Mientras la mayoría de la población vive en la pobreza y el Estado provincial sobrevive gracias al auxilio nacional, el gobierno de Gildo Insfrán festeja un supuesto superávit fiscal como si se tratara de un logro de gestión. Una postal perfecta del cinismo estructural de un régimen que hace equilibrio entre la miseria y la propaganda.
Locales18/07/2025
leonardo fernández acosta
Formosa, con el 67% de su población sumida en la pobreza y el 84% de sus ingresos dependientes de la coparticipación federal, acaba de anunciar con bombos y platillos un “superávit financiero” del 6,9% en el primer trimestre de 2025. La cifra, que podría hacer sonreír a un burócrata del Ministerio del Interior, oculta bajo su apariencia técnica un nivel de cinismo político que ya es moneda corriente en el relato oficial del gobierno de Gildo Insfrán.
Porque mientras los números se alinean prolijamente en las planillas de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en las calles de Formosa se alinean los ciudadanos ante hospitales desbordados, comedores populares y changas mal pagas. El "milagro fiscal" se sostiene no por la eficiencia en la recaudación, sino por la miseria estructural, los sueldos más bajos del país, el congelamiento del empleo público real, y una Ley de Emergencia Económica que, como si de una dictadura económica se tratara, se prorroga automáticamente desde hace más de dos décadas en una Legislatura devenida en escribanía obediente.
Según los datos oficiales, el 16% de los ingresos formoseños proviene de recursos propios, recaudados por la Dirección General de Rentas. ¿Y el resto? Nación. Es decir: el modelo “autosustentable” de Insfrán depende casi exclusivamente de la chequera nacional, lo cual hace aún más grotesca la afirmación de que Formosa está “entre las jurisdicciones con mayor mejora en la recaudación”. No se puede mejorar lo que nunca se tuvo.
El crecimiento real del gasto del 37,8% tampoco se traduce en mayor calidad de vida. Los aumentos salariales están muy por debajo de la inflación, los hospitales siguen sin insumos y la infraestructura escolar, cuando no se inaugura con carteles de cartón, se cae a pedazos. Lo que sí crece, como siempre, es el gasto en propaganda oficial, la maquinaria clientelar y las cajas negras de un poder feudal.
El relato fiscal del gobierno formoseño es apenas otra expresión de su capacidad para construir fantasías contables sobre el fondo de un drama social perpetuo. En cualquier provincia medianamente institucionalizada, un superávit fiscal sostenido con 2 de cada 3 personas en situación de pobreza sería motivo de escándalo, no de festejo.
Pero en Formosa, donde todo es excepcional salvo la emergencia permanente, el cinismo es política de Estado. Y el superávit, apenas una estadística más que sirve para adornar un relato en el que el hambre es invisible, la dependencia es virtud y la mentira, política pública.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
