Las provincias de Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Formosa, Corrientes, Catamarca y La Rioja lideran el ranking de empleo precario.
Locales02/11/2023
leonardo fernández acosta
Como ocurre con la pobreza, el empleo precario afecta sobre todo a las mujeres y a los menores de 35 años en la Argentina, donde aumentan cada vez más los cartoneros, feriantes, recolectores informales de residuos y limpiadores de vidrios, o “trapitos”.
Las provincias de Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Formosa, Corrientes, Catamarca y La Rioja lideran el ranking de empleo precario.
Así surge del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), donde se contabiliza la cantidad de gente que trabaja en su gran mayoría en la informalidad, en condiciones de pobreza y precariedad extrema.
En doce provincias (Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Jujuy, Mendoza, Corrientes, San Juan, San Luis y Santa Cruz), la economía popular contabilizada supera en cantidad a los asalariados registrados del sector público.
En el Renatep ya hay más de 3,6 millones de inscriptos: dos tercios tienen entre 18 y 35 años. Los menores de 35 años en condiciones de trabajar son 2,2 millones.
Del total de los 3.618.606 inscriptos, “sólo el 29,5% se encuentra dentro del Potenciar Trabajo”, dice el Informe.
Son poco más de un millón.
El Renatep comprende a vendedores ambulantes, personas que trabajan en comedores y merenderos comunitarios, fundamentalmente mujeres, feriantes, artesanos, cartoneros, recolectores informales de basura, limpiadores de vidrio de autos y pequeños agricultores.
También abarca a la construcción; a quienes trabajan en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros.
Sólo el 10,5% está inscripto en algunas de las categorías del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y el 9,7% corresponde al Monotributo Social.
En la población del Renatep predominan las mujeres, ya que son 2.106.761 (58,2%).
El 62,9% de los/as trabajadores/as tiene entre los 18 y 35 años de edad. Esto contrasta con el empleo registrado del sector privado del SIPA, donde la proporción en esa franja de edad es del 40,1%.
Si se compara la cantidad de inscriptos al Renatep con los asalariados registrados en el SIPA (Sistema Previsional) en términos geográficos, en 10 provincias hay más inscripciones en el registro de la economía popular.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras crecen los actos de vandalismo, las picadas nocturnas y la ausencia policial, los vecinos hablan de una “zona liberada” en la única ciudad que gobierna la oposición. Todo ocurre en un contexto donde el gildismo ve a Atilio Basualdo como una amenaza real para la sucesión provincial y estaría dispuesto a dejar que Las Lomitas se deteriore antes que permitirle consolidar poder.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Entre sorpresas fingidas y comparaciones forzadas, Zabala volvió a confirmar que en Formosa la Fiscalía de Estado funciona menos como un órgano de control que como una oficina jurídica del patrón de siempre: Gildo Insfrán.
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