El juez deberá resolver sobre el desistimiento y las medidas de protección solicitadas, mientras la familia Mendonca enfrenta una ruptura irreparable. El caso expone no solo los desafíos legales en procesos de curatela, sino también cómo los conflictos patrimoniales pueden eclipsar el bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad
Locales09/05/2025
leonardo fernández acosta
En un dramático escrito presentado ante el Juzgado a cargo del expediente que resuelve sobre la capacidad y la curatela de sus padres, el abogado Humberto Guardia Mendonca (60) —exsubsecretario nacional y postulante a juez federal— anunció su desistimiento de toda participación en el caso, alegando amenazas, extorsión y una campaña de desprestigio impulsada por su hermana, Andrea Guardia Mendonca.
El expediente judicial se inició en 2024 para proteger a Herminia Delia Mendonca Rios, madre de Humberto, quien según su versión de la historia, padecería una grave enfermedad neurológica. Junto a tres de sus hermanas, Humberto solicitó medidas de cuidado, incluyendo enfermería 24 horas, siguiendo indicaciones médicas. Sin embargo, la intervención de Andrea —quien obtuvo poderes notariales sobre los bienes de sus padres— derivó en acusaciones cruzadas, manipulación de los ancianos y un presunto intento de desviar el foco hacia un conflicto por herencias.
En su escrito, Humberto detalla: un traslado irregular de sus padres, vulnerables y en contra de las recomendaciones médicas, que fueron llevados a Resistencia por Andrea, donde firmaron poderes a su favor..
También extorsión por parte de Andrea lo habría amenazado con "operaciones de prensa" para dañar su reputación y su postulación como juez federal, vinculándolo a medios afines a un partido político.
La audiencia judicial y el desenlace
El 28 de marzo de 2025, en una audiencia ante el juez, los cinco hermanos firmaron un acuerdo para implementar el tratamiento médico. Sin embargo, horas después, Andrea lo acusó de "mentiroso" en un altercado en la casa paterna, donde se escondió para escuchar conversaciones privadas. Ese mismo día, presentó una denuncia policial contra Humberto.
Guardia Mendonca, presentó el día de ayer cuando en Formosa investiga se publicaba la otra versión, un pedido para apartarse del trámite del expediente que involucra a sus padres y sus hermanos, en un intento por proteger a su familia, decidió retirarse del expediente: "No puedo poner en riesgo mi prestigio profesional ni la paz de mi esposa e hijas. Este proceso se ha convertido en un campo de batalla por intereses ajenos a la salud de mis padres".
El exfuncionario público, docente universitario y abogado destacó que nunca enfrentó sanciones disciplinarias, salvo dos causas archivadas en 2007 por la fusión Cablevisión-Clarín. Su esposa, María Bourdin, es secretaria de la Corte Suprema de Justicia, y sus hijas tienen perfiles públicos, lo que aumenta su vulnerabilidad ante un escándalo mediático.
En síntesís la presentación formal en el expediente de trámite en la justicia provincial, solicita el desistimiento formal de toda acción en el expediente y una medida perimetral contra Andrea y su hijo, para evitar acercamientos a su familia.
El juez deberá resolver sobre el desistimiento y las medidas de protección solicitadas, mientras la familia Mendonca enfrenta una ruptura irreparable. El caso expone no solo los desafíos legales en procesos de curatela, sino también cómo los conflictos patrimoniales pueden eclipsar el bienestar de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
La estadística como cortina de humo: Mientras se promociona una tarifa eléctrica baja como "logro social", se oculta que el 90% de los formoseños necesita subsidios crónicos para pagar un servicio básico. El relato oficial celebra la dependencia como si fuera un triunfo, silenciando tres décadas de estancamiento que condenan a la provincia a la asistencia perpetua. El verdadero costo no está en la factura de la luz, sino en la factura política de un sistema que produce pobres para luego exhibir su pobreza como mérito propio.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sin la Ley de Lemas, sin sobres y sin miedo suficiente, el reino de Insfrán mostró su verdadera desnudez: un poder sostenido por la pobreza y el silencio que empieza a resquebrajarse. La impunidad sigue, pero el mito se rompió.
Con un aumento del gasto público del 37,9% —el más alto del país—, Formosa vuelve a mostrar que su economía depende casi por completo del Estado. Detrás del récord se esconde un modelo político que confunde expansión con progreso y gasto con desarrollo, mientras la pobreza y el atraso estructural siguen intactos.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
