Google tiene mejor memoria que el Superior Tribunal: la camioneta de $92,5 millones sigue en el buscador, pero desapareció del portal judicial

El Poder Judicial puede apagar sus sistemas, invocar vulnerabilidades críticas de seguridad y dejar a los ciudadanos mirando una pantalla de error, pero Google, ese intruso extranjero que aparentemente todavía no recibió instrucciones de olvidar, conserva el recuerdo de una licitación bastante incómoda.

La Licitación Privada N.º 09/26 sigue indexada en el buscador. Allí permanece el rastro de una compra oficial: una Toyota SW4 Diamond 2.8 turbodiésel, 4x4, automática, cero kilómetro, con un presupuesto de $92.508.000. El problema aparece cuando alguien intenta ingresar al enlace del portal del Superior Tribunal de Justicia para consultar la publicación: en lugar de acceder a la documentación, se encuentra con el mensaje «Esta página no funciona». Supuestamente repusieron la plataforma e-judicial pero desapareció la licitación de la nave para funcionarios VIP.

Qué curioso. Google todavía recuerda la licitación, pero el portal oficial no permite consultarla normalmente. La memoria digital funciona; la ventanilla institucional, no tanto.

Por supuesto, nadie está obligado a sospechar de un error informático. Las vulnerabilidades existen, los sistemas pueden fallar y las tareas de mantenimiento son necesarias. Lo verdaderamente llamativo es que, en una provincia donde el Estado administra recursos multimillonarios, la información pública pueda quedar atrapada detrás de una pantalla de error sin que el ciudadano tenga una explicación clara sobre cuándo volverá a estar disponible y cómo podrá acceder a ella mientras tanto.

La ciberseguridad merece respeto. La falta de transparencia, no.

Y el contexto hace que el episodio resulte todavía más sugestivo. La compra no es de papel higiénico para una oficina ni de insumos indispensables para el funcionamiento de un juzgado. Se trata de una camioneta de alta gama cuyo presupuesto supera los 92,5 millones de pesos. Una Toyota SW4 Diamond, de esas que no pasan inadvertidas ni siquiera en un estacionamiento repleto de vehículos oficiales.

La resolución que autorizó el procedimiento lleva el número 26/26 y fue firmada el 21 de septiembre de 2026. El expediente administrativo es el 5.769/2026 y la apertura de ofertas fue fijada para el 2 de octubre. Todo tiene número, fecha, expediente y especificaciones técnicas. La camioneta está perfectamente identificada. El dinero también. Lo que debería estar al alcance de todos es la documentación completa para saber quién ofertó, quién ganó y que el Estado terminó pagando más de 92.5 millones de pesos.

Pero mientras los empleados judiciales realizan paros y reclaman una recomposición salarial, la ciudadanía tiene que hacer malabarismos informáticos para consultar una contratación oficial. Los trabajadores reclaman mejoras en sus haberes; el Poder Judicial tramita una SUV de lujo. Y cuando alguien pretende revisar los papeles, la tecnología le contesta que vuelva más tarde.

No hace falta ser un especialista en sistemas para advertir que hay algo profundamente desproporcionado en esta escena. Para comprar una camioneta hay presupuesto, expediente, pliego y resolución. Para consultar esos documentos, en cambio, puede que haya que tener paciencia, suerte y un buscador que conserve la memoria de lo que el portal institucional no permite abrir.

La ironía alcanza su punto máximo cuando se recuerda que el propio Poder Judicial justificó interrupciones de sus servicios por cuestiones de seguridad informática. Es perfectamente posible que existan razones técnicas legítimas para suspender una plataforma. Lo que no debería ser legítimo es que una interrupción se convierta en una excusa permanente para dejar sin acceso a documentación que debe ser pública.

Si el sistema está comprometido, se lo protege. Si una página debe permanecer fuera de servicio, se informa cuánto durará la interrupción y se habilitan vías alternativas para consultar los documentos. Y si el enlace de una licitación dejó de funcionar, se publica nuevamente. No parece una hazaña tecnológica imposible para una institución que administra uno de los poderes del Estado.

A menos, claro, que la transparencia sea considerada una función secundaria del sistema.

