El letrado que asesora a los expendedores, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
Locales19/04/2022
leonardo fernández acosta
La Asociación de Expendedores de Combustibles de Formosa se vio obligada a accionar en la Justicia para defenderse de una acusación que efectuó el Defensor del Pueblo Provincial.
La dirigencia expendedora de Formosa debió salir al cruce judicial de una demanda ante el Juzgado Civil y Comercial 4 de la provincia efectuada por el Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca, por “especulaciones, abusos y restricciones que provocaron hechos luctuosos”, entre otras cosas.
En el escrito que fue recibido por la Jueza Silvia Noemí Paniagua, el funcionario del Gobierno de Gildo Insfrán, instruyó además a los dueños de Estaciones de Servicio a cesar con el expendio de combustibles a granel en forma indiscriminada, bajo advertencia de inculparlos por “la inminente cierta posibilidad y ocurrencia de un hecho luctuoso”.
La acusación tildó a los empresarios del rubro de ser parte de la posibilidad que se produzca un “siniestro donde se podría ver afectada la vida, la integridad y los bienes de la población, a causa de un incendio o explosión como los ocurridos recientemente”.
Fue así que la entidad respondió que “la Defensoría del Pueblo carece de legitimación para inmiscuirse en la venta de combustibles” y aclaró que “la Asociación empresaria no cumple tareas de control ni de fiscalización sobre la venta de combustibles de la provincia”.
El letrado que asesoró a la entidad presidida por Ángel Luis Bigatti, declaró en la defensa que “la incompetencia de la Defensoría evidencia la ignorancia sobre las normas legales que regulan la actividad en el territorio de la República Argentina y sus autoridades de control”.
En ese sentido, se preguntó cuál fue la regla que supuestamente rompió la Cámara para ser objeto de esta “desopilante petición”. Alegó que la justicia debe rechazar entonces el concepto vertido pro la defensoría de “medida autosatisfactiva”, por la cual interpretan que los estacioneros buscaron un beneficio por fuera de la ley.
Al respecto, Bigatti dijo que el problema del contrabando en las provincias fronterizas es histórico. “Esta vez le toca al combustible pero que dependiendo las épocas se traslada a otros productos”, sentenció.
Finalmente reclamó que “en lugar de efectuar la tarea de contralor y asistencia social para la cual existe el Estado, pretenden llevarnos a un lugar del que los ciudadanos particulares con su actividad privada no tenemos responsabilidad alguna”. (Surtidores)
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
