El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Carbajal, denunció el ingreso ilegal de personal en Aduana Clorinda y el desplazamiento de aspirantes que habían concursado exitosamente para ingresar al organismo nacional.
Locales19/01/2023
leonardo fernández acosta
En una nota dirigida al director general de aduanas, Guillermo Michel, el legislador de la UCR pidió la intervención directa del funcionario ¨en la grave situación planteada en la Delegación Clorinda – Provincia de Formosa de la Administración Nacional de Aduanas, hechos que son de gravedad institucional y que conllevan responsabilidades jurídicas para el Estado Nacional, la ANA y los funcionarios involucrados en los hechos denunciados. ¨Al respecto, Carbajal recordó que ¨En el año 2022 un grupo de ciudadanos se sometieron a un escrupuloso examen de idoneidad para acceder a cargos vacantes en la aduana de Clorinda, y luego del mismo quedaron seleccionados para acceder a los mismos".
Indico que en el mes de mayo del año 2022 estos ciudadanos recibieron una comunicación formal de esa Administración en la que se les comunica ¨su formal ingreso a la administración pública , con el agravante que les exigió que no tuviera tener ninguna otra relación laboral, lo cual motivo que cuanto menos algunos de ellos, presentaran su renuncia a sus lugares de trabajo para acceder al nuevo cargo, lo cual hicieron".
"Sin embargo- denunció-, allí comenzaron los problemas, pues la administración comenzó a dilatar el ingreso formal comprometido con diversos y diferentes pretextos que los empleados esperaron pacientemente a la espera de iniciar el trabajo".
En su nota a Michel, el legislador Nacional señaló que "esa paciencia llego a su fin cuando en el mes de diciembre de 2022, durante su gestión, se decidió ignorar el proceso de selección por idoneidad y hacer ingresar por la ventana como contratados a un grupo de acomodados del Senador Nacional Mayans, quebrantando los propios actos de la Administración, la constitución Nacional y elementales principios de decencia. Según la información publicada todos los que han ingresado son por acomodo político y vínculos familiares con dirigentes cercanos a su entorno político".
"Es jurídicamente discutible que el Estado como persona jurídica, pueda actuar con crueldad, pero es indudable que los funcionarios superiores y la cadena de mandos inferior, si puede hacerlo, de otro modo no se explica semejante actuación de la Administración Nacional de Aduanas que Ud. administra "manifestó Carbajal al funcionario.
En este sentido consideró que "de por si sería grave que, como lamentablemente sucede en muchas áreas del Estado, se prescinda de la evaluación de idoneidad para ingresar a la administración. Pero que se asuma el compromiso con un grupo de ciudadanos de ingresarlos, exigirles la renuncia, y luego recurrir al lamentable mecanismo del acomodo político, es casi un acto de perversión administrativa".
Para el diputado nacional de Juntos por el Cambio "prometer a un grupo de jóvenes el ingreso a un trabajo por idoneidad, hacerlos renunciar a sus empleos porque en dos días ingresaban en la Aduana, para luego dejarlos 7 meses tirados sin respuesta y, finalmente, hacer entrar a
los amigos y parientes de un Senador, además de la ilicitud y las consecuencias jurídicas, constituye un acto de crueldad que exhibe con impudicia el nivel de decadencia a que están llevando a las instituciones del Estado".
"Por las razones expuestas, requiero de Ud. su personal intervención para revertir estos actos canallescos del Estado por Ud. representado, y le exijo actúe en el marco de la Constitución, la Ley, y los propios actos internos de selección cumplidos por esa institución; y si no es mucho pedir, también conforme elementales principios de buena fe, decencia, honestidad y cumplimiento de los compromisos asumidos", finalizó Carbajal en su nota al director general de Aduanas.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
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Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
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La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
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