Ayer por la tarde hubo un ofrecimiento de la intervención de la obra social estatal que hizo que quedara sin efecto la decisión de cortar los servicios de salud privado el día lunes.
"Queremos metodologías claras de trabajo y la última nota que mandamos todavía no contestaron respecto de si mandamos las pruebas o los pacientes. El espíritu en ACLISA es seguir trabajando con el IASEP y llegar a un acuerdo razonable" afirmaron.
De darse esta situación de abandono de los afiliados confinándolos a ser atendidos en hospitales pero además cobrándoles la orden médica y las prestaciones, el estado estaría utilizando recursos públicos en los nosocomios pero cobrándolos como si fueran privados.
La iniciativa ciudadana fue motivada por la dramática situación de abandono y desprotección de los afiliados de la intervenida Obra Social de los empleados públicos de la Provincia de Formosa, indicaron.
El afiliado deberá llevar las muestras para el análisis histopatológicos a las oficinas administrativas de la obra social para que después vuelvan a ser trasladadas a los laboratorios que correspondan.
Enzo Casadei y Julieta González denunciaron la estafa de la Obra Social y el robo a los empleados estatales de Formosa, que no pueden optar por otra obra social más eficiente, porque están obligados a afiliarse, aportar y sufrir descuentos compulsivos de una obra social, que no administran porque esta hace décadas esta vitaliciamente intervenida por el gobierno de Gildo Insfran.
A partir de ahora y debido a la decisión de los especialistas en anatomía patológica de no atender más por los bajos pagos de la IASEP, los análisis se harán en el Hospital de Alta Complejidad y La Madre y El Niño.
Los referentes de los nucleamientos médicos, laboratorios, clínicas, lejos de obtener una respuesta que oriente la negociación a buen puerto obtuvieron una respuesta, más con olor a extorsión y amenaza, que a una solución aún si esta solución pulveriza el objeto de la propia existencia del IASEP y los millones que todos los meses descuenta a los afiliados. "Los hospitales públicos están preparados para dar una adecuada atención a los afiliados del IASEP" habría sido la respuesta.
La pésima administración del interventor, Claudio Samaniego, ocasiona cada vez más recortes a la obra social que más afiliados tiene en la provincia.
Entre todos los recortes, la de los honorarios ha causado que la mayoría de los odontólogos no atienda con la obra social o cobre en efectivo los tratamientos. En setiembre otro servicio médico vital entraría en conflicto, el de los anestesiólogos.
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Hasta en la reforma de la Constitución Provincial, Insfrán convierte la campaña en un ejercicio de miedo: introduce cláusulas para blindarse ante una eventual intervención y agita la amenaza del congelamiento de fondos como sinónimo de cesación de pagos. Un objetivo tan miserable como perverso: poner en primera fila del temor a los empleados públicos, sabiendo que dependen del salario estatal para sobrevivir.
El Presidente insiste en culpar al periodismo por las filtraciones que comprometen a Karina Milei, mientras la Justicia le recuerda que las fuentes y el acceso a la información son pilares democráticos.
El expediente N° 341/25, caratulado “Lesncak, Juan Eduardo c/ Fernández Acosta, César Leonardo s/ daños y perjuicios”, fue presentado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 4 de Formosa. La absurda demanda por daño moral, que reclama 72 millones de pesos, expone un nuevo intento del régimen de Insfrán por acallar a la prensa independiente.
