El clima en el Poder Judicial es de mucha indignación, puesto que volvieron quedar expuestos los recibos de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, una camarista y una jueza, pariente del primero.
Locales14/11/2024
leonardo fernández acosta
Otra vez se filtraron los recibos de sueldo de varios funcionarios del poder judicial, entre ellos el de Ministro de STJ. Guillermo Alucín que percibe como sueldo neto la cantidad de $4.062.028.
Por su parte su pariente la jueza, Graciela Alucín, percibe un sueldo neto de $2.910.500 y finalmente la Camarista, María Laura Taboada, que se lleva por mes la cantidad de $2.933.633.
Todas estas cantidades netas resultan en sueldo muy superiores a lo que perciben los empleados del Poder Judicial, que se vienen manifestando desde que inició el año.
Pero si a esto le sumamos un aumento del 240% que perciben por planillas complementarias, en realidad las cifras traspasarían la frontera de los $5.000.000.
Es evidente que el gobernador quiere tener a todos los magistrados contentos, en la eventualidad que tengan que fallar en una causa donde el ejecutivo esté involucrado pero la cantidad de $5.000.000 es una burla para el resto de los empleados del Poder Judicial.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
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La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
