El juez deberá resolver sobre el desistimiento y las medidas de protección solicitadas, mientras la familia Mendonca enfrenta una ruptura irreparable. El caso expone no solo los desafíos legales en procesos de curatela, sino también cómo los conflictos patrimoniales pueden eclipsar el bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad
Locales09/05/2025
leonardo fernández acosta
En un dramático escrito presentado ante el Juzgado a cargo del expediente que resuelve sobre la capacidad y la curatela de sus padres, el abogado Humberto Guardia Mendonca (60) —exsubsecretario nacional y postulante a juez federal— anunció su desistimiento de toda participación en el caso, alegando amenazas, extorsión y una campaña de desprestigio impulsada por su hermana, Andrea Guardia Mendonca.
El expediente judicial se inició en 2024 para proteger a Herminia Delia Mendonca Rios, madre de Humberto, quien según su versión de la historia, padecería una grave enfermedad neurológica. Junto a tres de sus hermanas, Humberto solicitó medidas de cuidado, incluyendo enfermería 24 horas, siguiendo indicaciones médicas. Sin embargo, la intervención de Andrea —quien obtuvo poderes notariales sobre los bienes de sus padres— derivó en acusaciones cruzadas, manipulación de los ancianos y un presunto intento de desviar el foco hacia un conflicto por herencias.
En su escrito, Humberto detalla: un traslado irregular de sus padres, vulnerables y en contra de las recomendaciones médicas, que fueron llevados a Resistencia por Andrea, donde firmaron poderes a su favor..
También extorsión por parte de Andrea lo habría amenazado con "operaciones de prensa" para dañar su reputación y su postulación como juez federal, vinculándolo a medios afines a un partido político.
La audiencia judicial y el desenlace
El 28 de marzo de 2025, en una audiencia ante el juez, los cinco hermanos firmaron un acuerdo para implementar el tratamiento médico. Sin embargo, horas después, Andrea lo acusó de "mentiroso" en un altercado en la casa paterna, donde se escondió para escuchar conversaciones privadas. Ese mismo día, presentó una denuncia policial contra Humberto.
Guardia Mendonca, presentó el día de ayer cuando en Formosa investiga se publicaba la otra versión, un pedido para apartarse del trámite del expediente que involucra a sus padres y sus hermanos, en un intento por proteger a su familia, decidió retirarse del expediente: "No puedo poner en riesgo mi prestigio profesional ni la paz de mi esposa e hijas. Este proceso se ha convertido en un campo de batalla por intereses ajenos a la salud de mis padres".
El exfuncionario público, docente universitario y abogado destacó que nunca enfrentó sanciones disciplinarias, salvo dos causas archivadas en 2007 por la fusión Cablevisión-Clarín. Su esposa, María Bourdin, es secretaria de la Corte Suprema de Justicia, y sus hijas tienen perfiles públicos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante un escándalo mediático.
En síntesís la presentación formal en el expediente de trámite en la justicia provincial, solicita el desistimiento formal de toda acción en el expediente y una medida perimetral contra Andrea y su hijo, para evitar acercamientos a su familia.
El juez deberá resolver sobre el desistimiento y las medidas de protección solicitadas, mientras la familia Mendonca enfrenta una ruptura irreparable. El caso expone no solo los desafíos legales en procesos de curatela, sino también cómo los conflictos patrimoniales pueden eclipsar el bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
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La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
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