leonardo fernández acosta
La reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia respecto del rechazo in límine a la acción de amparo presentada contra los incrementos en la factura energética pone el foco no en la validez del reclamo tarifario, sino en quiénes tienen la potestad legal para hablar en nombre del pueblo formoseño. no es solo un revés procesal. Es un diagnóstico explícito, una sentencia social que desnuda la profunda crisis de representatividad que carcome a Formosa.
El fallo, con citas textuales demoledoras, no discute el sufrimiento popular por los aumentos, sino quiénes tienen la autoridad para hablar en su nombre. Y la respuesta del tribunal es un desgarro: ni el Defensor del Pueblo, ni la cámara empresarial, representan a los formoseños en este reclamo.
El primer foco de esta farsa es el Defensor del Pueblo provincial, Leonardo Gialluca. La Cámara Federal, citando jurisprudencia de la Corte Suprema, lo relegó a su aldea con un argumento contundente: «la competencia de los defensores provinciales se limita a su jurisdicción local, sin facultad para impugnar actos de autoridades nacionales».
Su protagonismo mediático se estrella contra el muro de la ley. Es una crítica judicial directa a una figura que, en este caso, actuó con un protagonismo excesivo e ineficaz, generando expectativas que legalmente no podía cumplir.
Sin embargo, el párrafo más lapidario y revelador del fallo está dedicado a la Federación Económica de Formosa (FEF) y su presidente, el contador Enrique Zanín. El tribunal fue implacable y su cita no admite interpretaciones benévolas. Al analizar el rol de la FEF, sentenció: su objetivo primordial es la «representación gremial ante autoridades, no la tutela judicial de este tipo de pretensiones». La ausencia de un mandato estatutario específico para defender derechos energéticos colectivos fue letal.
Pero esta falta de legitimación jurídica es solo el reflejo de una falta de representatividad moral mucho más profunda. Zanín no es un simple dirigente gremial; sería uno de los proveedores más beneficiados del Estado en rubros inimaginables.
En una economía devastada por un estatismo asfixiante que determina quién prospera y quién no, la FEF, bajo su conducción, difícilmente puede representar al conjunto del sector productivo real. Sería imposible que cuestionara las políticas que ahogan a las Pymes si su máxima autoridad es beneficiario de ese mismo sistema ¿Cómo va a cuestionar las políticas que ahogan a las pymes si su máxima autoridad es beneficiario directo de ese mismo sistema? La FEF representa, en los hechos, los intereses de la cúpula que negocia con el poder. A Zanín, «pintado al óleo» como líder empresarial, poco le importan los dramas del circuito económico real, porque su negocio está en otro registro.
La Cámara Federal, al rechazar su legitimación, hizo más que aplicar la ley. Al exigir, como recordó, «una correspondencia técnica y legal milimétrica entre la misión de la entidad y el objeto del juicio», puso un espejo frente a la estructura de poder formoseña. El fallo advirtió, con visión de estadista judicial, sobre el peligro de sentar un precedente de «legitimación colectiva ilimitada», donde cualquier actor sin verdadero arraigo en el problema pueda erigirse en vocero.
El mensaje final es claro y está citado en el expediente: en Formosa, las instituciones diseñadas para representar —el Defensor, la cámara empresarial oficial, están «sin los requisitos necesarios para representar al colectivo afectado». El pueblo, ante los abusos, se queda sin voz autorizada. Y esa es la representatividad más trágica de todas: la de una clase dirigente que, según la justicia federal, no puede o no quiere pasar el estricto examen de la legitimidad. La cita judicial no es un tecnicismo; es la certificación de un vacío.
