El letrado que asesora a los expendedores, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
Locales19/04/2022
leonardo fernández acosta
La Asociación de Expendedores de Combustibles de Formosa se vio obligada a accionar en la Justicia para defenderse de una acusación que efectuó el Defensor del Pueblo Provincial.
La dirigencia expendedora de Formosa debió salir al cruce judicial de una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial 4 de la provincia efectuada por el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, por “especulaciones, abusos y restricciones que provocaron hechos luctuosos”, entre otras cosas.
En el escrito que fue recibido por la Jueza Silvia Noemí Paniagua, el funcionario del Gobierno de Gildo Insfrán, instruyó además a los dueños de Estaciones de Servicio a cesar con el expendio de combustibles a granel en forma indiscriminada, bajo advertencia de inculparlos por “la inminente cierta posibilidad y ocurrencia de un hecho luctuoso”.
La acusación tildó a los empresarios del rubro de ser parte de la posibilidad que se produzca un “siniestro donde se podría ver afectada la vida, la integridad y los bienes de la población, a causa de un incendio o explosión como los ocurridos recientemente”.
Fue así que la entidad respondió que “la Defensoría del Pueblo carece de legitimación para inmiscuirse en la venta de combustibles” y aclaró que “la Asociación empresaria no cumple tareas de control ni de fiscalización sobre la venta de combustibles de la provincia”.
El letrado que asesoró a la entidad presidida por Ángel Luis Bigatti, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
En ese sentido, se preguntó cuál fue la regla que supuestamente rompió la Cámara para ser objeto de esta “desopilante petición”. Alegó que la justicia debe rechazar entonces el concepto vertido pro la defensoría de “medida autosatisfactiva”, por la cual interpretan que los estacioneros buscaron un beneficio por fuera de la ley.
Al respecto, Bigatti dijo que el problema del contrabando en las provincias fronterizas es histórico. “Esta vez le toca al combustible pero que dependiendo las épocas se traslada a otros productos”, sentenció.
Finalmente reclamó que “en lugar de efectuar la tarea de contralor y asistencia social para la cual existe el Estado, pretenden llevarnos a un lugar del que los ciudadanos particulares con su actividad privada no tenemos responsabilidad alguna”. (Surtidores)
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
La Legislatura aprobó un presupuesto con números exactos, cuadros detallados y rigor técnico de utilería. Pero detrás de la escenografía contable, la ley entrega al Ejecutivo una llave maestra: puede cambiarlo cuando quiera, como quiera y sin dar explicaciones. Un presupuesto rígido en el papel y líquido en la realidad.
El jefe del bloque gildista intentó presentar en la sesión por la aprobación del presupuesto, la falta de debate, la concentración del gasto y la hegemonía política como “normalidad democrática”. En realidad, su discurso es una defensa explícita del poder sin controles, disfrazada de victimismo y falsa superioridad moral.
El razonamiento y la manipulación discursiva del diputado, Jorge Román, borra deliberadamente el concepto de federalismo fiscal, que combina recursos compartidos con responsabilidades compartidas. Pero eso no le sirve al relato: la idea de responsabilidad fiscal choca con el modelo de provincia subsidiada que Román busca blindar.
Mientras el Gobierno vende como “equidad territorial” algunos metros de ripio, pavimento e iluminación para la foto, en paralelo refuerza la verdadera obra estratégica del modelo: la modernización de la oficina recaudadora que, con el nuevo presupuesto y el Código Tributario modificado, le permitirá a la ATP aumentar impuestos a discreción (en Clorinda, una ciudad fundida). Desarrollo para la tribuna, presión fiscal para la gente.
Clorinda inaugura una nueva oficina de recaudación impositiva mientras el centro comercial luce cada vez más parecido a una postal de abandono: persianas bajas, locales vacíos, carteles de alquiler y quiebre silencioso de decenas de pequeños comercios que no resistieron los últimos doce meses de recesión, caída del consumo y presión fiscal creciente. Clorinda no necesitaba una nueva oficina de recaudación. Necesitaba oxígeno. Necesitaba un Estado que acompañe al sector privado en lugar de exprimirlo.
La homilía de Conejero expresó una realidad que la sociedad reconoce en su vida cotidiana y que el discurso oficial ya no logra tapar. Las respuestas de Jorge González y Graciela Parola, lejos de desacreditar al Obispo, expusieron el desgaste del relato y el rechazo creciente hacia quienes intentan sostenerlo desde los actos militantes y no desde la calle.
El gobierno de Formosa repudia desde el PJ la situación en Venezuela, pero contrata a médicos que huyeron del chavismo y hoy callan por miedo. Víctimas del exilio, repiten en Formosa el mismo silencio aprendido bajo Maduro, ante un poder que tampoco tolera la crítica.
