El Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de Mujeres de la Nación publicó un informe sobre la participación de las mujeres en el mundo laboral. 6 de cada 10 mujeres se ubican en los estratos de menores remuneraciones.
Nacionales07/02/2023
leonardo fernández acosta
El informe sobre la participación de las mujeres en el trabajo, el ingreso y la producción, presentado por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, arrojó que las mujeres perciben ingresos que, en promedio, son un 28,1% menores que los de los varones.
En este sentido, el documento revela que están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos, siendo que 6 de cada 10 mujeres se ubican en los estratos bajos, representando el 64% del total. Al mismo tiempo, el informe detalla que en el segmento de mayores ingresos las mujeres son minoría y representan solo el 36% del total.
Sobre la participación de las mujeres en el mundo laboral, el informe destaca que la tasa de actividad para la población de 14 años y más presenta una brecha de 18,4 puntos porcentuales, siendo del 51,7% para las mujeres y del 70,1% para los varones. Asimismo, la tasa de desocupación es del 7,8% para las mujeres, mientras que para los varones es del 6,1%, con una brecha de 1,7 puntos porcentuales.
La incidencia de formas de trabajo no registrado en las relaciones asalariadas es mayor en las mujeres que en los varones. La tasa de informalidad es del 39,3% en las mujeres, lo que indica que están más expuestas a trabajos precarios sin acceso a la seguridad social (aportes jubilatorios, obra social, entre otros) ni al resto de sus derechos laborales.
Al analizar la composición de la ocupación según rama de actividad, el informe detalla que existe una marcada segregación horizontal: las mujeres son mayoría en los sectores de servicio doméstico, donde representan el 97,2%, en salud (72,3%) y en educación (71,5%); actividades que se encuentran socialmente asociadas a trabajos de cuidado. De hecho, casi 4 de cada 10 mujeres ocupadas se insertan en alguno de estos tres sectores. Como contrapunto, se detalla que los varones son mayoría en los sectores de la industria (64,5%), transporte (85,8%) y construcción (96,8%).
Techo de cristal
Asimismo, las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a puestos de dirección y de toma de decisiones en el mundo del trabajo, el empleo y la producción, fenómeno conocido como segregación vertical o “techo de cristal”. Según datos del informe, solo el 5,1% de las mujeres ocupadas acceden a cargos de dirección o jefatura, mientras que el 8,4% de los varones ocupan ese tipo de cargos.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
En la provincia “más barata” del país, el salario promedio del empleado público no alcanza para vivir: llenar el changuito exige destinar todo el sueldo a alimentos, dejando afuera alquiler, servicios y transporte. Por eso, el changuito completo no existe: se compra menos, se recorta y se sobrevive.
Lo que está en juego excede largamente una polémica circunstancial o una pelea de redes sociales. Aquí se expone un mecanismo preocupante: un alto funcionario provincial se vale de registros sensibles, de procedencia nunca aclarada, para montar una operación de desgaste contra una dirigente opositora, amparado en un anonimato tan oportuno como funcional y amplificado por el aparato mediático oficial. No es azar ni torpeza: es un libreto conocido que muestra cómo el poder administra la intimidación desde el Estado.
La detención de un ex concejal de Pirané con cinco kilos de marihuana, cocaína y dinero en efectivo no puede ser presentada como un problema de adicciones ni como un drama familiar. Se trata de un caso de narcotráfico que involucra a una figura pública y que tiene consecuencias políticas directas para su padre, ex intendente y actual referente de La Libertad Avanza, que intenta correr el eje del hecho hacia la victimización personal para diluir responsabilidades institucionales.
La coparticipación es el arma de castigo de Insfrán: en su Formosa, un ciudadano de un municipio leal vale nueve veces más que uno de un pueblo disidente. No es gestión, es venganza política. La lealtad se paga con el hambre ajeno.
Detrás del "Modelo Formoseño", un esquema de capitalismo de amigos: el Estado como socio oculto y garante de negocios presentados como privados en donde REFSA funciona más como una caja política y un operador financiero opaco que como una empresa al servicio del bienestar público.
