Después de las desafortunadas afirmaciones del legislador por el gildismo en el Congreso de la Nación, el presidente lo citó a una reunión para avalar con la foto el desacierto ante una brutal injerecia sobre el Poder Judicial.
Nacionales07/09/2022
leonardo fernández acosta
El presidente, Alberto Fernández, sostuvo una reunión este martes en Casa Rosada con el senador formoseño José Mayans, quien preside el bloque del Frente de Todos en la cámara alta, con la excusa de analizar la agenda legislativa y los próximos proyectos a debatirse en el Congreso.
Lo cierto es que que Mayans quedó muy mal en la opinión pública, en donde apelaba a la extorsión por sobre el Poder Judicial, supeditando la supuesta paz social, a la suspensión de la causa "Vialidad" en donde Cristina Fernández de Kirchner sería condenada al corto plazo.
"¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso", sostuvo en una entrevista con Radio 10 y esas declaraciones causaron duras críticas en la oposición: "Lo único que garantiza la paz social es el funcionamiento pleno de la Justicia y la igualdad ante la ley, sea la vicepresidenta o el último ciudadano de a pie", le contestó la diputada Graciela Ocaña.
El jueves, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, conmocionó a la sociedad argentina, incluyendo al mandatario y los miembros del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados, se votó una declaración de repudio por el atentado contra la líder peronista, sin embargo, ello todavía no ocurrió en el Senado. Por su parte, el presidente pidió una investigación seria y exigió bajar los niveles de violencia discursiva, por parte de la clase política y los medios de comunicación.
En absoluta contradicción con la propuesta de bajar los niveles de violencia discursiva, el kirchnerismo inició una campaña para homologar el atentado contra la vicepresidente con la causa por corrupción en relación al discurso del odio e impulsa de manera solapada un ley mordaza para censurar, como en Venezuela, los discursos del odio.
La foto del presidente, Alberto Fernández, con el senador, Miguel Mayans, más que para hablar de los proyectos en el Congreso de la Nación, resultó (aunque no se hablara del tema) en un apoyo explícito a conducta sediciosa del legislador insfranista al sugerir la suspensión de la causa contra CFK.
Pero a esta altura de las circunstancias, ninguno de los dos funcionarios hoy logra sostener una buena imagen en la opinión pública por la falta de gestión de ambos en sus respectivos ambitos de competencia.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Desde los fondos oscuros del Cártel de los Soles en Venezuela, pasando por el fideicomiso binacional Argentina–Venezuela y los canales del BANDES y el Banco Nación, hasta aterrizar en Formosa Alimenta, la empresa estatal del gobernador Gildo Insfrán: una red que mezcla política, narcotráfico y poder feudal en el norte argentino.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
