Paro y reclamo salarial en la justicia de Formosa: los empleados denuncian una brecha cada vez mayor con los magistrados

El malestar salarial dentro del Poder Judicial de Formosa volvió a las calles. Este miércoles, la Asociación Judicial Formosa (AJUFSA) realizó un paro parcial y movilizó a sus afiliados desde Tribunales hasta la sede del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en una nueva demostración de que la disputa con las autoridades judiciales continúa sin encontrar una salida.

La protesta, que comenzó a las 10 con mantenimiento de guardias mínimas, reunió a trabajadores de distintas dependencias de la capital y del interior provincial. La conducción gremial calificó de importante la participación y adelantó que insistirá con sus reclamos ante un tribunal al que responsabiliza por la falta de respuestas concretas.

El conflicto tiene varios frentes abiertos, pero todos conducen a una misma discusión: los salarios, los criterios utilizados para distribuir los aumentos y la capacidad de los empleados para hacer valer sus demandas frente a la conducción del organismo.

AJUFSA sostiene que existen diferencias remunerativas que todavía no fueron reconocidas a los trabajadores, al tiempo que denuncia incrementos que habrían beneficiado especialmente a magistrados y funcionarios. La organización sindical habla de una distribución desigual de los recursos y reclama explicaciones sobre decisiones que repercuten directamente en los ingresos del personal.

Una brecha salarial que el gremio exige explicar

El cuestionamiento más fuerte apunta a los aumentos que, de acuerdo con las denuncias sindicales, no habrían alcanzado de manera equivalente a los distintos escalafones de empleados judiciales.

En anteriores manifestaciones, representantes de AJUFSA denunciaron que las remuneraciones de los ministros del Superior Tribunal superarían los 25 millones de pesos mensuales, mientras que un auxiliar judicial percibiría alrededor de 1,4 millones. Son cifras difundidas por el sindicato que deben contrastarse con las liquidaciones oficiales, pero que ponen de manifiesto la enorme distancia que la organización afirma que existe dentro de la estructura salarial.

El gremio califica algunos de los incrementos cuestionados como encubiertos y desproporcionados. Su planteo no se limita a reclamar una mejora general: exige conocer qué conceptos fueron modificados, quiénes recibieron esos beneficios y por qué no se habría aplicado una recomposición equivalente a los trabajadores de los tres escalafones.

La discusión tiene una dimensión institucional que excede las diferencias entre empleadores y empleados. El Poder Judicial administra recursos públicos y, por lo tanto, las decisiones que modifican las remuneraciones de sus integrantes deben poder explicarse mediante información verificable.

Si las autoridades consideran que los aumentos aplicados responden a criterios técnicos, presupuestarios o administrativos, tienen la posibilidad de exhibirlos y fundamentarlos. El silencio o la ausencia de explicaciones suficientes, en cambio, deja espacio para que las sospechas sindicales se conviertan en un problema de credibilidad.

Agosto y septiembre, en el centro de la disputa

A la controversia por los incrementos se suma el reclamo por diferencias en la liquidación del Complemento Asistencial correspondiente a agosto y septiembre.

Según AJUFSA, los importes percibidos no reflejarían la totalidad de la recomposición que correspondía a los trabajadores. La organización mantuvo conversaciones con integrantes del Servicio Financiero del Poder Judicial, que explicaron los criterios empleados para calcular los últimos aumentos.

Esas explicaciones no conformaron al sindicato. Ante la falta de un acuerdo, la conducción resolvió avanzar con la judicialización del reclamo.

El escenario expone una situación incómoda para la propia institución: empleados del Poder Judicial recurren a herramientas judiciales para discutir diferencias salariales con las autoridades del organismo del que dependen laboralmente.

La controversia deberá resolverse sobre la base de las normas aplicables, las liquidaciones y los antecedentes administrativos. Mientras tanto, la falta de una solución mantiene vigente el conflicto y alimenta la decisión gremial de continuar con las medidas de fuerza.

El costo de protestar también entra en discusión

La disputa se agravó por los descuentos aplicados a quienes participan de las huelgas. El Superior Tribunal sostiene que las deducciones correspondientes a las horas no trabajadas no constituyen sanciones disciplinarias, sino una consecuencia de la interrupción de tareas.

Esa posición quedó expresada en la Resolución 496/26, mediante la cual el STJ rechazó un pedido de reconsideración presentado por AJUFSA.

Desde el sindicato objetan el efecto que esa decisión tiene sobre el ejercicio del derecho de huelga. La secretaria general, Fátima Gutiérrez, reconoció que los descuentos influyen en la decisión de muchos empleados, que deben calcular cuánto dinero perderán por adherir a una protesta.

