Espionaje a Basualdo: la Policía de Formosa no cambiará mientras el poder siga usando el uniforme como escudo político

La denuncia de Pablo Basualdo vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que Formosa arrastra desde hace años: qué Policía quiere tener la provincia y, fundamentalmente, al servicio de quién debe estar una fuerza de seguridad financiada por todos los formoseños.

Porque si las imágenes difundidas por el intendente de Las Lomitas fueran corroboradas y efectivamente existiera personal policial siguiendo, fotografiando o filmando a un dirigente opositor sin una causa judicial que lo justificara, estaríamos frente a algo mucho más grave que un episodio policial. Estaríamos frente a un problema institucional.

Y en ese escenario resulta difícil imaginar un cambio profundo mientras permanezca intacta la estructura política que conduce la fuerza.

El problema no se resuelve cambiando un comisario por otro, trasladando algunos efectivos o anunciando nuevos operativos. Si existe una utilización política de la Policía, la discusión necesariamente debe llegar hasta la conducción política y hasta la estructura superior de la institución.

Mientras el gobernador siga siendo quien concentra la conducción política de la provincia y, por lo tanto, la autoridad máxima sobre la fuerza policial, cualquier proceso de transformación serio debería comenzar por establecer reglas claras: qué puede hacer la Policía, qué no puede hacer, quién imparte las órdenes, quién las controla y qué consecuencias existen cuando un funcionario utiliza la estructura estatal para una finalidad ajena a la seguridad pública.

Y hay otro punto que tampoco puede esquivarse: la conducción policial necesita una revisión profunda de sus cuadros superiores. Si se pretende recuperar la confianza de la sociedad, no alcanza con pedirle al ciudadano que confíe. Hay que demostrar que existen controles internos, mecanismos de rendición de cuentas y una conducción profesional que no responda a intereses partidarios.

Hablar de una eventual “depuración” no debería significar una cacería contra policías ni una purga política al revés. Significa algo mucho más elemental: investigar, determinar responsabilidades, separar de las funciones sensibles a quienes no puedan justificar su actuación y garantizar que los ascensos y destinos respondan a criterios profesionales y no a lealtades políticas.

Porque una Policía democrática no debería tener ciudadanos de primera y de segunda según el color político del intendente, diputado, concejal o vecino al que tenga delante.

La denuncia de Basualdo debe ser investigada. Y si las imágenes demuestran lo que el intendente afirma, quienes ordenaron, ejecutaron o encubrieron esas tareas deberán responder ante las autoridades correspondientes.

Pero también debería servir para abrir una discusión mucho más profunda: la Policía de Formosa no necesita solamente nuevos uniformes, nuevos móviles o nuevos discursos; necesita garantías de independencia funcional, controles efectivos y una conducción que tenga como prioridad exclusiva la seguridad de los ciudadanos.

Porque mientras la estructura superior permanezca intacta y no exista una verdadera revisión de cómo se toman las decisiones dentro de la fuerza, cualquier anuncio de “cambio” corre el riesgo de ser apenas maquillaje institucional.

Y una Policía que debería perseguir delincuentes no puede terminar perseguida por la sospecha de perseguir opositores. La seguridad pública pierde sentido cuando la frontera entre Estado y partido se vuelve demasiado delgada.