El anuncio fue hecho por la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja. En el último encuentro, recibió a más de una docena de formoseños que denunciaron persecución política y represión estatal.
Numerosos uniformados de la policía de Formosa, protegieron a dos o más vándalos que robaban carteles de propaganda política. No solo los dejaron irse, mientras los protegían sino que además les dejaron llevarse los carteles robados. Luego en la Comisaría los liberaron. La premisa sería, "Si son oficialistas" pueden cometer cualquier delito.
La religiosa resaltó que: “Nunca me tocó una provincia donde hay tantas víctimas sospechadas de muertes dudosas y me conmovió ver esos rostros jóvenes de policías, prefectos desaparecidos, de muertes dudosas, donde las familias no ha podido velar como corresponde a su ser querido porque no les entregaron el cuerpo o le dieron el cajón cerrado”.
Ninguno de los que estaba en los mandos intermedios y la jefatura de la policía que realizaba espionaje para el gobierno entiende porque los separaron de sus cargos. Varios de ellos componen la policía ideológica de Insfrán comandada por el Ministro de Gobierno, Jorge González.
"Fuimos a cubrir el operativo y nos encontramos con otro operativo exclusivamente previsto para impedir violentamente nuestro acceso a la Escuela Nº 532, "Dr. René Favaloro", con más un centenar de policías de la Brigada de Informaciones y nuestras fotografías en los celulares de una "Patota" dirigida por el dirigente peronista, Daniel Tafetani, quien nos amenazó violentamente con un grupo de fascinerosos contando con la complicidad de la policía de la provincia que dejó la zona liberada" expresaron los periodistas.
Diputados nacionales y de la provincia, denunciaron al gobierno de Gildo Insfrán ante el INADI a efectos de que intervenga en los graves hechos de violaciones a los DDHH. por parte de la policía de la provincia en Ingeniero Juárez.
La legisladora asesoraba a todos quienes estaban privados ilegalmente de su libertad, a pesar de cumplir con todos los protocolos, días de aislamiento e hisopados.
Nuevamente y violando la ley nacional de inteligencia, policías de civil grababan y sacaban fotos a los comerciantes que organizaron la olla popular en la Avenida 25 de Mayo.
La policía de la provincia ha sido denunciada en reiteradas oportunidades durante la pandemia, por violaciones a los derechos humanos y por violencia institucional.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Mientras en el país se celebra el éxito del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, en Formosa el oficialismo se aferra a la trampa más vieja del poder: la Ley de Lemas. Nuevo País presentó un proyecto para derogar ese mecanismo perverso que desvirtúa la voluntad popular, pero en la Legislatura gildista las iniciativas que buscan transparencia tienen siempre el mismo destino: el tacho de la basura.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