En un contexto de reclamos por ingresos insuficientes, la reducción de los haberes puede convertirse en un factor que desaliente la participación. La conducción sindical afirmó que respeta las decisiones individuales, aunque destacó la presencia de trabajadores que igualmente se sumaron a la movilización.

El desacuerdo, por lo tanto, no se agota en la interpretación administrativa de los descuentos. También enfrenta dos posiciones sobre las consecuencias económicas de la huelga y las condiciones en las que los empleados pueden ejercer sus derechos gremiales.

Otra mesa de negociación, más combustible para el conflicto

La relación entre AJUFSA y el STJ sumó otro punto de fricción después de que el máximo tribunal provincial dispusiera la conformación de una mesa de trabajo con otra organización sindical para analizar una propuesta de mejora sobre uno de los conceptos que integran los salarios judiciales.

AJUFSA rechazó tanto el mecanismo de incremento planteado como la participación de ese sindicato en la instancia de negociación. Gutiérrez cuestionó que se avance por esa vía mientras las demandas de su organización siguen sin una respuesta satisfactoria y anticipó una presentación formal contra la resolución.

La controversia abre dos discusiones diferentes: cuál es el mecanismo más adecuado para modificar los componentes salariales y qué alcance tiene la representación de cada organización sindical dentro del Poder Judicial.

Sin embargo, el rechazo de AJUFSA no alcanza por sí mismo para determinar que la intervención del otro gremio sea irregular. Esa cuestión depende de las personerías correspondientes, las facultades de representación y las normas que regulan la negociación.

Lo que sí resulta evidente es que la apertura de una mesa de trabajo no consiguió descomprimir el escenario. Por el contrario, añadió un nuevo motivo de confrontación a una disputa que ya incluye diferencias salariales, descuentos por huelga y cuestionamientos a la política remunerativa de las autoridades.

Transparencia para una institución que administra fondos públicos

El conflicto coloca al Superior Tribunal ante la necesidad de explicar con claridad cómo se componen los salarios judiciales y qué criterios se aplican para distribuir los incrementos.

No se trata de desconocer las particularidades de la función judicial ni de discutir la remuneración de magistrados por fuera de las reglas vigentes. Se trata de establecer si las decisiones adoptadas tienen fundamentos objetivos, si fueron correctamente instrumentadas y por qué las diferencias reclamadas por los empleados continúan pendientes.

La independencia judicial es una garantía institucional indispensable, pero no puede confundirse con la ausencia de controles, explicaciones o rendición de cuentas sobre la administración de recursos públicos.

Las autoridades tienen a su alcance una respuesta concreta: publicar los fundamentos de los incrementos, precisar el alcance de los conceptos salariales cuestionados y dar a conocer el estado de las liquidaciones reclamadas por el personal.

Una explicación documentada permitiría distinguir entre una diferencia de interpretación, un error de liquidación y una eventual desigualdad en la distribución de los aumentos. Sin esa información, el conflicto queda atrapado entre las denuncias sindicales y las decisiones de una conducción que todavía no logró cerrar la disputa.

El viernes habrá una nueva asamblea

AJUFSA convocó para este viernes 30 de octubre una asamblea con radio abierta frente al Tribunal de Familia, sobre la calle Saavedra. Allí, los trabajadores evaluarán los próximos pasos y definirán cómo continuará el plan de lucha durante noviembre.

La conducción gremial adelantó que mantendrá sus reclamos por las diferencias salariales y por una distribución de los incrementos que considere equitativa. También ratificó su disposición al diálogo, aunque sostiene que hasta ahora no obtuvo respuestas concretas a sus principales planteos.

La nueva convocatoria será una instancia para medir el nivel de respaldo a la protesta y decidir si el conflicto escala con nuevas medidas de fuerza.

Por ahora, la disputa sigue abierta. Los trabajadores reclaman diferencias de agosto y septiembre, cuestionan los aumentos que atribuyen a magistrados y funcionarios y deben evaluar el impacto de los descuentos antes de adherir a los paros. Del otro lado, el Superior Tribunal mantiene su posición sobre las horas no trabajadas y abrió una negociación con otra organización sindical.

El problema ya no pasa solamente por cuánto cobra cada sector, sino también por la transparencia de las decisiones, la representación de los trabajadores y la capacidad de las autoridades para ofrecer una respuesta verificable.

La Justicia formoseña no puede exigir transparencia hacia afuera y conformarse con explicaciones insuficientes hacia adentro. Si el Superior Tribunal considera que su política salarial es razonable, debe demostrarlo con números, resoluciones y criterios públicos. Y si existen diferencias que corresponden a los empleados, debe resolverlas sin prolongar indefinidamente una disputa que deteriora el clima laboral y compromete el funcionamiento cotidiano de los tribunales.