Insfrán denuncia precarización en la Nación e impone en la Provincia más horas para docentes por el mismo sueldo

En cada discurso, Gildo Insfrán se presenta como un férreo opositor a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La crítica es conocida: según el gobernador, el proyecto nacional habilitaría jornadas más extensas en el sector privado y pondría en riesgo derechos de los trabajadores. El argumento es potente, emotivo, ideológico. La defensa del trabajador como bandera.

Pero en Formosa, puertas adentro, el propio Estado provincial acaba de hacer algo que suena incómodamente parecido a aquello que denuncia. A través de la Nota Múltiple N° 002/2026, se dispuso que los Maestros de Capacitación Laboral y Formación Laboral deberán cumplir dos horas más de trabajo semanal. Sin aumento salarial. Y con una advertencia clara: si no se cumplen, se descontarán esas horas.

No es una medida general del sistema educativo. No alcanza a todos los docentes. Está dirigida específicamente a quienes fueron designados bajo la modalidad horaria prevista en el Decreto Provincial N° 214/83. Es decir, docentes que ingresaron al sistema con una carga determinada por una norma formal, vigente desde hace décadas.

La modalidad horaria no fue un detalle accesorio. Fue parte constitutiva del cargo. Sobre esa base organizaron su vida laboral y familiar. Muchos distribuyen horas en más de una institución para completar ingresos. Otros compatibilizan su tarea con actividades técnicas o profesionales. La mayoría presentó declaraciones juradas con horarios consolidados hace años. La estructura estaba ordenada, estable, aceptada por el propio Estado declaraciones juradas mediante, todos los años.

La ampliación impuesta no es neutra. Genera superposición de horarios, obliga a reacomodar cargos, pone en riesgo otras horas, altera talleres ya planificados y, en no pocos casos, resulta directamente impracticable sin resignar otra fuente de ingreso. Todo esto sin un solo peso adicional.

Aquí aparece la contradicción política. Cuando Insfrán cuestiona a Milei, sostiene que la reforma laboral nacional afectaría al trabajador permitiendo extender jornadas. Pero incluso en el debate nacional, la discusión gira en torno a esquemas que implican mayor remuneración ante mayor prestación. En Formosa, en cambio, se amplía la carga por el mismo salario. El valor hora baja. El esfuerzo aumenta. Y el descuento aparece como amenaza.

El problema no es solo político. Es jurídico.

El Decreto Provincial N° 214/83 estableció la modalidad horaria de estos docentes. En el orden administrativo, una nota múltiple no tiene jerarquía suficiente para modificar un decreto. El principio de supremacía normativa, base del derecho público argentino y reconocido en el artículo 31 de la Constitución Nacional, impide que una norma inferior altere lo dispuesto por una superior.

Además, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza condiciones dignas y equitativas de labor y retribución justa. Alterar unilateralmente la carga horaria sin recomposición salarial tensiona directamente ese principio. El Estado empleador no puede modificar condiciones esenciales del vínculo sin el instrumento normativo adecuado ni sin respetar la proporcionalidad entre trabajo y salario.

Si se concretan descuentos por negarse a cumplir la ampliación, el conflicto dejará de ser político para transformarse en judicial. Podrían plantearse acciones de amparo por arbitrariedad manifiesta, pedidos de medidas cautelares para suspender la aplicación, nulidades del acto administrativo por violación de jerarquía normativa e incluso reclamos por diferencias salariales si la ampliación se consolida sin pago adicional. El escenario de litigiosidad no es una hipótesis exagerada: es una consecuencia jurídica previsible.

Pero más allá de los tribunales, hay un problema de coherencia pública. No se puede denunciar precarización laboral en el ámbito privado mientras se impone mayor carga horaria sin mejora salarial en el ámbito estatal. No se puede hablar de defensa de derechos laborales y al mismo tiempo utilizar una circular administrativa para alterar condiciones fijadas por decreto.

No son solo dos horas. Es el mensaje que subyace: las condiciones pueden cambiarse sin negociación, sin norma equivalente, sin compensación, y bajo amenaza de descuento. Es la estabilidad del régimen laboral lo que queda en entredicho.

Si el Ejecutivo provincial considera que el sistema debe reorganizarse, tiene herramientas legales para hacerlo. Puede dictar un nuevo decreto, fundarlo, adecuar presupuesto, garantizar que nadie pierda poder adquisitivo. Lo que no puede hacer, sin generar conflicto institucional, es avanzar por la vía más débil y trasladar el costo a quienes ya trabajan con salarios deteriorados.

Mientras el discurso oficial combate una supuesta flexibilización laboral en la Nación, en Formosa se ensaya una versión doméstica y silenciosa. Sin debate público. Sin aumento salarial. Con descuento en la mano. La contradicción no necesita interpretación. Se explica sola.