La democracia interna del Partido Justicialista formoseño volvió a brillar por su ausencia. En el Congreso del PJ celebrado en el estadio Centenario, se presentó la lista de candidatos a convencionales constituyentes y diputados provinciales con los mismos nombres de siempre, reciclados en una eterna rosca que huele más a trampa legal que a voluntad popular
Locales24/05/2025
leonardo fernández acosta
El Congreso del Partido Justicialista en Formosa cumplió con el rito que mejor conoce: oficializar una lista de candidatos sin debate, sin renovación y con el mismo patrón verticalista que sostiene al poder desde hace casi tres décadas.
Entre los candidatos a convencionales constituyentes titulares figuran María Graciela de la Rosa, Emanuel Vera Rodrigo, Gisel Insfrán, Adrián Muraciolle, Ángeles Martínez, Fermín Caballero, Ana María del Riccio, Edgar Pérez, Grisela Prati, Vizcaíno Braida, Karina Giménez, Mario Romay, Valeria Méndez, Hugo García, Alicia Benítez, José Olmedo, Noemí Cardozo, Blanca Almirón, Rubén Solalinde, Graciela Acosta, Javier Orrabalis, Griselda Saldarini, Javier Acosta, Fernando Galarza y Silvia González.
Algunos con apellidos de peso (sí, Gisel Insfrán, sobrina del gobernador), otros con múltiples mandatos a cuestas y todos funcionarios del gobierno que los mantiene girando en círculos como piezas de ajedrez de un tablero que maneja una sola mano.
Para la Legislatura provincial, la repetición es todavía más escandalosa. Entre los candidatos a diputados provinciales titulares destacan el eterno Agustín Samaniego, seguido por Azucena Santillán, Rodrigo Vera, Estela Escobar, Rafael Navas, Celeste León, Hugo Arrúa, Claudia Villarruel, Román, Sartori y Sandoval, entre otros. Se estima que al menos nueve de ellos se asegurarán una banca, gracias a la conveniente ley de lemas y el voto capturado bajo asistencialismo estructural.
Como si se tratara de un congreso del partido único en un régimen sin alternancia, todos los puntos del acta fueron aprobados por unanimidad, sin que nadie cuestione el formato “sábana” que diluye responsabilidades y borra rostros tras un partido-marca.
Este modelo no se agota: se recicla. Como si la política fuera un almacén de nombres congelados, el PJ formoseño sigue vendiendo el mismo producto con envase nuevo, esperando que nadie mire la fecha de vencimiento.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
