leonardo fernández acosta
El martes pasado, poco después de las cinco de la madrugada, un episodio tan confuso como inquietante sacudió la calma del pueblo de General Belgrano, en la provincia de Formosa. La protagonista fue nada menos que la jueza de paz local, quien llegó alterada a la comisaría para realizar una denuncia. Según fuentes reservadas, la magistrada se presentó a pedir ayuda o a realizar una denuncia, nada de eso pudo comprobarse.
El caso tomó otra dimensión cuando trascendió que probablemente habría otra persona involucrada quien sería alguien muy cercano al poder político provincial. A partir de ese momento, lo que siguió fue una secuencia de maniobras institucionales que sembraron más sospechas que certezas.
La policía, tras el aviso de la jueza, acudió al domicilio donde ocurrió el hecho. Allí según la versión oficial "No pasó nada". Sin embargo, en vez de ofrecer explicaciones públicas, se montó un férreo operativo que blindó la escena en un radio de 100 metros. Arribaron al lugar autoridades judiciales desde Clorinda y un cuerpo forense del Poder Judicial. Aun así, durante más de 14 horas no hubo comunicación oficial alguna.
Razones humanitarias
Finalmente, cerca de las 19 horas, la policía emitió un comunicado de apenas cuatro párrafos que descartaba la existencia de un delito. Según esa versión, la jueza habría "tenido una indisposición de salud" y el operativo tuvo como único fin preservar su integridad arguyendo ¿Razones humanitarias?...
La explicación oficial, sin embargo, está lejos de convencer a la ciudadanía. Nadie cree esa versión. ¿Puede una persona en pleno aparente brote psicótico acudir por sus propios medios a una comisaría para denunciar un hecho que podría ser grave? ¿Por qué no existe un parte médico que avale esa supuesta alteración mental? ¿Qué motivó la intervención de altos funcionarios judiciales y el cierre total de información durante tantas horas?
La única confirmación oficial posterior fue la licencia médica otorgada a la jueza por el Superior Tribunal de Justicia. Desde entonces, su paradero es desconocido. Algunos testigos aseguran que sus familiares habrían sido vistos en el Hospital de Alta Complejidad, lo que instala otra duda: ¿la magistrada está recibiendo tratamiento psiquiátrico o se está recuperando de lesiones físicas? Ninguna autoridad lo aclara.
Metáfora musical
El otro protagonista que fuera relacionado al hecho, una persona cercana al gobernador, reapareció en público días después en un acto oficial, sin que mediara explicación alguna sobre su estado de salud o su participación en los hechos. La única “respuesta” fue una publicación en redes sociales de un alto funcionario, que ridiculizó los rumores con una metáfora musical. Lo que no se ridiculiza tan fácilmente es la duda persistente sobre qué ocurrió realmente esa madrugada.
Este episodio se produce en plena campaña electoral, donde cada gesto, cada omisión y cada silencio adquieren un peso político particular. La reacción del aparato estatal, cerrar filas, controlar la información y apuntar contra la prensa, no hace más que reforzar el escepticismo. El periodismo fue acusado de propagar versiones infundadas. Pero ¿cómo se puede contrastar o verificar algo que fue sepultado bajo una maniobra institucional de oscuridad absoluta?
Más allá de las declaraciones de la fuerza policial y del poder judicial, nadie puede dar fe de lo que ocurrió realmente. Y eso, en sí mismo, es una señal alarmante del modo en que se administra la verdad en ciertos sectores del poder. El blindaje institucional es tan evidente como el silencio ensordecedor.
¿Responsabilidad ante los micrófonos o miedo?
En Formosa, Gildo Insfrán gobierna con comodidad hace más de un cuarto de siglo, controlando a la prensa con los dos instrumentos más eficaces de la política: la billetera y el látigo. A través de la pauta oficial, ha conseguido domesticar no solo a los medios afines, sino también a buena parte de los que se presentan como “independientes”. El temor a los carpetazos judiciales completa el cerco. Así, muchos periodistas han preferido disfrazar su autocensura bajo el ropaje de la “responsabilidad profesional” o la moderación “frente al micrófono”, cuando en realidad lo único que protegen es la continuidad de los fondos que los mantienen a flote.
En esta coyuntura oscura y hermética, el rol del periodismo cobra una importancia crucial. El sábado pasado fue el Día del Periodista y no alcanza con los saludos protocolares ni con los homenajes de ocasión: se impone una reflexión profunda sobre la responsabilidad real del oficio. Porque mientras el poder cierra puertas y apaga luces, el periodismo debe ser el último bastión de resguardo de la verdad. No por heroísmo, sino por compromiso. Con la verdad, con la justicia y, sobre todo, con el ciudadano común que merece saber qué pasa y por qué se lo quieren ocultar.
