Los documentos incluyen órdenes de pago, liquidaciones y registros financieros que expondrían un sistema de clientelismo político.
Locales16/12/2024
leonardo fernández acosta
Un análisis exhaustivo de 230 documentos públicos de Formosa, correspondiente al último año, habría revelado irregularidades significativas en el manejo de los fondos estatales bajo la administración de Gildo Insfrán, quien lleva casi tres décadas como gobernador. Los documentos incluyen órdenes de pago, liquidaciones y registros financieros que expondrían un sistema de clientelismo político, enriquecimiento de allegados y control discrecional de los recursos públicos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la transferencia directa de $5.944.000 desde rentas generales de la provincia al CUIT del Partido Justicialista de Formosa, realizada el pasado 7 de octubre. Esta operación, firmada por altos funcionarios del Ministerio de Economía y la Tesorería General de la provincia, destaca por un detalle peculiar: el CBU asociado pertenece a un domicilio en la provincia de Buenos Aires, lo que despierta serios interrogantes sobre el destino y uso de estos fondos.
Este movimiento financiero no es un caso aislado. Documentos adicionales muestran pagos en concepto de “sueldos beneficiario genérico” que involucran partidas millonarias aparentemente destinadas a fines partidarios.
Pagos a entidades privadas y opacidad en los destinos
Otro hecho llamativo es el pago de $2.961 millones a la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial, una organización no estatal cuyo objetivo principal es brindar beneficios y capacitaciones a empleados judiciales. Bajo el concepto de “haberes beneficiario genérico”.
Asimismo, la administración provincial destina regularmente fondos a hoteles de lujo como el Neoformosa SA, conocido por ser el alojamiento más exclusivo de la ciudad y contar con un casino y spa. Los documentos muestran órdenes de pago por montos que exceden las tarifas promedio, sugiriendo gastos adicionales en comidas y eventos. Este establecimiento, propiedad de Alfredo Ferrari, socio vinculado a la familia Yabrán, ha recibido pagos recurrentes que apuntan a un uso discrecional del presupuesto.
Obra pública: favoritismo y vínculos familiares
El manejo de la obra pública en Formosa es uno de los puntos más cuestionados en los documentos analizados. Pilaga Construcciones, una empresa presidida por Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, figura como receptora de múltiples contratos millonarios. En un solo día, el 24 de septiembre, la empresa recibió desembolsos por $52,8 millones. La compañía, cuyo directorio incluye a otros familiares del gobernador, ha sido beneficiada con numerosos proyectos, algunos de los cuales presentan reportes de avance dudosos.
Fuerza Constructora SRL e Ingeniería Siglo XXI, dos empresas que comparten domicilio y muestran conexiones con altos funcionarios provinciales, también destacan en las contrataciones estatales. Ambas han sido adjudicadas con grandes obras, incluyendo un proyecto de construcción de 5.400 viviendas en el barrio Nueva Formosa. Sin embargo, los avances reportados y los costos asociados han generado críticas por presuntas irregularidades.
Pagos a familiares y allegados
Además de las empresas constructoras, los documentos revelan compras regulares a proveedores vinculados a la familia de Insfrán. María Antonia Alabert, madre de Jorge Insfrán (sobrino del gobernador), aparece como beneficiaria de contratos para el suministro de combustibles, mientras que otros familiares reciben pagos por conceptos variados como ropa de trabajo y materiales de construcción. Estas operaciones reflejan un entramado de relaciones personales que parecen influir directamente en las decisiones de contratación del Estado.
Distribución discrecional de fondos
La dependencia de las organizaciones civiles, fundaciones, iglesias y cooperativas de las transferencias estatales es otro elemento recurrente en los documentos. Un ejemplo notable es una orden de pago del 27 de septiembre, por un total de $753 millones, destinada a más de 30 entidades bajo el concepto de “múltiples beneficiarios genérico”. Entre las beneficiarias se encuentran la Asociación Evita, que recibió $1 millón, y la Liga de Madres de Familia, con $47 millones. Fuente: Elintransigente.com
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