Esta condición de los trabajadores refiere a condiciones laborales vulnerables, talleres familiares, agricultura familiar, por encima del sector privado.
Locales08/07/2022
leonardo fernández acosta
Desde hace tiempo que las organizaciones sociales venían asegurando que Formosa es la provincia con más trabajadores en la economía popular.
En ese marco señalaban que había cada vez más demanda de atención en merenderos y comedores. Y vaticinaban que podría haber un estallido social debido al hambre y la desocupación en nuestra provincia.
Recientemente, el sitio Chequeado.com hizo un relevamiento y posterior ranking de los distritos donde estas condiciones laborales superan al sector privado y se reveló que Jujuy está en el cuarto lugar.
Esto a raíz de los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) como el porcentaje de trabajadores registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En 9 provincias del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) las inscripciones al Renatep superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La prevalencia de mayores inscriptos al Renatep sobre la cantidad de asalariados privados también se ve si se observa por grupos etarios: ocurre en el escalafón de 18 a 24 años (27,1% de inscripciones al Renatep versus 6,7% asalariados privados) y en el de 25 a 35 años (37,3% versus 32,1%).
Cabe señalar que no hay una única definición para el término “economía popular”, pero se suele referir con ese concepto a aquellos trabajos que se realizan en un marco de mayor vulnerabilidad que el empleo “tradicional”, en relación de dependencia, con derechos laborales, con un eje empleador-empleado y por fuera de relaciones asalariadas formales. En algunas ocasiones, la economía popular es referida por las organizaciones sociales como la “economía de los excluidos”.
Por lo general, la economía popular suele girar en torno a cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos y talleres familiares, o agricultura familiar.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
