A la lluvia de estafas en billeteras virtuales, transacciones electrónicas se suman los mensajes a celulares por parte de delincuentes que utilizan nombres de conocidos en la ciudad de Formosa o localidades del interior para ofrecer dólares a precios bajos.
Locales20/07/2022
leonardo fernández acosta
A las estafas realizadas con billeteras virtuales, pagos electronicos y transacciones a traves del "Homebanking" se suman los mensajes a través de las redes sociales, a nombre de personas conocidas en la ciudad de Formosa pero con característica 011.
Por WhatsApp llegan mensajes de personas que resultan familiares, evidentemente con un trabajo previo de los estafadores respecto de nombre y apellidos, lo que genera una sensación de cercanía al tratarse a veces de funcionarios, o comerciantes, entre otros.
Ofrecen dólares a precios menores que el mercado paralelo, lo cual hace atractivo a los incautos, en un contexto de creciente inflación y perdida del poder adquisitivo del peso. Les piden una transferencia que por supuesto resulta en una estafa más de tantas que se dan a diario.
Afortunadamente los propios bancos o entidades financieras han encarado una campaña masiva de concientización respecto del manejo de la información de los usuarios de banca electónica por lo tanto, más allá de las recomendaciones específicas, lo mejor es permanecer alerta.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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