leonardo fernández acostaLa escena volvió a repetirse en la Legislatura provincial: diputados oficialistas levantando la mano en bloque, discursos indignados contra el estado de las rutas nacionales y una resolución cuidadosamente diseñada para que toda la culpa recaiga sobre el gobierno de Javier Milei. Una coreografía política conocida. Un libreto gastado. Una puesta en escena destinada más al impacto mediático que a la búsqueda real de soluciones.
Porque si algo quedó claro una vez más es que la Cámara de Diputados de Formosa dejó hace mucho tiempo de funcionar como un poder independiente. Hoy opera como una extensión administrativa del Ejecutivo provincial. Una escribanía política que aprueba lo que le mandan y calla lo que no conviene mencionar.
Claro que las rutas nacionales están destruidas. Claro que existe abandono y desinversión. Nadie puede negar el deterioro vial que atraviesa gran parte del país. Pero el problema empieza cuando el relato oficial decide mostrar solamente una mitad de la fotografía y esconder deliberadamente la otra.
Porque mientras los diputados del gildismo descubren los pozos de las rutas nacionales, guardan un silencio absoluto sobre el estado calamitoso de las rutas provinciales. Caminos de tierra intransitables cuando llueve. Localidades aisladas. Docentes que todavía deben cruzar zonas rurales en tractores, carros o embarcaciones improvisadas para llegar a las escuelas. Décadas de abandono provincial convertidas en paisaje natural.
De eso no se habla.
Y no se habla porque el responsable directo de la infraestructura provincial tiene nombre y apellido: Gildo Insfrán. El mismo gobernador que lleva más de treinta años en el poder. El mismo que convivió políticamente con todos los gobiernos nacionales: con el kirchnerismo, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández y ahora con Milei. El mismo que recibió durante años miles de millones de pesos en fondos nacionales para obras públicas e infraestructura vial.
Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué hicieron con esa plata?
El ejemplo más obsceno es la Autovía de la Ruta Nacional 11. Anunciada en 2003. Hace más de dos décadas. Veintitrés años después, la obra continúa inconclusa. Pasaron gobiernos, ministros, presupuestos y discursos grandilocuentes. Pasaron doce años de kirchnerismo con recursos extraordinarios para la obra pública. Pasaron cuatro años más de Alberto Fernández. Y la autovía jamás se terminó.
¿Dónde quedó el dinero? Esa es la pregunta que nunca aparece en las sesiones de la Legislatura.
Porque el problema del oficialismo formoseño no es solamente la hipocresía política. El problema es la memoria selectiva. Durante años callaron frente al deterioro vial mientras gobernaban aliados políticos en la Nación. Las rutas ya estaban destruidas durante la gestión de Alberto Fernández, pero entonces no había resoluciones indignadas ni discursos dramáticos en la Cámara.
Ahora sí.
Ahora descubrieron los baches.
Ahora hablan de seguridad vial.
Ahora aparecen funcionarios reciclados intentando explicar tragedias que son consecuencia de décadas de atraso estructural.
La realidad es mucho más incómoda para el relato oficial: Formosa no tiene un problema reciente de infraestructura. Tiene un fracaso histórico de administración pública. Y ese fracaso tiene responsables concretos.
Mientras tanto, la Legislatura continúa funcionando como una máquina automática de obediencia política. No hay pedidos serios de informes. No existen auditorías profundas sobre obras inconclusas. Nunca aparecen comisiones investigadoras sobre el destino de los fondos públicos. Jamás hay autocrítica.
El control desapareció hace años.
Por eso resulta hasta grotesco escuchar discursos institucionales sobre transparencia o infraestructura pronunciados por quienes integran el mismo sistema político que convirtió a Formosa en una provincia donde las obras se anuncian varias veces, se pagan varias veces y muchas veces nunca se terminan.
Y en medio de esa decadencia institucional, el debate legislativo se reduce a operaciones políticas de coyuntura. Todo sirve para construir un enemigo externo. Todo sirve para responsabilizar exclusivamente a Buenos Aires. Todo sirve menos revisar el propio desastre provincial acumulado durante tres décadas.
Porque el verdadero pozo de Formosa no está solamente en las rutas.
El verdadero pozo es institucional.
Es una Legislatura que renunció a controlar al poder para convertirse en un apéndice del gobernador. Es un sistema político donde los diputados oficialistas funcionan más como secretarios privados del Ejecutivo que como representantes del pueblo. Es una estructura que perdió completamente la capacidad de discutir seriamente los problemas de los formoseños.
Y mientras hacen circo político con resoluciones declamativas, la realidad sigue ahí: rutas destruidas, obras inconclusas, fondos públicos sin explicación y una provincia atrapada hace treinta años en el mismo modelo de poder.
