Los documentos incluyen órdenes de pago, liquidaciones y registros financieros que expondrían un sistema de clientelismo político.
Locales16/12/2024
leonardo fernández acosta
Un análisis exhaustivo de 230 documentos públicos de Formosa, correspondiente al último año, habría revelado irregularidades significativas en el manejo de los fondos estatales bajo la administración de Gildo Insfrán, quien lleva casi tres décadas como gobernador. Los documentos incluyen órdenes de pago, liquidaciones y registros financieros que expondrían un sistema de clientelismo político, enriquecimiento de allegados y control discrecional de los recursos públicos.
Uno de los aspectos más alarmantes es la transferencia directa de $5.944.000 desde rentas generales de la provincia al CUIT del Partido Justicialista de Formosa, realizada el pasado 7 de octubre. Esta operación, firmada por altos funcionarios del Ministerio de Economía y la Tesorería General de la provincia, destaca por un detalle peculiar: el CBU asociado pertenece a un domicilio en la provincia de Buenos Aires, lo que despierta serios interrogantes sobre el destino y uso de estos fondos.
Este movimiento financiero no es un caso aislado. Documentos adicionales muestran pagos en concepto de “sueldos beneficiario genérico” que involucran partidas millonarias aparentemente destinadas a fines partidarios.
Pagos a entidades privadas y opacidad en los destinos
Otro hecho llamativo es el pago de $2.961 millones a la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Profesionales del Poder Judicial, una organización no estatal cuyo objetivo principal es brindar beneficios y capacitaciones a empleados judiciales. Bajo el concepto de “haberes beneficiario genérico”.
Asimismo, la administración provincial destina regularmente fondos a hoteles de lujo como el Neoformosa SA, conocido por ser el alojamiento más exclusivo de la ciudad y contar con un casino y spa. Los documentos muestran órdenes de pago por montos que exceden las tarifas promedio, sugiriendo gastos adicionales en comidas y eventos. Este establecimiento, propiedad de Alfredo Ferrari, socio vinculado a la familia Yabrán, ha recibido pagos recurrentes que apuntan a un uso discrecional del presupuesto.
Obra pública: favoritismo y vínculos familiares
El manejo de la obra pública en Formosa es uno de los puntos más cuestionados en los documentos analizados. Pilaga Construcciones, una empresa presidida por Héctor Mario Romay, excuñado de Insfrán, figura como receptora de múltiples contratos millonarios. En un solo día, el 24 de septiembre, la empresa recibió desembolsos por $52,8 millones. La compañía, cuyo directorio incluye a otros familiares del gobernador, ha sido beneficiada con numerosos proyectos, algunos de los cuales presentan reportes de avance dudosos.
Fuerza Constructora SRL e Ingeniería Siglo XXI, dos empresas que comparten domicilio y muestran conexiones con altos funcionarios provinciales, también destacan en las contrataciones estatales. Ambas han sido adjudicadas con grandes obras, incluyendo un proyecto de construcción de 5.400 viviendas en el barrio Nueva Formosa. Sin embargo, los avances reportados y los costos asociados han generado críticas por presuntas irregularidades.
Pagos a familiares y allegados
Además de las empresas constructoras, los documentos revelan compras regulares a proveedores vinculados a la familia de Insfrán. María Antonia Alabert, madre de Jorge Insfrán (sobrino del gobernador), aparece como beneficiaria de contratos para el suministro de combustibles, mientras que otros familiares reciben pagos por conceptos variados como ropa de trabajo y materiales de construcción. Estas operaciones reflejan un entramado de relaciones personales que parecen influir directamente en las decisiones de contratación del Estado.
Distribución discrecional de fondos
La dependencia de las organizaciones civiles, fundaciones, iglesias y cooperativas de las transferencias estatales es otro elemento recurrente en los documentos. Un ejemplo notable es una orden de pago del 27 de septiembre, por un total de $753 millones, destinada a más de 30 entidades bajo el concepto de “múltiples beneficiarios genérico”. Entre las beneficiarias se encuentran la Asociación Evita, que recibió $1 millón, y la Liga de Madres de Familia, con $47 millones. Fuente: Elintransigente.com
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
El subjefe policial Rubén Mauri, quien habría sido designado sin carrera ni antecedentes y tras el retiro forzado de comisarios más antiguos, reapareció en la reunión del Norte Grande junto a Insfrán mientras en la provincia crecen el robo de motos, el narcomenudeo y la falta total de estadísticas de seguridad. Su presencia política expone, otra vez, que en Formosa la Policía responde más al poder que a la ciudadanía.
Hay una diferencia abismal entre la protesta legítima y la intimidación mafiosa. Entre el reclamo con argumentos y la imposición por la fuerza. Lo que hemos presenciado en las puertas del Concejo Deliberante con el acoso al concejal Evans es el triste espectáculo de quienes, queriendo aparentar ser actores sociales, no pueden disimular su esencia de patota.
En una de las fronteras más calientes del país, el gildismo impulsa a una magistrada sin trayectoria mientras la diputada Gabriela Neme expone una red estatal que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y manipulado expedientes.
Mientras Formosa intenta justificar un repunte “estacional” en pleno calor y atribuye el brote a falta de vacunas, el ministro correntino Ricardo Cardozo lo desmiente de plano: en su provincia no hay brote, no faltan dosis y el Covid casi no circula. El contraste deja al descubierto que el problema no es epidemiológico, sino narrativo.
Un cadáver pasó inadvertido durante una semana; una acusada de grooming fue detenida en 24 horas. La desigual rapidez del Estado desnuda que el problema nunca fue la capacidad operativa, sino dónde decide aplicarla.
El Gobierno nacional dejó afuera a Formosa de la mesa de negociaciones y lanzó un mensaje directo: solo recibirán fondos y avales los gobernadores que ajustaron sus cuentas. “No es lo mismo lo que hizo Frigerio que lo que pudo haber hecho Gildo”, admiten en la Casa Rosada. La comparación exhibe el lugar que el mileísmo le asigna a la provincia: lejos del reparto y aún más lejos de la consideración política.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
