Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S8.500 millones y hasta unos U$S20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza. No solo votaron legisladores formoseños del PJ sino también de la UCR.
Locales01/04/2023
leonardo fernández acosta
Finalmente, luego de más de siete años de un largo y complejo proceso judicial en Estados Unidos, la jueza Loretta Preska, titular del tribunal del Distrito Sur de Manhattan, falló en el caso por la expropiación de YPF, dispuesta por Cristina Kirchner durante su segundo mandato en el año 2012.
La decisión fue favorable para la petrolera de bandera, aunque no para la Nación Argentina que deberá seguir pujando en EEUU contra el fondo Burford, que le compró el derecho a litigar a empresas privadas –que eran accionistas de la petrolera y en su momento aseguraron haber sido perjudicadas–, y cuyos derechos fueron reconocidos ayer por el tribunal.
Preska aseguró que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. Presta dijo, además, que las pretensiones de los demandantes son válidas según la ley local, que usó para juzgar el caso.
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y estimando diferentes escenarios de intereses a lo largo de todo el juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre U$S8.500 millones y hasta unos U$S20.000 millones. Con todo, la palabra final la tendrá la jueza.
Luego de conocerse el fallo, la acción de Burford, que cotiza en la bolsa de Londres, saltó más de 31 por ciento. El papel de YPF, en tanto, tenía un alza de 2 por ciento.
Preska dijo que YPF no es responsable, pero que Argentina sí. Resta establecer cuál será el monto del daño provocado, algo que se determinará en el juicio. “En resumen, el Estado está condenado y tendrá que pagar. Hay apelaciones y cuando quede firme, el juicio puede tardar un año, al menos”, destacó una fuente cercana a la causa.
Legisladores por Formosa que votaron la estatización
En la Cámara de diputados, quienes estaban cumpliendo su mandato y votaron a favor de la estatización de YPF, fueron los diputados nacionales de Formosa, Luis Eugenio Basterra, Ricardo Buryaile, Juan Carlos Díaz Roig, Carlos Donkin e Ines Lotto.
En tanto que los senadores nacionales en ejercicio por la provincia de Formosa que votaron a favor de la estatización, fueron el senador, Luis Naidenoff, Miguel Mayans y Graciela de la Rosa.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
