Aseguraron que una porción mayoritaria de los habitantes de la provincia no puede acceder regular y libremente a este derecho y en períodos críticos se ve obligada a realizar erogaciones exorbitantes para adquirir agua, proveída por camiones cisterna que abastecen sus tanques domiciliarios, “Teniendo siempre prioridad aquellos funcionarios, simpatizantes y/o punteros del signo político gobernante” expresaron.
Locales03/02/2023
leonardo fernández acosta
Los diputados por el bloque, “Floro Eleuterio Bogado”, Gabriela Neme y Adrián Bogado presentaron el primer proyecto del año en la cámara inherente a la emergencia hídrica en la provincia de Formosa.
El mismo trata acerca de brindar los recursos e instrumentos que permitan enfrentar la crisis, atender las urgencias y buscar soluciones sustentables y duraderas para las zonas afectadas, “Adoptando las medidas necesarias a fin de preservar la vida, la salud y la actividad productiva agrícola ganadera”.
Comprende a localidades del interior provincial como a los barrios de la ciudad capital, Laura Vicuña, San Antonio, Lote 110, Lote 111 y Villa del Carmen, “Todo ello producto de la imprevisibilidad de un gobierno de 28 años, en un territorio, rodeado de ríos y riachos” manifestaron los legisladores.
Explicaron además que: “El escenario se agrava, no solo por la falta del servicio esencial, sino porque el mismo se da en un marco generalizado de crisis acentuada por factores económicos, climáticos, inequidad en la relación de crecimiento poblacional e infraestructura de servicios, etc”.
Estimaron que los reclamos han ido en aumento en las distintas localidades ante la evidente falta de inversión y desarrollo de infraestructura.
“Nuestra carta magna en su artículo 41 reza que: “Todos los habitantes gozan del derecho aun ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo” afirmaron.
Aseguraron que una porción mayoritaria de los habitantes de la provincia no puede acceder regular y libremente a este derecho y en períodos críticos se ve obligada a realizar erogaciones exorbitantes para adquirir agua, proveída por camiones cisterna que abastecen sus tanques domiciliarios, “Teniendo siempre prioridad aquellos funcionarios, simpatizantes y/o punteros del signo político gobernante” expresaron.
El proyecto finaliza manifestando que se debe brindar una asistencia integral, con la implementación de una línea de créditos y prestaciones a tasa cero y con un año de gracia para favorecer las actividades productivas.
De la misma manera favorecer la construcción de aljibes, fuentes, perforaciones de exploración y de pozos de explotación para distintos usos (agua potable, riego, ganadero, recreativo, etc. y la instalación de canaletas en las viviendas particulares, organismos públicos, escuelas, hospitales y delegaciones policiales con el objeto de almacenar agua proveniente de diversas fuentes y de esta manera fomentar la cosecha de agua.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
