Traje a medida: La impunidad consagrada e Insfrán sobreseído en la causa Ciccone

Como se esperaba, el gobernador de Formosa Gildo Insfrán fue sobreseído definitivamente por la Justicia en un desprendimiento de la denominada causa Ciccone, en donde se investigaba un posible delito en la reestructuración de la deuda pública de esa provincia.

En dos fallos sucesivos a los que tuvo acceso Ámbito, el juez Marcelo López Picabea, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional N°4 estableció, luego de casi una década de iniciada la causa y tras la recolección de todas las pruebas posibles, que no hubo delito alguno en la operatoria del mandatario provincial respecto a sus gestiones ante autoridades nacionales y que tampoco existió una intermediación para tal fin, a través de la contratación como consultora de la firma The Old Fund, que tenía como cabeza visible al polémico "arrepentido" Alejandro Vandenbroele.

Para la justicia, no hubo irregularidad alguna en los convenios firmados con Nación ni tampoco hubo objeciones –a lo largo de los años- de parte de ningún organismo de control. Así, no solo el acuerdo de reestructuración fue legal, según se concluyó, sino que además, por el paso del tiempo, terminó siendo cumplido en todos sus términos por parte de la provincia.

Ambas decisiones de López Picabea -según el diario Ambito Financiero- fueron dictadas en noviembre último, aunque no habían trascendido. El Ministerio Público Fiscal no apeló, por lo tanto el sobreseimiento de Insfrán se encuentra firme. El gobernador formoseño había sido acusado por un proceso que se inició en 2009 para la reestructuración de la deuda que la provincia mantenía con la Nación a través de un convenio firmado en junio de ese año con el entonces ministro de Economía Carlos Fernández. En marzo de 2010, se firmó una adenda con su sucesor, Amado Boudou, quien en 2012 comenzó a ser investigado y luego fue condenado por el tramo principal de la causa Ciccone bajo el supuesto de que se interesó indebidamente en la suerte de la imprenta de valores que pudo levantar su quiebra a partir de que Vandenbroele se hizo de su control a través de The Old Fund.

Legales

Sin embargo, en lo que respecta a los convenios, el juez destacó que ni sus pares federales Sebastián Casanello y Ariel Lijo –que analizaron los tramos relacionados a esa investigación- detectaron anormalidad alguna, y que las documentales, informes y testimonios concluyeron que había sido un proceso legal. López Picabea repasó los actos funcionales donde intervino Insfrán y subrayó que ninguno de ellos tuvo relación con la contratación de la firma The Old Fund ni con su presunto servicio de consultoría. Desde 2020, el "arrepentido" quedó en el ojo de la tormenta cuando se descubrió que el Programa de Protección de Testigos durante el gobierno de Mauricio Macri le había pagado una cifra que excedía cualquier parámetro para que instale un hotel, algo que pudo tener directa incidencia con su testimonio como "imputado colaborador" contra Boudou y el resto de los imputados. Por esta sospecha, en febrero una fiscal pidió la indagatoria de todos los funcionarios responsables. Vandenbroele ya había abandonado el programa de testigos protegidos.

Para la justicia, por un lado, ninguno de los decretos dictados por Insfrán tuvo relación con la contratación de The Old Fund, y por el otro, la "consultora" tampoco tuvo intervención alguna en el proceso de reestructuración y firma de convenios por la deuda provincial, lo que despejó la sospecha de que se hubiera intentado dotar de legalidad su participación, como una suerte de retribución hacia Boudou, cuando en realidad el exministro solo firmó la adenda de un convenio que le precedía.

"En su dictado (por los decretos de Insfrán) no media la finalidad atribuida en la imputación sino, categóricamente, que este decreto, a la par de la necesaria aprobación del convenio, con igual o mayor importancia para su ejecución, tuvo la expresa finalidad de garantizar con recursos provinciales el cumplimiento de los pagos comprometidos a la Nación en el convenio suscripto y aprecio que está muy lejos de configurar un aporte personal o una contribución al hecho típico descripto en la acusación", sentenció López Picabea en su escrito de 18 carillas. En otro tramo, aseguró que si bien la sospecha ameritaba la apertura de una investigación, todas las pruebas recabadas "tras la extensa tarea de investigación desarrollada en los juzgados Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" le restaron sustento fáctico y jurídico a la hipótesis delictiva.

Sobreseídos
La misma decisión que tomó sobre Insfrán, el juez la adoptó para el resto de los imputados en el expediente que había pasado a la órbita de la justicia provincial luego de la Cámara Federal de Comodoro Py con la firma de Mariano Llorens dispusiera que la investigación pasara a ese fuero. Estaban implicados funcionarios provinciales. De acuerdo a la Resolución N°50 a la que este diario accedió en exclusiva, se hizo lugar a la "excepción por falta de acción" planteada por las defensas en favor de María Inés Lotto (exministra de Economía de Formosa), el propio Vandenbroele, Jorge Gustavo Martínez, José María Núñez Carmona, Martín Cortés (exdirector del Banco de Formosa) y Boudou. Es decir, se los sobreseyó por la acusación de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función.

Ese planteo había sido interpuesto ante Lijo y la Cámara sostuvo que debía definirlo un juez competente en Formosa dado que implicaba volver a investigar la contratación de The Old Fund por parte de la provincia, algo sobre lo que ya se había expedido la justicia y corría el riesgo de ser considerado una doble persecución penal, algo que prohíbe juzgar dos veces un mismo hecho. Es que por idéntica maniobra el senador radical Luis Naidenoff había radicado una denuncia penal en Formosa. El 3 de junio de 2014, el juez federal Héctor Ricardo Shur, ya había sobreseído por el mismo hecho a Jorge Melchor, titular del Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa, precisamente por esa contratación. El objeto procesal idéntico y la existencia de conexidad que había sido reconocida durante todo el trámite de la investigación por parte de los magistrados intervinientes derivaron en este previsible final. La prueba, nunca acompañó.