El organismo Ecovina había sido creado en 2021 y además de estar integrado por el Estado Nacional, contaba con representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones.
Locales08/08/2024
leonardo fernández acosta
El Gobierno nacional disolvió el Ecovina, un organismo regulador que le daba participación en la gestión de la hidrovía a las provincias ribereñas.
Por medio del decreto 699/2024, el gobierno de Javier Milei disolvió el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (Ecovina) del que participaban todas las provincias ribereñas para gestionar la Hidrovía del Paraguay-Paraná.
Es que además de suprimir el control de las provincias, el decreto declara a la Hidrovía como “servicio publico”. A partir de ello, la administración de Javier Milei planea aumentar el peaje que se cobra en la vía navegable de 3,06 u$s/tonelada neta a un valor final de 4,48 a 4,98 u$s/tonelada, que en caso de implementarse, pasará a ser descontado de los precios de los granos ofrecidos a los productores agropecuarios.
El organismo Ecovina había sido creado en 2021 y además de estar integrado por el Estado Nacional, contaba con representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones. Ahora, sin la presencia de estas jurisdicciones, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables podrá tomar decisiones sin necesidad de reportar a los gobiernos provinciales.
Además, la medida afecta directamente las arcas de las provincias que recibían una parte por los peajes cobrados como Buenos Aires. Ante esta situación, Axel Kicillof cuestionó duramente la resolución del Gobierno nacional y recordó que con el Ecovinca, las provincias ribereñas habían tenido por primera vez “voz y capacidad de decisión en la planificación de la principal vía de ingreso y egreso por donde se moviliza más del 85% del comercio exterior argentino”.
“La planificación de la VNT es clave para la producción y para trabajar en la disminución de las asimetrías productivas y logísticas entre las distintas provincias. Por primera vez, la provincia de Buenos Aires intervino en el debate federal de la Vía Navegable Troncal junto a las demás provincias ribereñas: Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos”, remarcó.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
