La declaración jurada del propio Diego Carbone muestra cómo sus bienes se incrementaron el 518% en cuatro años. Y superan a los de Alberto Fernández. Carbone se hizo notorio cuando se difundió en redes un video de su encuentro con el diputado sanjuanino José Luis Gioja. Entre risas y abrazos, Carbone dice del exgobernador y extitular del PJ: “¡La plata que choreamos con este!”.
Nacionales06/09/2022
leonardo fernández acosta
El jefe de custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández, el comisario retirado Diego Carbone incrementó su patrimonio por 5 en cuatro años, y declaró más patrimonio que el propio presidente Alberto Fernández. Así lo reveló el sitio de investigación BorderPeriodismo, en un informe firmado por Franco Mazzeo, y documentado con facsímil de la declaración jurada de Carbone.
Se muestra allí que hace 5 años, Carbone informó un patrimonio de 2.906.572 pesos con 77 centavos, “lo que significaba ya entonces un aumento del 700% en comparación al del 2011, de tan sólo 363.888 pesos”, según se desprende de la información publicada por el periodista Daniel Seifert en 2018 en BorderPeriodismo.
Añade que “de esos casi 3 millones de pesos de 2018 Diego Carbone aumentó su patrimonio a 17.963.668 pesos» (de 2017 a 2021) y se posiciona por encima de 6 ministros del gobierno nacional, y también por encima del propio presidente: Así posee mayor patrimonio que el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el titular de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, del ministro de Justicia Martín Soria, del superministro de Economía Sergio Massa, del Canciller Santiago Cafiero y de Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del Ministerio de Mujeres y Género”.
Hace notar el trabajo que Carbone cuenta con un patrimonio mayor que el del presidente Alberto Fernández, quien declaró unos $17.833.320.
Carbone se hizo notorio cuando se difundió en redes un video de su encuentro con el diputado sanjuanino José Luis Gioja. Entre risas y abrazos, Carbone dice del exgobernador y extitular del PJ: “¡La plata que choreamos con este!”.
Este excomisario tiene buena relación con Rafa Di Zeo, jefe de la barra de Boca, involucrado en actos violentos.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
