Ayer por la tarde hubo un ofrecimiento de la intervención de la obra social estatal que hizo que quedara sin efecto la decisión de cortar los servicios de salud privado el día lunes.
"Queremos metodologías claras de trabajo y la última nota que mandamos todavía no contestaron respecto de si mandamos las pruebas o los pacientes. El espíritu en ACLISA es seguir trabajando con el IASEP y llegar a un acuerdo razonable" afirmaron.
De darse esta situación de abandono de los afiliados confinándolos a ser atendidos en hospitales pero además cobrándoles la orden médica y las prestaciones, el estado estaría utilizando recursos públicos en los nosocomios pero cobrándolos como si fueran privados.
La iniciativa ciudadana fue motivada por la dramática situación de abandono y desprotección de los afiliados de la intervenida Obra Social de los empleados públicos de la Provincia de Formosa, indicaron.
El afiliado deberá llevar las muestras para el análisis histopatológicos a las oficinas administrativas de la obra social para que después vuelvan a ser trasladadas a los laboratorios que correspondan.
Enzo Casadei y Julieta González denunciaron la estafa de la Obra Social y el robo a los empleados estatales de Formosa, que no pueden optar por otra obra social más eficiente, porque están obligados a afiliarse, aportar y sufrir descuentos compulsivos de una obra social, que no administran porque esta hace décadas esta vitaliciamente intervenida por el gobierno de Gildo Insfran.
A partir de ahora y debido a la decisión de los especialistas en anatomía patológica de no atender más por los bajos pagos de la IASEP, los análisis se harán en el Hospital de Alta Complejidad y La Madre y El Niño.
Los referentes de los nucleamientos médicos, laboratorios, clínicas, lejos de obtener una respuesta que oriente la negociación a buen puerto obtuvieron una respuesta, más con olor a extorsión y amenaza, que a una solución aún si esta solución pulveriza el objeto de la propia existencia del IASEP y los millones que todos los meses descuenta a los afiliados. "Los hospitales públicos están preparados para dar una adecuada atención a los afiliados del IASEP" habría sido la respuesta.
La pésima administración del interventor, Claudio Samaniego, ocasiona cada vez más recortes a la obra social que más afiliados tiene en la provincia.
Entre todos los recortes, la de los honorarios ha causado que la mayoría de los odontólogos no atienda con la obra social o cobre en efectivo los tratamientos. En setiembre otro servicio médico vital entraría en conflicto, el de los anestesiólogos.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
