Patotas del hambre: el clientelismo que golpea en nombre del puntero que se esconde y la zona liberada por la policía

Una vez más, la violencia política en Formosa se ensaña con quienes se atreven a desafiar el poder feudal de Gildo Insfrán. Esta vez, la víctima fue la diputada provincial Agostina Villaggi, agredida brutalmente por una militante oficialista que, en lugar de representar una convicción política, encarna la desesperación manipulada por el aparato clientelar.

La agresora, conocida en el barrio paró la agresión cuando le ordenan, “Ya está Ana”. La mujer no es más que una pieza en el engranaje de miseria institucionalizada del modelo formoseño. Fue ella quien tomó del cuello a una representante electa, arrastrándola por el barro del Lote 110, mientras otros festejaban el espectáculo. Pero detrás de cada acto de barbarie hay un guion, un autor intelectual, y muchos beneficiarios del silencio cómplice.

El episodio no es aislado ni espontáneo. Es una postal de lo que ocurre sistemáticamente en las villas urbanizadas del Lote 110 y 111: verdaderos ghettos de marginalidad construidos con fines políticos, no sociales. Allí, donde el barro y las zanjas a cielo abierto son la norma, la bronca acumulada se canaliza en actos de violencia ordenada por punteros de turno: Marcelo Sosa, Blanca Denis, Cacho García, Daniel Taffetani, entre otros que desde hace décadas operan con absoluta impunidad.

¿Quién responde por los actos de esta “militancia” esclavizada con favores judiciales, changas, algunos pesos o una bolsa de mercadería? ¿Quién se hace cargo de usar a los más pobres como carne de cañón para la represión política? Absolutamente nadie.

A “Ana” no la mandó una ideología, la mandaron los cobardes de siempre. Los mismos que se esconden detrás de mujeres para atacar mujeres, creyendo que así encubren su violencia machista disfrazada de lealtad partidaria. Los que envían a mujeres vulnerables a ejercer violencia porque no se atreven a enfrentar a una diputada de manera directa. Todo esto, mientras las instituciones, las fuerzas de seguridad y los medios oficiales miran para otro lado o justifican.

La violencia de género política en Formosa es una herramienta más del aparato del miedo. Y debe ser repudiada con toda la fuerza. No hay modelo ni justicia social que justifique la agresión a una mujer, mucho menos cuando es dirigida desde la comodidad de una oficina climatizada por punteros que viven de la pobreza ajena.

Formosa no es una provincia pobre por casualidad. Es una provincia empobrecida por diseño, y esta agresión es la consecuencia directa de décadas de degradación sistemática del tejido social, de la conversión del Estado en una maquinaria de cooptación y miedo.

Hoy fue Agostina Villaggi. Antes fueron periodistas, docentes, dirigentes sociales, médicos, vecinos. Mañana, ¿quién?
La pregunta no es si la violencia volverá a ocurrir. La pregunta es ¿a quien le tocará más adelante?

Lo ocurrido no fue un hecho aislado, ni un exceso de campaña. Fue la postal miserable de un sistema que lleva décadas organizando la miseria y estructurando la humillación.

A “Ana” no la impulsó una causa, la empujaron los cobardes de siempre: los que no se atreven a mirar a los ojos a una diputada, pero sí a enviar a una mujer vulnerable a tironearla por el barro. Esos que acumulan causas penales, que se jactan de su poder de daño, que operan bajo la protección política de punteros como Marcelo Sosa, y con la pasividad cómplice de una policía que liberó la zona para dejar actuar a la patota.

Nada de esto sería posible sin el silencio institucional, sin la permisividad de la Justicia ni el encubrimiento sistemático de los medios oficiales que seguramente dirá que ".fue la diputada la que agredió a la militante". No fue solo una agresión, fue una advertencia, un mensaje mafioso. Y como toda mafia, no opera sin Estado: en Formosa, el Estado también es parte del delito.