En Formosa, familias enteras denuncian intentos de homicidio y ataques incendiarios por militar fuera del oficialismo. La justicia se mueve lento, la policía mira hacia otro lado y el poder político guarda silencio. La impunidad no es casual: es el verdadero mensaje de un régimen que castiga con fuego a quienes se atreven a pensar distinto.
Locales22/09/2025
leonardo fernández acosta
En Formosa, la violencia política ya no se esconde: se organiza, se ejecuta y se tolera. Lo ocurrido en los barrios Lote 111, ahora Salvador Gurrieri —con ataques incendiarios contra familias que se animaron a pensar diferente— no puede ser relativizado ni minimizado como simples conflictos vecinales. Aquí hablamos de intentos de homicidio, de amenazas explícitas, de patotas con nombres y apellidos que operan bajo la sombra protectora del poder.
Las denuncias fueron radicadas. La policía tomó nota. La justicia dice investigar. Pero, mientras tanto, las víctimas tuvieron que escapar de sus casas en llamas con bebés y niños discapacitados en brazos. La impunidad no se mide en expedientes ni en plazos procesales: se mide en el silencio de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos, en la inacción que deja a los agresores libres para volver a atacar.
No son hechos aislados. Se trata de una escalada que se repite con un mismo patrón: la disidencia castigada, la militancia opositora perseguida, los espacios sociales independientes presionados hasta doblegarse o desaparecer. El clientelismo político en Formosa no se conforma con disciplinar; ahora busca infundir terror. Quien no se alinea, arde. Quien resiste, corre el riesgo de ser señalado y perseguido.
La violencia política en la provincia es el síntoma más brutal de un régimen que lleva más de tres décadas en el poder y que naturalizó la persecución al diferente. Cuando familias enteras deben pedir auxilio porque las quieren quemar vivas por participar de un operativo del PAMI, no hablamos de diferencias partidarias: hablamos de la degradación absoluta de la democracia.
El juez a cargo insiste en que “no hay presiones políticas” sobre la investigación. Tal vez sea cierto en su fuero íntimo. Pero mientras tanto, las víctimas viven con miedo, los agresores siguen libres y el poder político se mantiene en un silencio cómplice. Ese vacío es también impunidad.
Formosa se ha convertido en un laboratorio del miedo. Y la violencia que hoy recae sobre una familia, mañana puede alcanzar a cualquier ciudadano que se atreva a disentir. Por eso, lo que está en juego no es solo la seguridad de unas pocas víctimas, sino el derecho de toda una sociedad a vivir sin temor a ser castigada por pensar distinto.
La democracia no puede tolerar que se apague con fuego lo que debería discutirse con ideas. Y el silencio institucional no es neutralidad: es el combustible que alimenta la hoguera.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
Mientras el Gobierno nacional mantiene suspendido todo financiamiento para obras, el administrador de Vialidad Provincial, Javier Caffa, asegura que en Formosa “la marcha no se detiene”. Pero lo que se presenta como eficiencia fiscal es, en realidad, la utilización discrecional de recursos nacionales disfrazados de “fondos propios”.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
Mientras los bancos celebran la baja de tasas, un empleado formoseño necesitaría quintuplicar su salario para que un banco siquiera considere su solicitud. La "reactivación" es solo para quienes ya están del lado adentro de la verja.
Sandra Moreno, del Tribunal Electoral Permanente, se adelantó a cualquier resolución formal y dictó por los medios lo que el gobierno quería oír: que Atilio Basualdo no puede pedir licencia como intendente para asumir su banca nacional. Pero la ley provincial la desmiente. Y su conducta, al anticipar criterio sobre un caso en trámite, podría configurar una falta ética y funcional grave.
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Con un gasto anual de $706 millones por legislador, la Legislatura formoseña consume más de $20.202 millones al año del presupuesto provincial. Sin control, sin debate y sin transparencia, el cuerpo más obediente del país se convirtió en un símbolo del poder absoluto de Insfrán.
La diputada provincial Gabriela Neme declaró durante cuatro horas en fiscalía tras una denuncia impulsada por la ministra de la Comunidad, Gloria Jiménez, y el procurador Sergio López. Desde la Red Infancia Robada, Neme acusa a funcionarios, psicólogos y jueces de integrar una “asociación ilícita” que habría quitado niños a familias pobres, encubierto abusos y violado derechos básicos. Los nombres y los casos estremecen.
El intento de vender a Gildo Insfrán como “líder nacional” del peronismo es tan absurdo como anacrónico. Mientras el PJ bonaerense se derrumba y el país reclama renovación, un analista de los 70 pretende resucitar a un caudillo provincial cercado por su propio desgaste, su modelo agotado y la sombra cada vez más cercana de una intervención federal.
