En Formosa, el poder ya no gobierna: administra su propio miedo. La decisión del gobierno de Gildo Insfrán de prohibir a las escuelas participar del aniversario de Las Lomitas, solo porque el intendente es opositor, muestra la degradación absoluta de un régimen que perdió toda noción de Estado. En lugar de educar en libertad, se adoctrina en obediencia; en lugar de celebrar una comunidad, se la castiga por pensar distinto. La miseria política se volvió método de control, y la decadencia moral, su marca de identidad.
Locales07/11/2025
leonardo fernández acosta
Una vez más, Formosa da la nota amarga de un modelo político que confunde el Estado con un feudo. En vísperas del 111° aniversario de Las Lomitas, el gobierno de Gildo Insfrán volvió a mostrar su rostro más crudo y autoritario: prohibió que las escuelas participen del desfile y los actos centrales de la ciudad, solo porque el intendente local, Atilio Basualdo, pertenece a la oposición.
Lo que podría haber sido una jornada de orgullo cívico y celebración comunitaria terminó convertida en una postal del miedo y el control. El régimen provincial, a través de sus delegados zonales, bajó una orden tajante: ninguna institución escolar debe participar de un acto que no tenga el sello del gildismo. Una medida ruin, pequeña, que desnuda una lógica de poder incapaz de tolerar cualquier espacio de alegría que no le pertenezca.
Porque lo que aquí se prohíbe no es un desfile: se prohíbe la autonomía, la expresión ciudadana, la posibilidad de que una comunidad celebre sin pedir permiso al caudillo. Lo que se castiga no es una gestión municipal distinta, sino la mera existencia de una mirada diferente.
Un gobierno que lleva casi tres décadas en el poder y que alardea de “unidad provincial” no puede tolerar un acto público que no controle. Prefiere dejar a los chicos sin fiesta antes que permitir que el color y la música de un desfile no sean parte de su maquinaria de propaganda. Es la definición misma del autoritarismo: negarle a la gente la posibilidad de celebrar si no es bajo la mirada del poder.
La miseria política de esta decisión es evidente. Un gobierno seguro de sí mismo no le teme a los festejos populares; uno que se dice popular no necesita reprimir la alegría del pueblo. Esta prohibición no nace de la fortaleza, sino del miedo. Y ese miedo habla más fuerte que cualquier discurso de “gestión y progreso”.
Pero lo más grave es el mensaje que se envía a los niños y adolescentes de Las Lomitas: que la educación y la participación dependen del color político del intendente; que los derechos se conceden o se retiran según la obediencia. Les están enseñando, con el peor ejemplo posible, que la libertad es una concesión del poder y no un valor ciudadano.
Mientras el relato oficial habla de comunidad, integración y derechos, la Formosa real —la que vive fuera de los actos protocolares— sigue siendo un territorio donde la obediencia pesa más que la justicia, y el silencio, más que la alegría.
El concejal, Pablo Basualdo lo resumió con crudeza: “En Formosa, hasta los desfiles parecen peligrosos si no están bajo control político del gildismo.” Triste y cierto. Porque cuando un gobierno necesita prohibir un acto cívico para reafirmar su autoridad, ya no gobierna: apenas administra su propio miedo.
La historia no recordará los nombres de los burócratas que firmaron la orden. Pero sí recordará el gesto: el de un poder que, incapaz de soportar la libertad, prefirió apagar la fiesta de un pueblo. En Formosa, el desfile prohibido quedará como símbolo de una decadencia moral que ni la propaganda puede disimular.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
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El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
