Javier Milei enfrenta una denuncia por vacancia presidencial debido a presuntas irregularidades y ausencias en el ejercicio de sus funciones, generando un intenso debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional en Argentina. El que lo denuncia se autodenomina presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires.
Nacionales17/12/2024
leonardo fernández acosta
La reciente denuncia presentada por el abogado Juan Ricardo Mussa ante la Justicia Federal, que invoca normativa constitucional y penal, se centra en un hecho inaudito: la ausencia del presidente de la Nación, Javier Milei, tras realizar un viaje no oficial a Italia, dejando al país sin un traspaso formal del mando a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según la denuncia, este vacío de poder pone en jaque la institucionalidad argentina.
Una acusación sin precedentes
En su presentación, Mussa denuncia que el 12 de diciembre de 2024, Milei abandonó el territorio nacional a bordo de un Dassault Falcon 900. Su destino no era otro que Roma, donde se lo vio paseando junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Mientras tanto, el país quedó sumido en una acefalía temporal que, según el denunciante, es una clara violación del artículo 88 de la constitución nacional y de laley 20.972 de acefalía.
La gravedad de la situación, según la denuncia, radica en que Milei no formalizó el traspaso de mando mediante el acta correspondiente firmada por el escribano General de Gobierno. Esto generó un vacío de poder de varias horas, durante las cuales el ejecutivo quedó sin una cabeza formal. Victoria Villarruel, que debería haber asumido la presidencia temporal, no fue debidamente informada, según sus propias declaraciones.
Entre romance y caos político
“Me importa un carajo, me voy a ver a la 'Tana'”, habría dicho Milei según la denuncia, dejando en claro su desprecio por las responsabilidades que implica liderar el país. Este hecho se suma a sus recientes declaraciones en Italia: “Desprecio al estado, estoy para destruirlo”, que reflejan una visión abiertamente anárquica que preocupa tanto a oficialistas como a opositores.
El contexto político no podría ser más tenso. Desde Roma, Milei desautorizó una sesión parlamentaria que culminó con la remoción del legislador aliado Edgardo Kueider, calificándola de “inválida”. La relación entre el presidente y su vicepresidenta también parece estar en su punto más bajo, con acusaciones cruzadas que dejan al gobierno tambaleante.
Los argumentos legales de la denuncia
La presentación de Mussa invoca una serie de normativas legales y constitucionales, como los artículos 88 y 101 de la constitución nacional y varias disposiciones del código penal. Entre los delitos imputados se encuentran traición a la patria, abuso de autoridad, violación de la ética pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El denunciante también solicita medidas de prueba, como la citación del escribano general Martín Rodríguez Giesso y de la propia Villarruel, además de pericias caligráficas sobre los registros de traspaso de mando. La investigación también podría determinar si existieron irregularidades en otras situaciones similares.
Un gobierno en jaque
Este episodio no solo evidencia una alarmante falta de profesionalismo por parte del mandatario, sino también abre una puerta peligrosa a crisis institucionales más profundas. La oposición ya está utilizando el caso como munición política, mientras que desde el oficialismo intentan minimizar el impacto mediático.
La denuncia también expone las fisuras internas en la coalición gobernante. La ausencia de Milei generó especulaciones sobre la posibilidad de que la oposición, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, hubiera utilizado la situación para imponer un golpe político, algo que no llegó a concretarse por falta de apoyo suficiente.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de decidir si avanza con el caso y, eventualmente, si se impulsa un juicio político contra el presidente. Mientras tanto, la opinión pública se mantiene expectante ante un gobierno que parece priorizar los asuntos personales sobre los deberes institucionales. Fuente: Realpolitik.com
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
