El letrado que asesora a los expendedores, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
Locales19/04/2022
leonardo fernández acosta
La Asociación de Expendedores de Combustibles de Formosa se vio obligada a accionar en la Justicia para defenderse de una acusación que efectuó el Defensor del Pueblo Provincial.
La dirigencia expendedora de Formosa debió salir al cruce judicial de una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial 4 de la provincia efectuada por el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, por “especulaciones, abusos y restricciones que provocaron hechos luctuosos”, entre otras cosas.
En el escrito que fue recibido por la Jueza Silvia Noemí Paniagua, el funcionario del Gobierno de Gildo Insfrán, instruyó además a los dueños de Estaciones de Servicio a cesar con el expendio de combustibles a granel en forma indiscriminada, bajo advertencia de inculparlos por “la inminente cierta posibilidad y ocurrencia de un hecho luctuoso”.
La acusación tildó a los empresarios del rubro de ser parte de la posibilidad que se produzca un “siniestro donde se podría ver afectada la vida, la integridad y los bienes de la población, a causa de un incendio o explosión como los ocurridos recientemente”.
Fue así que la entidad respondió que “la Defensoría del Pueblo carece de legitimación para inmiscuirse en la venta de combustibles” y aclaró que “la Asociación empresaria no cumple tareas de control ni de fiscalización sobre la venta de combustibles de la provincia”.
El letrado que asesoró a la entidad presidida por Ángel Luis Bigatti, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
En ese sentido, se preguntó cuál fue la regla que supuestamente rompió la Cámara para ser objeto de esta “desopilante petición”. Alegó que la justicia debe rechazar entonces el concepto vertido pro la defensoría de “medida autosatisfactiva”, por la cual interpretan que los estacioneros buscaron un beneficio por fuera de la ley.
Al respecto, Bigatti dijo que el problema del contrabando en las provincias fronterizas es histórico. “Esta vez le toca al combustible pero que dependiendo las épocas se traslada a otros productos”, sentenció.
Finalmente reclamó que “en lugar de efectuar la tarea de contralor y asistencia social para la cual existe el Estado, pretenden llevarnos a un lugar del que los ciudadanos particulares con su actividad privada no tenemos responsabilidad alguna”. (Surtidores)
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
