El diputado nacional por el radicalismo habría tramitado el cambio de domicilio en el año 2018 por lo que no reuniría uno de los requisitos excluyentes que determina la Constitución Provincial para el cargo.
Locales12/05/2023
leonardo fernández acosta
En la Tercera Parte de la Constitución Provincial de Formosa, inherente al Poder Ejecutivo, en el Capítulo I donde se habla de la Naturaleza y Duración, el Art. 128° expresa que Para ser elegido Gobernador y Vicegobernador se requiere:
1.- Ser argentino, nativo, por opción o naturalizado con quince años en el ejercicio efectivo de la ciudadanía.
2.- Haber cumplido treinta años de edad y ocho de residencia previa, real y efectiva en la Provincia, cuando no se hubiere nacido en ella.
Es precisamente en este último punto, en donde el candidato a gobernador del Frente Amplio, no reuniría lo estipulado, debido a que solo tiene 5 años de residencia “previa, real y efectiva”.
Fernando Carbajal, tramitó su cambio de domicilio un nuevo DNI el 5 de setiembre del año 2018 por lo que su residencia efectiva en la provincia de Formosa, sería de aproximadamente 5 años.
Lo hizo con el trámite 563192998 en la delegación capital del Registro Civil de las Personas de Formosa.
De esta manera, el 21 de mayo, cuando se formalice la candidatura del candidato de Juntos por el Cambio en Formosa, también se formalizarán innumerables impugnaciones porque no cumpliría con los requisitos establecidos en la Constitución Provincial.
En referencia a los años anteriores de residencia en la provincia de Formosa (el juez vivió en Corrientes y Chaco fijando domicilio en otra provincia) no se computarían como “previos, reales y efectivos”.
Respecto de las condiciones para haber accedido al cargo de diputado nacional, en este caso solo se necesitan dos años de residencia en la provincia, según considera la Constitución Nacional y solo en ese caso cumpliría con las condiciones establecidas.
La oposición enfrenta una nueva crisis, mucho antes de cumplidos los plazos, en donde no solo estará trabajando para impugnar la candidatura del gobernador, Gildo Insfrán, a un octavo período por inconstitucional sino que estará evaluando las estrategias para evitar la propia impugnación de su candidato a gobernador. En Formosa se aburre el que quiere.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
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Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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