La organización pudo funcionar gracias a la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos, y de empresarios que, durante años les pagaron “retornos” de los fondos que les eran entregados, en conceptos de contratos de obras, servicios y subsidios.
Locales07/10/2021
leonardo fernández acosta
Cerca de las 10 de la mañana de este jueves en el salón de actos del sexto piso, el gobernador, Gildo Insfrán, encabezó la apertura de sobres de la licitación pública de obras para la Autovía en la Ruta Nacional N°11, duplicación de calzada, obras básicas, puentes sobre el riacho Formosa y pavimentación, el tramo de la rotonda de la Virgen del Carmen y la intersección de la Ruta Nacional N°81 de la ciudad de Formosa.
El llamado a licitación fue realizado a fines de septiembre y luego del discurso del titular de Vialidad Provincial, Ingeniero, Fernando De Vido, el propio gobernador con una tijera, procedió a "desempaquetar" las carpetas de la empresa que habían participado en la licitación pública.
En principio el escribano mayor de gobierno, Héctor Gallardo, solo hojeó algunas páginas de la carpeta pero a instancias del intendente, Ingeniero, Jorge Jofré, leyó en los micrófonos la empresa número uno de las que estaban en el paquete. Se trataba de la empresa Lo Bruno S.A. Inmediatamente se pasó a un cuarto intermedio para que se retiren las autoridades y realizar la evaluación de las ofertas.
Para periodismoprofesional.com.ar no pasó desapercibido el nombre de la primera empresa en la lista ya que la empresa Lo Bruno S.A. de la provincia de Santiago del Estero, fue una de las pocas procesadas y embargadas por nada menos que 1.100 millones de pesos por la causa de la cartelización de la obra pública en donde también estaba procesada y denunciada la actual vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Ricardo Salvador Lo Bruno Suárez (Lo Bruno Estructuras S.A.) fue procesado y embargado por orden al delito de cohecho activo, reiterado en diecisiete (17) hechos, quince de ellos en calidad de autor, y los dos restantes, en calidad de coautor.
En su momento, el juez federal, Claudio Bonadío, explicó que esta asociación ilícita organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles y las empresas que resultaban beneficiadas con aquélla asignación, como contrapartida, debían pagar un retorno. El monto que habría sido abonado la empresa Lo Bruno Estructuras S.A. en razón de las obras por las cuales se decretó el procesamiento ascendía a la suma de $26.794.510,061 en supuestas "coimas".
La organización pudo funcionar gracias a la participación de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos, y de empresarios que, durante años les pagaron “retornos” de los fondos que les eran entregados, en conceptos de contratos de obras, servicios y subsidios.
Hoy por la mañana ante los micrófonos del sexto piso de la casa de gobierno, aparecieron de nuevo, las empresas de la obra pública "cartelizada", denunciadas, procesadas y embargadas del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner pero ahora, en las licitaciones del gobierno de Gildo Insfrán. La pregunta que surge es: ¿seguirán pagando coimas para ganar licitaciones?.
La jueza electoral Sandra Moreno convirtió una simple proclamación de cargos en un dictamen político sobre la sucesión en Las Lomitas: citó leyes fuera de su competencia, anticipó decisiones que sólo corresponden al municipio y terminó instalando como “inevitable” un escenario que favorece a la familia Basualdo.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
El caso Xiomara dio un giro oscuro: la familia, que marchaba y reclamaba, ahora guarda un silencio abrupto y absoluto. Un silencio que no parece voluntario, sino impuesto por un poder que prefiere que nadie pregunte Un sistema diseñado para no incomodar a los dueños del modelo.
La Policía de Formosa no solo expulsó a los empujones a un joven disfrazado de león: ahora intenta convertir una caída actuada en una supuesta agresión. El insólito intento de imputarlo revela una maquinaria estatal dispuesta a validar un relato inventado para justificar otra supuesta causa armada.
Mientras la Policía exhibe protocolos y los jueces guardan silencio, la causa por la muerte de Xiomara Portillo avanza sin respuestas y con decisiones inexplicables: secuestro de los celulares de la familia, detenciones sin fundamentos públicos y un manejo hermético que huele más a encubrimiento que a investigación.
Con la asunción de la nueva minoría opositora, La Libertad Avanza recoge el legado de confrontación sin concesiones que dejó Gabriela Neme, asumiendo el desafío de sostener esa línea dura frente a un modelo que hace tres décadas somete la vida pública formoseña bajo el mando de Insfrán.
De pedir acompañamiento para exigir justicia a alinearse con el discurso oficial: la hermana de Xiomara cambió de versión con una velocidad que la causa todavía no logra igualar. El abrupto cambio de postura de la hermana de Xiomara —que primero pidió ayuda y luego denunció marchas— revela el peso de las presiones y las contradicciones que atraviesan una investigación marcada por lo silencios.
El fallecimiento de Marcos Godoy, un joven de Villafañe que murió en circunstancias aún no esclarecidas, quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº4 de Marcelo Picabea, el mismo que tramita la causa por el femicidio de Xiomara Portillo. Pese a las pruebas, los testimonios y los vínculos políticos señalados por la familia, el expediente no avanza porque se trataría de un sobrino del dirigente sindical, Hilario Martínez.
