Las internas en el PJ son descarnadas y en la Comisión de Fomento de San Hilario, la presidente del cuerpo, de manera unilateral y sin el debido proceso, suspendió y le quito el sueldo al legislador comunal, Leonardo Coronel.
Interior04/01/2023
leonardo fernández acosta
La presidente de la Comisión de Fomento de San Hilario, María Elena Ortíz, basada en el informe del tesorero y el jefe contable del cuerpo, decidió de manera unilateral bloquear la cuenta del concejal, Leonardo Coronel, con quien mantiene profundas diferencias en la internas pejotistas.
No se formó una comisión investigadora, no se respetó el debido proceso ni el debido derecho a defensa y la argumentación de la decisión, se basó en la incompatibilidad del concejal Coronel, al percibir la dieta como legislador comunal y un sueldo de retirado de la policía de la provincia.
Pero además, también tomo la decisión de supenderlo en sus funciones sin llevar la cuestión al cuerpo que según las normativas, es el único que puede determinar este tipo de resoluciones.
Según entiende el afectado, no estaría violando ningún artículo acerca de la compatibilidad y lo contemplado en la Ley 1028 pero lo cierto es que la situación debería aclararse con el debido proceso y con una comisión conformada al respecto por tratarse de un concejal electo por el voto ciudadano.
Lo cierto es que las internas salvajes del peronismo, hacen que los mismos de siempre, decidan quien cae en desgracia o quien no, ya que Leonardo Coronel se desempeña como funcionario público desde el año 2013, según sus propios dichos y nunca tuvo problema alguno.
El legislador de San Hilario, afirmó que iniciará acciones judiciales a todos los involucrados y considera que el hecho configura una clara persecución política "para doblegar mis pensamientos por pensar distinto, por hacer el bien y por acompañar al pueblo. Lo hacen de manera arbitraria y autoritaria sin respetar el debido proceso".
La jueza Sánchez se descompensó, pero lo que se activó no fue un protocolo sanitario, sino la maquinaria del miedo: patrullas, forenses, silencio oficial y amenazas a periodistas que hicieron su trabajo.
El intendente Mario Brignole juega al macho montado con rebenque en mano para amedrentar a la oposición, pero tiembla de miedo cuando el Ejército anuncia maniobras en su camping. Gaucho para agredir mujeres, pero cobarde cuando no controla los uniformes. La síntesis perfecta del modelo formoseño: bravuconería para los débiles, sumisión ante el poder real.
Escrutadas 140 mesas de 145 de la ciudad de Clorinda, los números dan como nuevo intendente de Clorinda a quien se desempeñaba en el cargo como interino, ante el fallecimiento del ex intendente, Manuel Celauro. Marcelo Ocampo de LLA fue el mejor ubicado de la oposición pero lejos del ganador. Los números jubilaron a los candidatos de la UCR.
Es la segunda vez que en esa localidad habría ocurrido un hecho aberrante que tiene como involucrados a personajes cercanos a la intendencia pero no hay pronunciamiento alguno del propio intendente, ni de ningún organismo provincial o de alguien que haya marchado en la contra el fascismo.
Mientras el intendente Atilio Basualdo lucha por no ser asfixiado financieramente, el gobernador se lanza a inaugurar toboganes y piletas en un Parque Acuático.
Cuando un legislador es sancionado por sus opiniones, especialmente si estas versan sobre cuestiones como la corrupción, se abre el debate sobre la libertad de expresión y el autoritarismo o la censura pero no es el mismo caso que un legislador suspendido por supuestos hechos de violencia de género planteados en primera instancia en el Tribunal de Familia y ahora en la fiscalia como denuncia penal ( exp 551/24) .
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
