El diputado nacional por el radicalismo habría tramitado el cambio de domicilio en el año 2018 por lo que no reuniría uno de los requisitos excluyentes que determina la Constitución Provincial para el cargo.
Locales12/05/2023
leonardo fernández acosta
En la Tercera Parte de la Constitución Provincial de Formosa, inherente al Poder Ejecutivo, en el Capítulo I donde se habla de la Naturaleza y Duración, el Art. 128° expresa que Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador se requiere:
1.- Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado con quince años en el ejercicio efectivo de la ciudadanía.
2.- Haber cumplido treinta años de edad y ocho de residencia previa, real y efectiva en la Provincia, cuando no se hubiere nacido en ella.
Es precisamente en este último punto, en donde el candidato a gobernador del Frente Amplio, no reuniría lo estipulado, debido a que solo tiene 5 años de residencia “previa, real y efectiva”.
Fernando Carbajal, tramitó su cambio de domicilio un nuevo DNI el 5 de setiembre del año 2018 por lo que su residencia efectiva en la provincia de Formosa, sería de aproximadamente 5 años.
Lo hizo con el trámite 563192998 en la delegación capital del Registro Civil de las Personas de Formosa.
De esta manera, el 21 de mayo, cuando se formalice la candidatura del candidato de Juntos por el Cambio en Formosa, también se formalizarán innumerables impugnaciones porque no cumpliría con los requisitos establecidos en la Constitución Provincial.
En referencia a los años anteriores de residencia en la provincia de Formosa (el juez vivió en Corrientes y Chaco fijando domicilio en otra provincia) no se computarían como “previos, reales y efectivos”.
Respecto de las condiciones para haber accedido al cargo de diputado nacional, en este caso solo se necesitan dos años de residencia en la provincia, según considera la Constitución Nacional y solo en ese caso cumpliría con las condiciones establecidas.
La oposición enfrenta una nueva crisis, mucho antes de cumplidos los plazos, en donde no solo estará trabajando para impugnar la candidatura del gobernador, Gildo Insfrán, a un octavo período por inconstitucional sino que estará evaluando las estrategias para evitar la propia impugnación de su candidato a gobernador. En Formosa se aburre el que quiere.
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El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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