Las provincias que más han aumentado su cobertura entre los años 2006 y 2020 son Santiago del Estero (de 81% a 97%), Catamarca (de 90% a 100%) y Formosa (de 94% a 100%).
Locales03/06/2022
leonardo fernández acosta
El acceso al jardín de infantes ha crecido en los últimos años, pero aún falta avanzar en sala de 4 y, especialmente, en sala de 3. En Argentina la sala de 5 tiene una cobertura del 98,1%: se encuentra universalizada desde hace más de 14 años. La sala de 4 tiene una cobertura del 89,1%: ha crecido 33,4 puntos porcentuales desde 2006 (cuando era del 55,7%). La sala de 3 tiene una cobertura del 42,3% (en 2006, la cifra era 27,2%).
Los datos surgen del informe “Acceso y oferta de jardines de infantes”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Melina Furman (UdeSA), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación). El informe analiza la evolución del acceso y la oferta de salas de 3, 4 y 5 años en los jardines de infantes incorporados a la enseñanza oficial, desde 2004 hasta 2020. La cobertura del jardín de infantes se mide observando qué porcentaje de los estudiantes de primer grado en 2020 han asistido previamente a las salas de 3, 4 y 5 años.
En Argentina la sala de 5 es obligatoria desde 1993 y la sala de 4, desde 2014. Si bien la sala de 3 no es obligatoria, la Ley N° 27.045 de 2014 establece que los gobiernos deben garantizar su universalización (es decir, que haya acceso para toda la población que lo demande).
Si se analiza por nivel socioeconómico, en el quintil de menores ingresos, el 90% de los niños de 4 y 5 años está matriculado en el jardín, mientras que la cifra asciende al 99% en el quintil de mayores ingresos (en 2004, las cifras eran 63% y 89%, respectivamente). En otras palabras, la cobertura de las salas obligatorias (4 y 5 años) se universalizó para los niños de mayores ingresos, pero no para los de hogares más pobres.
La oferta de secciones (salas) tuvo un fuerte crecimiento entre 2004 y 2020 en sala de 3 y 4, y en menor medida en sala de 5. En sala de 4, las secciones aumentaron un 90% (105,9% en el sector estatal y un 62,5% en el privado). En sala de 3, las secciones crecieron un 83% (93% en el sector estatal y 71% en el privado). Mientras que en sala de 5, que ya tenía altos niveles de cobertura, las secciones crecieron un 12% (6% en el sector estatal y 30% en el privado).
“Dada la importancia enorme que tiene la asistencia de los niños y niñas al nivel inicial, haber alcanzado y sostenido la universalización de la sala de 5 años y estar cerca de hacerlo en la sala de 4 es un dato sumamente alentador. El informe muestra que este aumento del acceso está relacionado con un aumento de la oferta, es decir, cuando se abre una sala o jardín, estos se llenan. Esto nos habla de la necesidad de aumentar la cantidad de salas de 3 años en todo el país, que aún no son obligatorias”, afirma Melina Furman, coautora del informe.
El 76% de los jardines de infantes son de gestión estatal, mientras que el 24% son de gestión privada. Sin embargo, la proporción de oferta estatal y privada varía según las salas: en sala de 5, el 72,2% de las secciones son gestión estatal, pero la cifra desciende al 69,7% en sala de 4 y al 56,6% en sala de 3.
“El informe muestra un crecimiento en la cobertura y acceso al nivel inicial, particularmente en las salas de 4 y en la población de menores ingresos. Si bien son datos alentadores, que evidencian una democratización, recordemos que cobertura no equivale a calidad. Por otro lado, el informe abre el interrogante por la situación del jardín maternal (para menores de 3 años), donde el crecimiento es más lento y la oferta es escasa, fragmentada y desigual”, señala Gabriela Fairstein, docente e investigadora de la UBA y de FLACSO.
“Nuestro país adhiere a tratados internacionales que ratifican el compromiso de extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños y niñas que viven en situaciones más desfavorables. El primer paso es su pleno reconocimiento en las legislaciones y su concreción a través de políticas públicas, con recursos suficientes para garantizar las especificidades de esta etapa y la identidad pedagógica de la educación inicial”, plantean desde el comité argentino de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP).
Carolina Snaider, doctoranda en Educación por la Universidad de Columbia, sostiene que “la recolección y el uso sistemático de datos es fundamental para la creación de un sistema de primera infancia eficiente y equitativo”. Snaider resalta la necesidad de atender a las desigualdades socioeconómicas: “Los niños más privilegiados aún tienen más probabilidades de asistir al jardín de infantes en comparación con aquellos provenientes de sectores más desfavorecidos”.
Desigualdades provinciales
En 2020 la cobertura de sala de 5 se encuentra por encima del 95% en todas las provincias, con excepción de Buenos Aires (93,4%). Las provincias que más han aumentado su cobertura entre los años 2006 y 2020 son Santiago del Estero (de 81% a 97%), Catamarca (de 90% a 100%) y Formosa (de 94% a 100%).
Las diferencias de cobertura son más marcadas en sala de 4, donde hay 3 provincias con una cobertura menor al 80%: Salta (75,9%), Formosa (76,1%) y Neuquén (77,1%). Por otra parte, 10 provincias tienen una cobertura mayor al 95%: Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
La provincia que más aumentó su cobertura de sala de 4 desde 2006 fue La Pampa (de 17% a 100%, es decir, un aumento de 83 puntos porcentuales), seguida de Misiones (de 13% a 88%), Catamarca (21% a 96%), San Juan (de 26% a 100%), Tucumán (de 15% a 86%), Mendoza (33% a 98%), Corrientes (de 24% a 87%) y Chaco (25% a 88%). Todas estas provincias tuvieron aumentos de más de 60 puntos porcentuales.
Entre 2004 y 2020 las provincias que más expandieron su oferta de salas de 5 fueron Tierra del Fuego (con un aumento del 42,6%), Santiago del Estero (34,4%), Santa Cruz (33,0%).
En el mismo período, las provincias que más expandieron su oferta de salas de 4 fueron La Pampa (680%), Misiones (595%), Salta (526%), San Juan (383%), Catamarca (322%) y Chaco (314%).
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
La UCR formoseña se hunde en su peor crisis histórica. Con el 3,66% de los votos, Miguel Montoya y Agostina Villaggi niegan la realidad, protegen el aparato vacío y planean candidaturas de fantasía mientras el partido se desintegra.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
