leonardo fernández acosta
Luis Naidenoff, vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó hoy ante la Comisión de Acuerdos del Senado una impugnación a la candidatura del juez Ariel Lijo, quien fue propuesto por Javier Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. En un escrito que entregó ante Guadalupe Tagliaferri (Pro), la senadora que preside ese cuerpo legislativo, Naidenoff argumentó que Lijo carece de “idoneidad” para convertirse en ministro del máximo tribunal del país por haber beneficiado al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, en una causa conexa al caso Ciccone.
Naidenoff, integrante del comité nacional de la UCR, que conduce Martín Lousteau, impugnó a Lijo como abogado y ciudadano particular. Mientras la cúpula del radicalismo dilata un pronunciamiento orgánico sobre el pliego del controvertido juez a la espera de que empiecen las audiencias públicas en la Cámara alta, el exsenador formoseño ratificó su rechazo a uno de los dos postulantes que impulsa la Casa Rosada –el otro es Manuel García-Mansilla– para reemplazar a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, quien se retirará en diciembre cuando cumpla 75 años.
“La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei”, dijo tras su presentación en el Senado, que abrió ayer el período para recibir impugnaciones y adhesiones a los postulantes de Milei.
Naidenoff considera que Lijo benefició a Insfrán en una causa que se desprendió de la investigación de Ciccone. “Fui denunciante contra Boudou y Gildo Insfrán por el entramado de este negocio y la firma The Old Fund, que permitió el desembarco en Ciccone”, puntualiza Naidenoff. Alejandro Vandenbroele, testaferro de Boudou y titular de The Old Fund, cobró 7,6 millones de pesos en 2010 para asesorar a la provincia de Formosa en la renegociación de su deuda con la Nación. O sea, con Boudou, entonces ministro de Economía de la Nación. Esa fue la primera operación comercial que desarrolló la sociedad que pasó a controlar Ciccone Calcográfica.
Si bien Insfrán fue indagado en esa causa, Lijo aceptó un pedido de la defensa del gobernador, que sostenía que debía ser juzgado en su provincia. El juez dividió la pesquisa y la envió a Formosa, provincia donde Insfrán controla todos los resortes del poder desde 1995. Sin sorpresas, la causa naufragó. “Fue un salvoconducto a la impunidad”, resalta Naidenoff, quien respaldó a Patricia Bullrich en la campaña presidencial de 2023.
En mayo de 2022, y sin citar a declarar a Vandenbroele, quien admitió el pago de coimas, el juez Marcelo López Pïcabea sobreseyó a Insfrán y Boudou en la causa que investigó un fraude en el proceso del canje de deuda pública durante el kirchnerismo. “Fue la crónica de un final anunciado. Lijo no reúne la idoneidad para ser ministro del máximo tribunal de justicia del país”, remarca Naidenoff, una de los primeras autoridades del radicalismo que se manifestó en contra del candidato de Milei.
El caso Lijo provoca incomodidad y divide aguas en la UCR, que hoy cerró filas para defender al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien fue denunciado por el fiscal Guillermo Marijuan por supuesto encubrimiento en la desaparición del Loan Danilo Peña. Valdés es uno de los radicales que apoyan la candidatura de Lijo.
–¿Por qué el partido radical demora la convocatoria de la reunión para definir la posición sobre el pliego de Lijo?
–La dilación obedece a que recién arranca el período de impugnaciones en el Senado. En función de las impugnaciones, el comité nacional se va a reunir para discutir esta cuestión, independientemente de que la decisión final puede recaer en el bloque de los senadores.
–¿Sería una sorpresa para usted que Lousteau u otros radicales voten a favor de Lijo? Teniendo en cuenta los antecedentes que describe en su impugnación.
–Desde 1983 a la fecha no existe una propuesta del Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal de Justicia del país que esté tan cuestionada. El Gobierno comete un gran error. Ellos han sacado réditos en materia electoral cuestionando a la corporación y la “casta” política. Si hay una “casta” que se enquista en cada rincón del país, eso tiene que ver con el manejo del poder político sobre el Poder Judicial. Y, en este caso, es el peor mensaje que podemos enviar a la sociedad. La ciudadanía quiere terminar con la corrupción y tener una justicia que garantice la independencia de criterios, los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero la sociedad también pretende que cada funcionario sospechado de corrupción la termine pagando. Lijo no es el mejor ejemplo para que el Poder Ejecutivo pueda proponerlo como ministro de la Corte Suprema.
–¿Por qué cree que Milei sostiene la propuesta de Lijo, pese a las críticas de sus aliados o que hubo más de 300 impugnaciones en el Ministerio de Justicia?
–Porque subestima la inteligencia colectiva de la sociedad argentina. En la medida que se observan determinados resultados económicos, están los que creen que la economía lo “tapa todo”. Pero pierden de vista que una de las razones por la cual gobierna La Libertad Avanza es que la gente se cansó de la corporación nefasta en la Argentina. Y hoy, justamente, de un poder corporativo presentan como candidato a quien no demuestra las condiciones idóneas para ser ministro de la Corte.
–¿Sospecha que hay un pacto entre Milei y el PJ o el kirchnerismo detrás de la propuesta de Lijo? Alberto Fernández, por ejemplo, apoyó la candidatura.
–En la cancha se ven los pingos. Al momento de votar veremos si hay un pacto libertario-kirchnerista. De arranque, ante el silencio del bloque del Frente de Todos, todo indica que hay un acuerdo del kirchnerismo con los libertarios, aunque hay senadores del oficialismo que no están de acuerdo con Lijo.
–¿Nota continuidades entre Milei y el kirchnerismo en materia institucional?
–Con la propuesta de Lijo, el kirchnerismo se quedó chiquito. Es inentendible. Creen que esto va a pasar desapercibido porque la economía se lleva puesto el día a día. La candidatura de Lijo es una cachetada al electorado de Milei y un golpe bajo para los ciudadanos que pretenden que la Corte sea garante de justicia y transparencia, y lejos de cualquier pacto simulado de impunidad.
–¿La apuesta de Milei por Lijo puede generar inseguridad jurídica entre los inversores?
–No alcanza con decisiones económicas que puedan corregir la macro si en la Argentina no logramos fortaleza institucional. No hay ningún inversor serio que pueda proyectar criterios de mediano y largo plazo cuando la Corte no te brinda certezas de idoneidad y de desapego a todo lo que se vincula con el andamiaje tradicional de la Justicia o de pactos corporativos con la política. Es una mala señal.
–De los integrantes de Juntos por el Cambio solo se pronunció la Coalición Cívica. ¿Es llamativo que Pro o la UCR no hayan manifestado una posición a esta altura?
–Hay que ser cautos, porque recién arranca el período de impugnaciones y faltan las audiencias. Muchos definen el voto positivo o negativo al final del camino. Yo tengo la expectativa concreta de que un juez de estas características y con el nivel de impugnaciones no puede prosperar.
–¿Los dirigentes tienen temor a pronunciarse por el poder que ostenta Lijo dado el apoyo de la justicia federal? Ha llamado a senadores para garantizarse los votos.
–Desconozco si llama. No tengo idea. FUENTE: La Nación
