Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S8.500 millones y hasta unos U$S20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza. No solo votaron legisladores formoseños del PJ sino también de la UCR.
Locales01/04/2023
leonardo fernández acosta
Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.
La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos ayer por el tribunal.
Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S8.500 millones y hasta unos U$S20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.
Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.
Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.
Legisladores por Formosa que votaron la estatización
En la Cámara de diputados, quienes estaban cumpliendo su mandato y votaron a favor de la estatización de YPF, fueron los diputados nacionales de Formosa, Luis Eugenio Basterra, Ricardo Buryaile, Juan Carlos Díaz Roig, Carlos Donkin e Ines Lotto.
En tanto que los senadores nacionales en ejercicio por la provincia de Formosa que votaron a favor de la estatización, fueron el senador, Luis Naidenoff, Miguel Mayans y Graciela de la Rosa.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
