Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Locales04/11/2025
leonardo fernández acosta
Un informe reciente de la Fundación Libertad volvió a poner en evidencia el costo político que las legislaturas provinciales imponen al país. En promedio, cada legislador argentino cuesta $1.182 millones por año, casi tres veces más que uno español. Tucumán encabeza el ranking con $2.735 millones por legislador, seguida por la Ciudad de Buenos Aires ($2.661 millones), Chaco ($2.492 millones), Buenos Aires ($2.293 millones) y Santa Fe ($2.138 millones). En el otro extremo, las más “austeras” son Santiago del Estero ($138 millones) y San Luis ($174 millones).
El informe también revela que, en promedio, hay 26 empleados por legislador en el país, con picos escandalosos: Corrientes llega a tener 72 por cada uno, Chaco 70 y Catamarca 54. San Luis, en cambio, apenas dos, Córdoba ocho y Entre Ríos nueve.
El gasto total de las legislaturas provinciales asciende a $1,4 billones, casi tres veces más que lo que destinan las comunidades autónomas de España ($483.486 millones). En Tucumán, los $134.037 millones presupuestados para su Legislatura equivalen al 44% de todos sus gastos de capital; en la Ciudad de Buenos Aires, los $159.694 millones representan el 20% del presupuesto de su Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; en Santa Fe, los $142.138 millones son el 64% de lo destinado a Desarrollo Productivo.
Hasta ahí, las cifras nacionales. Pero lo más elocuente del informe no es lo que muestra, sino lo que deja en evidencia sobre Formosa.
Porque, aunque históricamente la provincia ha evitado publicar sus números, los datos que se filtraron para 2025 son contundentes: Formosa gasta $706.762.629 anuales por cada legislador, lo que eleva el presupuesto total de la Legislatura provincial a $20.202.878.868 por año.
Sí, más de veinte mil millones de pesos para una cámara de diputados que no debate, no controla y aprueba sin leer todo lo que el Poder Ejecutivo le manda. En una provincia donde la salud pública agoniza, las rutas están destruidas y los hospitales sin insumos, semejante cifra no se traduce en representación ni en control, sino en obediencia.
El dato cobra más peso aún si se recuerda que en Formosa la Legislatura no publica sus gastos desagregados, ni sus contrataciones, ni su planta de personal. El porcentaje destinado a sueldos y asesores probablemente supere el promedio nacional del 86% del gasto legislativo en personal.
El resultado es claro: la Legislatura formoseña no es un poder del Estado, sino un departamento administrativo del gobernador. Sus legisladores son empleados de confianza con dietas millonarias y silencios bien pagados.
Mientras otras provincias discuten la reducción del gasto político o la digitalización de sus sesiones, en Formosa se mantiene intacta la estructura de poder más cara e ineficiente del norte argentino. Porque aquí la política no cuesta lo que gasta: cuesta lo que calla.
Si la Fundación Libertad quisiera completar su ranking con justicia, debería agregar una categoría aparte:
Formosa – Costo por legislador: $706.762.629.
Gasto total anual: $20.202.878.868.
Transparencia: cero. Independencia: nula.
En la provincia donde todo se decide desde una sola oficina, el costo de la Legislatura no se mide en pesos, sino en obediencia.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Formosa explicó que la medida apunta a que quienes más usan y desgastan las calles colaboren en su mantenimiento. Aseguró que no afecta a los vecinos capitalinos y que el sistema se ajustará para evitar demoras.
Un video viral mostró a un inspector municipal exigiendo más de 23 mil pesos a un camionero para permitirle el ingreso a la capital formoseña. La maniobra, avalada por una ordenanza del intendente Jorge Jofré, viola los principios constitucionales sobre libre circulación y desató nuevas denuncias por abuso de poder
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
La manipulación estadística no sólo es un delito: es una forma de desprecio hacia el bien común. En vez de mejorar la realidad, se la falsifica. En vez de enfrentar los problemas, se los maquilla. Y en ese acto se desnuda algo más profundo: el poder entiende que es más importante que la gente crea que todo está bien, que hacer que realmente lo esté.
La provincia forma parte del grupo de 19 jurisdicciones donde el gasto educativo en 2024 fue más bajo que en 2014. También redujo su presupuesto entre 2023 y 2024, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes y menor prioridad del área en el gasto total.
En Formosa no hay milagro económico: hay obra pública financiada con fondos que nadie transparenta, contratos directos para empresas amigas y un sistema de cartelización que el gobierno vende como “crecimiento”. El supuesto boom de empleo es apenas la consecuencia de una maquinaria opaca que sostiene al régimen, no a los formoseños.
Entre frases inconexas y una conducta llamativamente alterada, Sosa dejó dudas más propias de un examen clínico que de una sesión del Concejo. Defendió a De Vido, varias veces preso, a Chávez y le faltaba el Che Guevara para completar el desvarío.
