El oficialismo analiza convocar a sesión especial para debatir el apartamiento de aquellos diputados y senadores que estén bajo investigación de la Justicia; la iniciativa apunta a varios dirigentes de kirchnerismo.
Nacionales07/12/2024
leonardo fernández acosta
En medio del escándalo por la detención del senador Edgardo Kueider y el mismo día en que el peronismo dio a conocer sus intenciones de formar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para indagar sobre posibles irregularidades y la eventual existencia de coimas o sobornos a legisladores para que votaran a favor de la Ley Bases, el Gobierno hizo trascender que evalúa pedir la destitución de todos los integrantes del Congreso que estén investigados en causas judiciales.
Según señalaron fuentes de la Casa Rosada, el oficialismo se propone “destituir a todos los diputados y senadores que tengan un proceso judicial similar al de Kueider”. La idea sería convocar a una sesión especial la próxima semana para tratar esta iniciativa, incluso, el día podría coincidir con la misma fecha en que Unión por la Patria (UP) propuso para tratar la expulsión del dirigente de Entre Ríos, quien cumple prisión domiciliaria en Paraguay.
En este sentido, en la lista que armaron en la administración de Javier Milei con los integrantes de ambas cámaras que están investigados en distintas causas judiciales, se encuentran los diputados de UP Victoria Tolosa Paz, Rodolfo Tailhade, Máximo Kirchner y Santiago Cafiero. El excanciller y la exministra de Desarrollo Social, justamente, son dos de las personas que firmaron el proyecto de resolución que apunta a apartar de sus funciones a quienes pudieran haber recibido alguna dádiva por acompañar al oficialismo en la aprobación una de sus leyes más renombradas.
En un mensaje alusivo, que dio muestras de que la idea que circula en las altas esferas de la administración de Javier Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo una encuesta en su cuenta de X en la que le preguntó a los usuarios de la red social si están o no “a favor de destituir a todos los diputados y senadores que tengan causas judiciales”. “Fin”, agregó como es habitual en sus publicaciones.
La propuesta del Gobierno aparece como una respuesta a los cuestionamientos que llegaron desde la oposición por el rol de aliado que asumió Kueider en la votación de la Ley Bases, quien fue en contra de sus pares de bloque.
Como contó este medio, la Comisión Investigadora sobre Coimas, Cohechos, Sobornos y Pagos Irregulares propuesta por la principal bancada opositora busca investigar la posible existencia de coimas, sobornos o cualquier otro tipo de pago o promesa de beneficios irregulares alrededor de la votación, y la evaluación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos y otras transacciones para identificar prácticas irregulares.
“Es urgente que el Congreso de la Nación intervenga a través de una Comisión Investigadora para esclarecer si existieron sobornos al torcerse la votación a favor del oficialismo en la Ley Bases y punto de partida para la libertad de los argentinos”, había escrito Cafiero en sus redes sociales.
Unión por la Patria le pidió a Villarruel una sesión especial en el Senado para remover a Kueider
Por su parte, los senadores de Unión por la Patria (UP) solicitaron este viernes una sesión especial a Victoria Villarruel para remover a Kueider de su banca en la Cámara Alta por inhabilidad moral. El pedido es para el 12 de diciembre a las 11. Los miembros de la Cámara alta advirtieron que solicitaban su tratamiento urgente y que “cualquier maniobra dilatoria” será entendida como “complicidad”.
“Los hechos de público conocimiento vinculados con la detención del senador Edgardo Darío Kueider en la República del Paraguay han causado profunda conmoción en la sociedad. Estamos ante un hecho de extrema gravedad institucional que este H. Senado de la Nación no puede ni debe tolerar”, detallaron en el pedido de sesión, firmado por Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Nora Giménez, Eduardo “Wado” de Pedro y Antonio Rodas.
Los gobernadores de Provincias Unidas frenaron el apuro de Milei y le bajaron el precio a su convocatoria: acumulan reproches por el maltrato recibido, no están dispuestos a favorecer a un competidor en plena campaña y sienten que el Círculo Rojo empieza a girar hacia ellos como alternativa de gobernabilidad.
Los gobernadores de la liga se montaron a la victoria del correntino. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Schiaretti (exgobernador de Córdoba) saludaron el triunfo como propio y buscaron darle volumen nacional al armado de Provincias Unidas, la liga que intenta abrirse camino como tercera vía frente a Javier Milei y el kirchnerismo.
Valdés sabe que el antiperonismo no necesita necesariamente a Milei para sobrevivir. Y que la UCR, con sus territorios, todavía tiene capital político para disputar el centro de la escena nacional.
Conscientes de que el tiempo se les agota y las urnas les serán adversas en octubre, el kirchnerismo, acompañado por radicales oportunistas y falsos moderados, lanzó un nuevo golpe institucional: leyes previsionales que buscan romper el equilibrio fiscal y torcerle el brazo a Milei. El Presidente ya anunció el veto.
La impunidad se quedará sin fueros: la Corte Suprema confirmará la condena a Cristina Kirchner por corrupción y allanará el camino a su detención. Se acabaron los discursos, las operaciones y el blindaje político. El final del relato ya no es épico: es judicial.
El presidente asistió a inaugurar las sesiones ordinarias y tuvo un más que frío reencuentro con la vice. Apuntó contra Kicillof -ausente- por la inseguridad. Su cruce con un radical derivó en un protagonismo de Santiago Caputo en el final de la jornada. Recinto despoblado.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
