Expertos tributarios del sector expendedor brindaron su oposición a una iniciativa de la Cámara de Diputados que busca equiparar los beneficios de las Estaciones de Servicio del Norte Grande con el diferencial que se aplica a los establecimientos de la Patagonia, dentro de un marco general de creación de “Zonas Francas aduaneras”.
Locales14/09/2022
leonardo fernández acosta
El Diputado del Chaco Juan Manuel Pedrini, presentó un proyecto de ley que si bien no tiene como eje fundamental el impuesto a los combustibles, sugiere un cambio en su manera de aplicación para cumplir con los beneficios fiscales de la propuesta de zonas francas en las que basa su iniciativa.
La iniciativa, que tiene número de Expediente 4704-D-2022, busca establecer condiciones excepcionales para aquellas regiones geográficas que por su situación económica crítica y/o vecindad con otros países, justifiquen la necesidad de este instrumento de excepción.
En este caso el asesor Tributario de la Federación de Entidades de Combustibles Sebastián Vázquez, si bien no opinó sobre la totalidad de la iniciativa, objetó especialmente el Artículo 13 que intenta modificar la ley 23.966, de exención del Impuesto a los Combustibles para el transporte terrestre en el Norte Grande, cuando se destine al transporte de carga por vía terrestre en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero, y Tucumán.
“La eximición lisa y llana trae trastornos en el mercado de los combustibles que está establecido, que aprovisiona convenientemente a los dueños de vehículos y que no necesita de ninguna intervención del Estado”, dijo el tributarista.
En ese sentido, alertó que en la región podría repetirse, el rompimiento de las reglas del juego de la sana competencia como sucedió años atrás cuando se implantó la denominada Ley Pichetto, que dejó en inferioridad de condiciones a las Estaciones de Servicio que estaban por fuera del perímetro de influencia de los beneficios impositivos al combustible.
Vázquez recalcó especialmente que en el momento en que comenzó a regir la zona ampliada de la Patagonia a La Pampa y Carmen de Patagones, las Estaciones de Servicio mayormente castigadas fueron las de la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Sur de Córdoba que eran linderas a esa área exenta.
En ese contexto, propuso que se implemente una modificación al proyecto para que tenga en cuenta un “Régimen de devolución” por el cual las empresas que compran combustible en la región de diferencial impositivo, soliciten el reintegro de la suma contra la presentación de la factura correspondiente en la AFIP.
El especialista explicó que de esta manera, el beneficio le llega directamente al sujeto que consume, mediante un mecanismo de devolución a contribuyentes que apliquen una serie de requisitos fiscales y tengan domicilio en el área de zonas francas.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
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