de los últimos días no tiene que ver con una nueva hipótesis ni con un nuevo sospechoso, sino con algo mucho más básico: la integridad de la prueba.

Durante una entrevista radial, el abogado Javier Vargas expuso una situación que debería encender todas las alarmas dentro de la investigación. Al referirse a los teléfonos celulares peritados en la causa, sostuvo que existen dudas sobre la información contenida en esos dispositivos y confirmó que solicitaron una nueva revisión técnica.

El abogado pidio que los celulares vuelvan a ser peritados"Que otro organismo, otra entidad lo haga, para ver si realmente fueron borradas por su titular, por el propietario, o la pérdida de información se produjo en otra instancia", afirmó sembrando dudas en toda la cadena de manipulación de las pruebas.

La declaración es de una gravedad institucional evidente. Porque si la información fue eliminada por los usuarios antes del secuestro de los teléfonos, la Justicia debe determinar quién lo hizo y por qué. Pero si la pérdida de datos ocurrió durante la cadena de custodia o durante el proceso de extracción y análisis, el problema es todavía más profundo.

No se trata de una discusión menor. En una investigación criminal moderna, los teléfonos celulares suelen contener buena parte de las respuestas que buscan fiscales, jueces y peritos. Conversaciones, ubicaciones, registros de llamadas, fotografías y movimientos digitales permiten reconstruir hechos que de otro modo quedarían ocultos.

Por eso resulta inquietante que existan mensajes incompletos o fragmentados dentro de una causa que busca esclarecer un crimen tan brutal como el de Xiomara Portillo.

Las palabras de Vargas se suman a otros cuestionamientos que vienen acumulándose alrededor del expediente. La propia Cámara ordenó revisar decisiones judiciales previas. También persisten reclamos sobre líneas de investigación que, según distintas partes, no fueron exploradas con la profundidad necesaria.

Mientras tanto, la pregunta central sigue sin respuesta

A medida que pasan los meses, el caso Xiomara Portillo parece alejarse de las respuestas que la sociedad formoseña reclama. Sin embargo, una de las revelaciones más preocupantes de los últimos días no tiene que ver con una nueva hipótesis ni con un nuevo sospechoso, sino con algo mucho más básico: la integridad de la prueba.

Durante una entrevista radial, el abogado Javier Vargas expuso una situación que debería encender todas las alarmas dentro de la investigación. Al referirse a los teléfonos celulares peritados en la causa, sostuvo que existen dudas sobre la información contenida en esos dispositivos y confirmó que solicitaron una nueva revisión técnica.

"Nosotros hemos hecho un análisis de los móviles, que otro organismo, otra entidad lo haga, para ver si realmente fueron borradas por su titular, por el propietario, o la pérdida de información se produjo en otra instancia", afirmó.

La declaración es de una gravedad institucional evidente. Porque si la información fue eliminada por los usuarios antes del secuestro de los teléfonos, la Justicia debe determinar quién lo hizo y por qué. Pero si la pérdida de datos ocurrió durante la cadena de custodia o durante el proceso de extracción y análisis, el problema es todavía más profundo.

No se trata de una discusión menor. En una investigación criminal moderna, los teléfonos celulares suelen contener buena parte de las respuestas que buscan fiscales, jueces y peritos. Conversaciones, ubicaciones, registros de llamadas, fotografías y movimientos digitales permiten reconstruir hechos que de otro modo quedarían ocultos.

Por eso resulta inquietante que existan mensajes incompletos o fragmentados dentro de una causa que busca esclarecer un crimen tan brutal como el de Xiomara Portillo.

Las palabras de Vargas se suman a otros cuestionamientos que vienen acumulándose alrededor del expediente. La propia Cámara ordenó revisar decisiones judiciales previas. También persisten reclamos sobre líneas de investigación que, según distintas partes, no fueron exploradas con la profundidad necesaria.

Mientras tanto, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué pasó con Xiomara?

Cada irregularidad detectada, cada prueba discutida y cada duda sobre el manejo de la evidencia alejan un poco más la posibilidad de alcanzar una verdad indiscutible y la Justicia tiene la obligación de garantizar que ninguna respuesta quede atrapada en un expediente incompleto o en un celular cuya información hoy aparece bajo sospecha.

Porque si existen dudas sobre las pruebas, también existen dudas sobre las conclusiones. Y en el caso Xiomara Portillo, después de tantos meses, lo que menos necesita Formosa son más dudas.

Cada irregularidad detectada, cada prueba discutida y cada duda sobre el manejo de la evidencia alejan un poco más la posibilidad de alcanzar una verdad indiscutible.

La familia merece certezas. La sociedad merece certezas. Y la Justicia tiene la obligación de garantizar que ninguna respuesta quede atrapada en un expediente incompleto o en un celular cuya información hoy aparece bajo sospecha.

Porque si existen dudas sobre las pruebas, también existen dudas sobre las conclusiones. Y en el caso Xiomara Portillo, después de tantos meses, lo que menos necesita Formosa son más dudas.