El caso del juez Arturo Cabral ha dejado en evidencia la degradación de la Justicia en Formosa y su sometimiento absoluto al poder político del PJ. Cabral, con su impresentable candidatura, expuso la complicidad de los jueces del Tribunal Electoral Permanente, Claudio Moreno y Sandra Moreno, quienes en lugar de actuar con imparcialidad, lo defendieron abiertamente, incurriendo en prejuzgamiento. Pero cuando las impugnaciones formales llegaron, se refugiaron en tecnicismos administrativos para no resolver en el plazo legal y evitar su inhabilitación. Finalmente, la Legislatura, bajo el mando de Insfrán, lo "salvó" aceptando su renuncia y garantizándole una salida sin consecuencias.
Locales15/03/2025
leonardo fernández acosta
La innecesaria candidatura de Cabral, juez de Clorinda sin chances reales de triunfo pero funcional a la estrategia como sublema del PJ, dejó al descubierto el obsceno entramado entre la Justicia provincial y el poder político. Los jueces en Formosa no solo son designados a dedo por el PJ, sino que responden ciegamente a la estructura de poder que los sostiene. Basta con observar los nombramientos judiciales: una larga lista de militantes justicialistas que cinco minutos antes de jurar como magistrados hacían proselitismo partidario.
Más grave aún es la violación sistemática de las normas vigentes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe que parientes cercanos compartan un mismo tribunal. Pero en Formosa, las leyes son simples adornos cuando de blindar el esquema de poder se trata. Ejemplo claro de esto es la designación de Sergio Felipe Cañete como juez de Instrucción y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción, a pesar de estar casado con la jueza de Ejecución Penal, Silvia Benítez, y de ser primo hermano del juez de Instrucción y Correccional del Narcocrimen, José Luis Molina. La incompatibilidad es evidente, pero en Formosa las irregularidades no generan escándalo, sino ascensos.
En el caso de Cabral, el escándalo es doblemente grave. No solo se desempeñó como juez en Clorinda bajo el ala del Ejecutivo provincial, sino que fue afiliado al PJ y su labor como magistrado estuvo plagada de decisiones que evidenciaban su militancia encubierta. En lugar de retirarse en silencio, optó por desnudarse políticamente en su máxima expresión: presentándose como candidato del PJ mientras todavía era juez en funciones.
Su licencia extraordinaria antes del pedido de jubilación no fue suficiente para tapar el escándalo. Las denuncias de la oposición trabaron el proceso electoral en Clorinda, pero el PJ reaccionó rápido: la Legislatura aceptó su renuncia en tiempo récord, garantizándole la jubilación y, de paso, blindándolo de una posible denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La maniobra fue burda, pero efectiva. Ya era tarde: el delito estaba consumado, aunque los encargados de juzgarlo sean tan militantes como él. En Formosa, el corporativismo judicial protege a los suyos y la impunidad es la norma.
Los jueces del Tribunal Electoral Permanente Claudio y Sandra Moreno quedaron en ridículo al defender lo indefendible. Tras su prejuzgamiento en favor de Cabral, optaron por excusarse con argumentos administrativos cuando debieron inhabilitarlo. La obediente Legislatura, siempre fiel al gildismo, hizo lo suyo aceptando la renuncia "express". Ahora, los Moreno podrán seguir favoreciendo a su "compañero" Cabral en las elecciones de Clorinda, pero su credibilidad quedó dinamitada.
En un Estado de derecho serio, donde la calidad institucional no fuese una vergüenza, los Moreno habrían sido recusados, sancionados e incluso sometidos a juicio político. Pero en Formosa, para un "compañero" no hay nadie mejor que otro "compañero". Acá, una vez más, no ha pasado nada.
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