El anuncio fue hecho por la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En el último encuentro, recibió a más de una docena de formoseños que denunciaron persecución política y represión estatal.
Numerosos uniformados de la policía de Formosa, protegieron a dos o más vándalos que robaban carteles de propaganda política. No solo los dejaron irse, mientras los protegían sino que además les dejaron llevarse los carteles robados. Luego en la Comisaría los liberaron. La premisa sería, "Si son oficialistas" pueden cometer cualquier delito.
La religiosa resaltó que: “Nunca me tocó una provincia donde hay tantas víctimas sospechadas de muertes dudosas y me conmovió ver esos rostros jóvenes de policías, prefectos desaparecidos, de muertes dudosas, donde las familias no ha podido velar como corresponde a su ser querido porque no les entregaron el cuerpo o le dieron el cajón cerrado”.
Ninguno de los que estaba en los mandos intermedios y la jefatura de la policía que realizaba espionaje para el gobierno entiende porque los separaron de sus cargos. Varios de ellos componen la policía ideológica de Insfrán comandada por el Ministro de Gobierno, Jorge González.
"Fuimos a cubrir el operativo y nos encontramos con otro operativo exclusivamente previsto para impedir violentamente nuestro acceso a la Escuela Nº 532, "Dr. René Favaloro", con más un centenar de policías de la Brigada de Informaciones y nuestras fotografías en los celulares de una "Patota" dirigida por el dirigente peronista, Daniel Tafetani, quien nos amenazó violentamente con un grupo de fascinerosos contando con la complicidad de la policía de la provincia que dejó la zona liberada" expresaron los periodistas.
Diputados nacionales y de la provincia, denunciaron al gobierno de Gildo Insfrán ante el INADI a efectos de que intervenga en los graves hechos de violaciones a los DDHH. por parte de la policía de la provincia en Ingeniero Juárez.
La legisladora asesoraba a todos quienes estaban privados ilegalmente de su libertad, a pesar de cumplir con todos los protocolos, días de aislamiento e hisopados.
Nuevamente y violando la ley nacional de inteligencia, policías de civil grababan y sacaban fotos a los comerciantes que organizaron la olla popular en la Avenida 25 de Mayo.
La policía de la provincia ha sido denunciada en reiteradas oportunidades durante la pandemia, por violaciones a los derechos humanos y por violencia institucional.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
El gobernador formoseño acusa a Javier Milei de autoritario, pero lo hace con el republicanismo atrofiado tras tres décadas de feudalismo. Señala al otro por concentrar el poder mientras en su provincia la división de poderes es un decorado, la alternancia es imposible y la democracia se reduce a la obediencia al jefe.
