leonardo fernández acosta
En Las Lomitas no está en discusión un nombre, un apellido ni un estilo de gestión. Lo que está en disputa es algo mucho más grave: el respeto al orden institucional frente a un intento de golpe blando promovido por viejos personeros del poder provincial, esos apellidos que hace décadas sobrevivieron como parásitos del presupuesto municipal.
La escena es conocida: renuncia el intendente Atilio Basualdo, quedan menos de dos años de mandato, y la ley es cristalina sobre lo que debe ocurrir. Tan simple como esto: debe completar el período el presidente del Concejo Deliberante, en este caso ya definido por el propio cuerpo legislativo. Eso dicen las normas, eso manda el sistema republicano, y eso garantiza gobernabilidad.
Pero cuando en Formosa la ley estorba, aparecen los emisarios de siempre: operadores enviados por el gildismo para torcer lo que no puede ser torcido.
La ley no deja margen: no hay elección, no hay “voluntad popular reinterpretada”, no hay sucesión hereditaria La Ley 1.028 de Municipios, en su artículo 58 y concordantes, establece con claridad el mecanismo de reemplazo: si el intendente renuncia, asume el presidente del Concejo Deliberante por el tiempo restante del mandato.
Y el artículo 60 refuerza que las elecciones extraordinarias solo proceden si la vacancia se produce antes de los dos años de mandato, cosa que no ocurre en este caso. Además, la Constitución Provincial, en su artículo 132, respalda el principio de continuidad institucional sin manipulación política: los mandatos deben completarse mediante las autoridades establecidas por la legislación municipal.
En síntesis: no existe base legal alguna para convocar a elecciones anticipadas ni para bloquear la asunción del presidente del Concejo. Lo contrario es un atropello.
La operación: viejos apellidos, sesiones improvisadas y un discurso fabricado
En las últimas horas, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza, de la familia Meza que goberno por años Las Lomitas como un feudo, salió a denunciar ante los medios un supuesto “reclamo social” para que se convoque a elecciones. Un relato hecho a medida para justificar un asalto institucional que no puede sostenerse en ninguna norma.
Según Martínez Meza, “el pueblo quiere ir a elecciones porque nadie votó a Pablo Basualdo”. La frase es útil políticamente, pero jurídicamente es humo. Y lo sabe. Primero, porque Pablo Basualdo no es quien debe asumir, sino el presidente del Concejo Deliberante, tal como dispone la ley. Segundo, porque la sucesión directa no es un invento de Las Lomitas: es el mecanismo previsto para resguardar el orden democrático ante una renuncia.
Tercero, porque su “reclamo social” aparece mágicamente después de que personajes conocidos del gildismo desembarcaron en el pueblo para “ordenar” la transición.
Martínez Meza también admitió que la sesión extraordinaria se convocó “sobre la hora”, sin temario claro y sin definir la cobertura del cargo vacante en el Concejo. Nada de eso es casual: el caos improvisado es parte de la estrategia para generar vacío institucional y justificar una intervención política de hecho.
La maniobra burda de un personaje del grotesco gildista es fabricar una crisis para imponer una solución ilícita Los golpistas intentan instalar la idea de que la legitimidad electoral se reconstituye con una nueva elección. Falso. Los mandatos no se interrumpen porque a un grupo de operadores no les gustó quién queda al frente.
El principio republicano es simple, las instituciones no se cambian en función de simpatías, sino conforme a la ley. Sin embargo, algunos actores, con apellidos que en Las Lomitas evocan a verdaderos patrones de estancia y el nepotismo más obsceno, intentan imponer un camino ilegal para capturar el municipio, aprovechando la renuncia del intendente. Quieren convertir un procedimiento ordinario de sucesión en una crisis fabricada.
Lo que está en juego no es el apellido Basualdo, tampoco es el apellido Meza. No es siquiera la disputa local. Lo que está en juego es si un municipio puede ser tomado por asalto, torciendo las normas para satisfacer intereses de una facción política con conexiones provinciales.
En Las Lomitas si sucediera otra cosa, sería violar la ley que es inequívoca. Los plazos son inequívocos. La sucesión es inequívoca. La única discusión está entre respetar la institucionalidad o permitir que una camarilla de apellido conocido la destroce para su conveniencia.
En este momento Las Lomitas no necesita salvadores oportunistas, necesita legalidad Las Lomitas no necesita más caos fabricado ni más discursos de aparente “defensa de la legitimidad” pronunciados por quienes nunca la respetaron. Necesita lo que la ley manda: que asuma el presidente del Concejo Deliberante y se complete el mandato como corresponde.
Todo lo demás, entre sesiones improvisadas, relatos prestados, denuncias de legitimidad sobreactuadas y viejos apellidos moviendo hilos, no es política, es un intento de golpe institucional en construcción.
Y Las Lomitas ya tiene demasiada historia para permitir que la escriban, una vez más, los de siempre.
