Varios comisarios, incluido el Jefe de la Brigada de Informaciones de la policía de la provincia de Formosa, fueron denunciados por intimidación, amenazas y abuso de autoridad.
Locales11/04/2022
leonardo fernández acostaAdrián Gamarra, periodista, relató que el día de la jura de la bandera sobre la avenida Kirchner, se acerco para tomar unas imágenes para las redes sociales pero no pudo debido a que lo rodearon oficiales de la policía de la provincia, más específicamente de la brigada de informaciones vestidos de civil que lo rodearon y le impidieron moverse, inclusive con amenazas.
“Literalmente me impidieron circular, me persiguieron, me empujaron, me agredieron y casi me rompen la cámara que es mi herramienta de trabajo”.
Gamarra concurrió a la Subcomisaría del Barrio Colluccio a radicar la denuncia de donde, según le informaron será derivada a la Comisaría Sexta para finalmente, terminar en manos del fiscal de turno que dará o no, curso a la misma.
Entre los denunciados están Comisario General, Isaac Traianon, jefe de la brigada de informaciones de la policía de la provincia de Formosa, el Comisario, Miguel Zaragoza, miembro de Informaciones y denunciado por sacar fotos arriba del IAS en las manifestaciones en pandemia, también el Sargento Alejandro Saldívar, otro que espiaba con Zaragoza en el IAS. El oficial principal, Rafael Toyos y el Sargento Palacios de Informaciones.
A pesar de las numerosas causas por espionaje todos los involucrados siguen inamovibles y de manera impune con las mismas actitudes respectos de la prensa y de los ciudadanos comunes.
Varios de los involucrados fueron identificados, espiando desde un Wolkswagen Voyage, de los cuales hay dos.
Uno de ellos lo utiliza el Comisario General, Isaac Traianon de manera personal y el otro lo utilizaban para realizar espionaje de ciudadanos comunes. Ambos vehículos son vehículos oficiales del Ministerio de Seguridad, Justica y Trabajo a cargo de Jorge González.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
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Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
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