Javier Milei enfrenta una denuncia por vacancia presidencial debido a presuntas irregularidades y ausencias en el ejercicio de sus funciones, generando un intenso debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional en Argentina. El que lo denuncia se autodenomina presidente de La Libertad Avanza Buenos Aires.
Nacionales17/12/2024
leonardo fernández acosta
La reciente denuncia presentada por el abogado Juan Ricardo Mussa ante la Justicia Federal, que invoca normativa constitucional y penal, se centra en un hecho inaudito: la ausencia del presidente de la Nación, Javier Milei, tras realizar un viaje no oficial a Italia, dejando al país sin un traspaso formal del mando a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según la denuncia, este vacío de poder pone en jaque la institucionalidad argentina.
Una acusación sin precedentes
En su presentación, Mussa denuncia que el 12 de diciembre de 2024, Milei abandonó el territorio nacional a bordo de un Dassault Falcon 900. Su destino no era otro que Roma, donde se lo vio paseando junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Mientras tanto, el país quedó sumido en una acefalía temporal que, según el denunciante, es una clara violación del artículo 88 de la constitución nacional y de laley 20.972 de acefalía.
La gravedad de la situación, según la denuncia, radica en que Milei no formalizó el traspaso de mando mediante el acta correspondiente firmada por el escribano General de Gobierno. Esto generó un vacío de poder de varias horas, durante las cuales el ejecutivo quedó sin una cabeza formal. Victoria Villarruel, que debería haber asumido la presidencia temporal, no fue debidamente informada, según sus propias declaraciones.
Entre romance y caos político
“Me importa un carajo, me voy a ver a la 'Tana'”, habría dicho Milei según la denuncia, dejando en claro su desprecio por las responsabilidades que implica liderar el país. Este hecho se suma a sus recientes declaraciones en Italia: “Desprecio al estado, estoy para destruirlo”, que reflejan una visión abiertamente anárquica que preocupa tanto a oficialistas como a opositores.
El contexto político no podría ser más tenso. Desde Roma, Milei desautorizó una sesión parlamentaria que culminó con la remoción del legislador aliado Edgardo Kueider, calificándola de “inválida”. La relación entre el presidente y su vicepresidenta también parece estar en su punto más bajo, con acusaciones cruzadas que dejan al gobierno tambaleante.
Los argumentos legales de la denuncia
La presentación de Mussa invoca una serie de normativas legales y constitucionales, como los artículos 88 y 101 de la constitución nacional y varias disposiciones del código penal. Entre los delitos imputados se encuentran traición a la patria, abuso de autoridad, violación de la ética pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El denunciante también solicita medidas de prueba, como la citación del escribano general Martín Rodríguez Giesso y de la propia Villarruel, además de pericias caligráficas sobre los registros de traspaso de mando. La investigación también podría determinar si existieron irregularidades en otras situaciones similares.
Un gobierno en jaque
Este episodio no solo evidencia una alarmante falta de profesionalismo por parte del mandatario, sino también abre una puerta peligrosa a crisis institucionales más profundas. La oposición ya está utilizando el caso como munición política, mientras que desde el oficialismo intentan minimizar el impacto mediático.
La denuncia también expone las fisuras internas en la coalición gobernante. La ausencia de Milei generó especulaciones sobre la posibilidad de que la oposición, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, hubiera utilizado la situación para imponer un golpe político, algo que no llegó a concretarse por falta de apoyo suficiente.
Ahora será la Justicia Federal la encargada de decidir si avanza con el caso y, eventualmente, si se impulsa un juicio político contra el presidente. Mientras tanto, la opinión pública se mantiene expectante ante un gobierno que parece priorizar los asuntos personales sobre los deberes institucionales. Fuente: Realpolitik.com
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Fue en una conferencia de prensa conjunta entre Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La baja para los principales cultivos será hasta junio.
El jefe del bloque de UP criticó al Tribunal Supremo porque “es funcional a este gobierno. Juegan más a la política que a la justicia”. Así, defendió a Gildo Insfran: “Ha hecho una administración increíble”, y consideró que la vacante en la Corte la tiene que ocupar una mujer.
Mientras que en el acumulado anual, el Nordeste suma 98% de inflación, muy por debajo de los 112% del promedio nacional y del 107,1% del NOA que es la segunda región con menor inflación en lo que va del año.
Gerardo “Quini Seis” González, el diputado que ni Milei quería mostrar, pasó de libertario trucho a traidor profesional: acomodó amantes, vendió remeras al Estado, se entregó a Insfrán y ahora juega a la extorsión política para estirar su vida útil de parásito con fueros.
La Convención Constituyente de Formosa aceptó en bloque las renuncias de cinco opositores y expulsó a Francisco Paoltroni, en un nuevo capítulo de obediencia ciega al régimen. Lo que debería ser un espacio de debate se transformó en la caricatura de una institución democrática, donde disentir con Insfrán equivale a cometer “traición a la provincia”.
En Formosa, la operadora Patricia García —ligada al diputado Gerardo González— habría replicado el esquema de coimas que estalló en Chaco y en el ANDIS: aprietes a prestadores del PAMI, descuentos compulsivos a empleados y manejos turbios de fondos públicos. Lo que en otras provincias ya llegó a la Justicia, aquí sigue siendo un secreto a voces, protegido por la impunidad. Con la nueva conducción de LLA en manos de Atilio Basualdo, Gabriela Neme y Francisco Paoltroni, la incógnita es si habrá denuncias o si la corrupción seguirá bajo la alfombra.
La jura de suplentes en la Constituyente terminó exhibiendo al radicalismo dividido, con un oficialismo que capitalizó la confusión y un Juan Carlos Leguizamón que, molesto y desplazado, acusó a sus correligionarios de traicionarlo para no quedar pegados al gildismo
En medio de la décima sesión constituyente, el convencional dejó plantados a Gabriela Neme y a la militancia de Nuevo País para crear su bloque unipersonal. Con acusaciones de “negociar solo” con el oficialismo, Servín quedó señalado como el nuevo ejemplo de cooptación política en Formosa.