La licitación de la Toyota no es el único antecedente que merece atención. En diciembre de 2024, el STJ había convocado la Licitación Privada N.º 64/24 para adquirir una Toyota SW4 SRX. Dos procedimientos, dos camionetas y una pregunta que sigue pendiente de una respuesta documental completa: cuánto se gastó, quiénes fueron los proveedores y qué destino tuvieron los vehículos.

Esos son datos elementales de control público, no secretos de Estado. Y deberían poder verificarse sin necesidad de reconstruir el pasado a partir de las migas que deja Google.

El modelo de borrón y cuenta nueva cruza de vereda

Ahora, las dificultades de acceso también alcanzaron al portal oficial del Gobierno de Formosa. Después de los problemas informáticos registrados en el ámbito judicial, las interrupciones y la falta de disponibilidad de publicaciones en el portal gubernamental abren un interrogante que merece una respuesta concreta.

La coincidencia invita, como mínimo, a una ironía inevitable: parece que el modelo de borrón y cuenta nueva del Poder Judicial le gustó al Gobierno de Gildo Insfrán y decidió probar una versión propia.

En Formosa, donde el oficialismo lleva décadas administrando el poder, sería una innovación bastante particular que la modernización tecnológica terminara produciendo una administración menos accesible que una carpeta de archivo olvidada en un sótano. El Estado digital prometía acercar la información al ciudadano. No convertir cada enlace roto en una búsqueda del tesoro.

Si las páginas oficiales se convierten en puertas giratorias que hoy muestran documentos y mañana devuelven errores, el problema excede a los técnicos que mantienen los servidores. Es un problema institucional. Porque el Estado no es dueño de la información pública: la administra en nombre de la sociedad.

Y si el Gobierno provincial adopta una lógica semejante a la que hoy deja a los usuarios sin acceso normal a determinadas publicaciones judiciales, la pregunta deja de ser una chicana y se transforma en una exigencia de control: ¿Cuantas otras cosas van a aparentemente desaparecer?

No hay pruebas para afirmar que esos documentos hayan desaparecido. Precisamente por eso es indispensable que las autoridades garanticen su conservación y acceso. La ausencia de pruebas no se resuelve con sospechas: se resuelve con información pública verificable.

Una camioneta de lujo y una transparencia en pantuflas

Mientras tanto, la Toyota SW4 Diamond continúa figurando en los resultados de Google. El presupuesto de $92.508.000 sigue siendo el dato más elocuente de toda esta historia. La ficha de la licitación permanece como una huella digital de una decisión administrativa concreta, aunque el enlace no permita acceder normalmente a la publicación.

La camioneta, al menos en los papeles indexados, tiene nombre y apellido mecánico. La transparencia, en cambio, parece estar esperando que alguien la lleve al taller.

Y en medio de los reclamos salariales de los judiciales, el contraste resulta difícil de disimular. Para comprar una camioneta de alta gama, la burocracia encuentra expedientes, resoluciones, especificaciones y procedimientos. Para garantizar que los ciudadanos puedan consultar esos mismos documentos, la respuesta puede terminar reducida a una pantalla que anuncia que la página no funciona.

Si todo está en regla, la solución es sencilla: restablezcan el enlace, publiquen los documentos, informen el resultado de la licitación y expliquen quién utiliza la camioneta. Si hubo una vulnerabilidad, que se informe su alcance. Si los archivos fueron migrados, que se indique dónde están. Si la publicación fue retirada, que se expliquen las razones.

Lo que no puede exigirse al ciudadano es que confíe a ciegas mientras el Estado le impide consultar los antecedentes que permitirían verificar esa confianza.

Porque una cosa es que un sistema informático se caiga y otra, bastante más grave, es que la transparencia termine cayéndose siempre del mismo lado.

La Toyota cuesta $92,5 millones. Los empleados judiciales siguen reclamando. Google conserva la publicación. El portal devuelve un error. Y las autoridades todavía tienen que explicar cómo garantizarán el acceso a la documentación.

Si el nuevo paradigma de modernización institucional consiste en apagar las páginas, invocar vulnerabilidades y esperar que el público pierda interés, convendría bautizarlo con un nombre más honesto: no gobierno digital, sino transparencia en modo avión.

Y lo más extraordinario de todo es que ni siquiera hace falta un hacker para dejar al ciudadano a oscuras. A veces alcanza con que el enlace oficial no funcione y nadie se apure demasiado en explicar por qué.